Egunkaria: y las pruebas siguen sin aparecer

uno de estos días se fijará la fecha del juicio contra Euskaldunon Egunkaria. El proceso, que arrancó en 2003 con la clausura del periódico en euskera, sentará en el banquillo a Martxelo Otamendi, Peio Zubiría, Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uría, Txema Auzmendi y Xabier Oleaga. Los cinco imputados se enfrentarán a la acusación de integración en ETA en un juicio que podía prolongarse cerca de dos meses.

Lo más llamativo de este proceso es que no hay una sola prueba transparente, rigurosa. Sobre todas ellas penden interrogantes. Para vincular al diario con ETA, de hecho, se utilizó exactamente la misma documentación que ya se presentara para cerrar el diario Egin cinco años atrás; unos informes de Garikoitz y Hontza, miembros de ETA.

Pero, ¿de dónde salieron esos documentos? Un alto cargo de la Guardia Civil entregó los informes, que habían sido incautados al aparato político de ETA, al juez Baltasar Garzón. Al final, el fiscal Eduardo Fungairiño presentó una querella. Una vez cerrado el diario, sin embargo, el fiscal Miguel Ángel Carballo desechó esta prueba. Es más, tras asegurar que la investigación para vincular Egunkaria con ETA no iba "a buen puerto" el fiscal pidió el archivo permanente de la causa.

Incluso el encargado de ordenar el cierre "cautelar" del diario, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, llegó a reconocer que no había manera de acreditar "ni que el periódico fuera fuente de financiación de ETA, ni instrumento de blanqueo de capitales ilícitos procedentes de la banda".

De cara a la opinión pública, sin embargo, las piezas encajan de forma mucho más simple: Xabier Alegría, miembro de Batasuna y Ekin, era consejero de Orain, editora de Egin y Egunkaria. No obstante, Alegría no estaba en su plantilla y su cargo no era de responsabilidad.

Si las pruebas no eran vinculantes para el fiscal, ¿por qué se siguió adelante con el juicio? Sencillamente, por que se decidió que podía hacerlo con la única acusación de asociaciones de víctimas del terrorismo, que ejercen de acción popular. Así, los cinco imputados se enfrentarán a las peticiones de condenas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia, de entre 14 y 16 años de prisión. Pero, ¿por qué se cerró cautelarmente el diario? Esta es la incógnita que sigue sin respuesta a día de hoy.

En su día, se produjeron multitudinarias muestras de solidaridad con los trabajadores del diario, quienes cuatro meses más tarde crearon el periódico Berria. La más destacable, quizá, fue el 22 de febrero de 2003 en San Sebastián, donde, convocados por Kontseilua, se celebró una manifestación en favor de la libertad de expresión y la cultura vasca. Todos los partidos nacionalistas censuraron el cierre y el PSE valoró que fue "desproporcionado".

A la par de la clausura del periódico, cinco de los detenidos denunciaron torturas. Y, además, el ex director de Egunkaria, Peio Zubiria, intentó suicidarse en el hospital tras una crisis de ansiedad padecida durante su detención. Todas las denuncias fueron archivadas.

El caso también llevó aparejadas las dudas sobre la independencia del poder judicial sobre el político, ya que el día del cierre la fiscalía de la Audiencia Nacional difundió una nota en la que se afirmaba la coordinación entre el juez Juan del Olmo y el Ministerio del Interior. Gobernaba el PP.

sumario económico

La otra parte del juicio

En el proceso se abrieron dos causas contra el diario, el sumario principal, al que se le pondrá fecha próximamente, y el sumario económico, que arrancó ocho meses después del cierre del diario y en el que hubo ocho detenidos.

La clave de esta segunda causa está en la sede del juicio. Todavía no se ha decidido si será en la Audiencia Nacional o en los Tribunales de Guipúzcoa -la sede de Egunkaria estaba en Andoáin-; el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, reclamó que fuese en este segundo tribunal. En este segundo proceso los encausados son ocho y se les imputa "fraude fiscal" vinculado a "delito terrorista". En total, se enfrentarán a penas de entre 13 y 26 años de prisión y un total de 235 millones de euros en multas.