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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, por jesús arlabán mateos - Lunes, 19 de Octubre de 2009 - Actualizado a las 07:44h.
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A finales del pasado año, el Gobierno de España aprobó el Plan E con el objetivo principal de recuperación del empleo dada la destrucción que ya se había producido, alcanzándose por entonces una tasa de paro superior al 17%, que ha seguido aumentando a lo largo de 2009.
Uno de los pilares básicos del Plan E lo constituye el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), que muchos ciudadanos identifican con aquel, tomando la parte por el todo dada la profusión de obras ( y de rótulos) que han surgido en pueblos y ciudades a lo largo y ancho de nuestra geografía.
Dicho fondo, dotado con 8.000 millones de euros, está destinado a financiar obras promovidas por las entidades locales, dentro de un amplio catálogo de infraestructuras de su competencia. El propósito era, y es, muy loable, considerando, como todo el mundo sabe, que uno de los sectores más castigados por la crisis es el de la construcción, que viene soportando una severa destrucción de empleo. El propio FEIL establecía una previsión inicial de creación de 278.000 puestos de trabajo directos. Las obras debían realizarse dentro del año 2009.
El Gobierno, y en particular el Ministerio de Administración Territorial, han informado ampliamente del desarrollo del Plan, haciendo hincapié en los empleos creados. Así, en la última información disponible, se anuncia que se han generado más de 420.000 puestos de trabajo, repartidos en cerca de 31.000 obras promovidas por más de 8.000 ayuntamientos del país.
Sin embargo, el Plan ha recibido no pocas críticas, que me atrevo a agrupar en tres grandes bloques. Por una parte, las molestias producidas por las numerosas obras en los cascos urbanos que afectan a las actividades normales de la población. En segundo lugar, se afirma que muchas de las obras acogidas al Plan son innecesarias o, cuando menos, no prioritarias. Por último, la precariedad de los empleos creados (o cuya destrucción se ha evitado temporalmente).
Analizando dichas críticas, en cuanto a las del primer grupo, las molestias al vecindario son difícilmente evitables en actuaciones de cierta envergadura, aunque la concentración de obras dentro del año 2009 las multiplica, dando la sensación de estar todo patas arriba.
Con referencia a las del segundo, las críticas son probablemente fundadas. La selección inadecuada de las obras tiene, a mi entender, su causa principal en la perentoriedad de los plazos establecidos para la presentación de los proyectos y la ejecución de las obras dentro del presente año. Ello ha dado lugar, sin duda, a que muchos entes locales se hayan visto obligados, si querían optar a su parte de la tarta de los 8.000 millones, a trastocar los criterios lógicos de selección de infraestructuras como su necesidad y urgencia, sustituyéndolos por los posibilistas de cumplir los plazos establecidos.
Se afirma que muchas de las obras acogidas al plan son innecesarias o, cuando menos, no prioritarias
El Plan E ha podido suponer un balón de oxígeno para muchas empresas del sector de la construcción
Es evidente que proyectos de cierta complejidad no pueden redactarse en el plazo de un mes, por lo que los ayuntamientos habrán presentado algunos que ya tuvieran redactados y/u otros de sencilla y rápida elaboración, como los de renovación de aceras o de firmes de calles.
Estos problemas podrían haberse evitado, o al menos aminorado, si, sabiendo que la crisis se iba a prolongar a lo largo del próximo año, el Gobierno de la nación hubiese lanzado un plan bienal para 2009 y 2010, lo que hubiese permitido a los ayuntamientos planificar sus inversiones de forma más racional y eficiente.
Así lo viene haciendo el Gobierno de Navarra a través del departamento de Administración Local, aprobando sucesivos planes plurianuales de infraestructuras locales desde comienzos de los años 90.
En tercer lugar, unos comentarios sobre la creación de empleo. Cuando uno pone en relación el número de empleos creados por el plan con el volumen total de la inversión, resulta que se crea un puesto de trabajo por cada 19.000 euros, cifra a primera vista chocante teniendo en cuenta que el importe de aquélla debe cubrir, además del coste de la mano de obra, los de los materiales, maquinaria, gastos generales...
Para contrastar este dato acudimos al último informe de Seopan -Asociación de empresas constructoras de España- publicado el pasado mes de septiembre sobre el empleo generado por la inversión en infraestructuras, basado en la información de las tablas input-output. Del mismo se deduce que la creación de un puesto de trabajo en la construcción de infraestructuras requiere una inversión media de 770.00 euros, cuatro veces superior a la que resulta de los datos del Plan E.
Sin poner en duda éstos, la clave de estas diferencias, como el paciente lector que haya llegado hasta aquí habrá adivinado, está en la duración de los contratos, dato que no aparece en la, por otra parte, amplia información difundida por el Gobierno. Como ejemplo, un trabajador que fuese contratado para cuatro obras consecutivas en el año, de tres meses de duración cada una, contaría como cuatro puestos de trabajo.
En resumen, podríamos decir que el Plan E ha podido suponer un cierto balón de oxígeno para muchas empresas del sector de la construcción y un paliativo temporal para los trabajadores del mismo. No obstante, podrían haberse evitado algunas disfunciones aprobando un plan bienal, por ejemplo, en la línea que se ha señalado y, por otra parte, aumentar la transparencia de la información añadiendo el importante dato de la duración media de los contratos.
Por último, es justo resaltar la capacidad de gestión demostrada por los ayuntamientos que, en el corto plazo de un año, han sido capaces de ejecutar más de 31.000 obras por un importe global de 8.000 millones de euros.
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