El jurado, en tela de juicio

"LA estrangulé porque me hacía la vida imposible". Fue lo que confesó Ramón G.A. en Santander, acusado de matar a su inquilina. En sólo dos horas y media, el jurado popular decidió que era inocente. El casero, que llevaba en prisión preventiva desde julio de 2007, salió del juzgado sin esposas. "No era dueño de sus actos en el momento del hecho", decía el veredicto. Meses después, el Tribunal Superior de Cantabria anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio.

Ocho de los nueve miembros del jurado popular concluyeron que el acusado no tuvo en ningún momento intención de matar a su inquilina, una mujer de 35 años que, según su relato, llevaba tres meses sin dejarle dormir porque organizaba fiestas en casa. El día del crimen no hubo fiesta: ella dormía en el sofá cuando Ramón llegó al piso. Él no podía dormir, salió de su habitación, fue al sofá y la agarró del cuello. Ella forcejeó, el casero cogió un martillo y la golpeó mientras seguía estrangulándola. Envolvió el cuerpo en una manta, lo llevó a su cuarto, limpió la sangre del suelo y se deshizo del pijama y martillo ensangrentados. Explicó que siguió viviendo en su casa hasta que el hedor del cuerpo le obligó a confesar a una vecina que su inquilina estaba muerta.

Meses después, en octubre de este mismo año, otro jurado popular declaró culpable de homicidio y no asesinato en Granada a un hombre de 53 años que asestó una veintena de puñaladas a una estudiante marroquí de 23 años. El jurado no consideró que el acusado quisiera "aumentar el dolor" a la víctima.

Más polémica ha sido otra sentencia más reciente en Catalunya. Esta misma semana, un jurado popular de Girona ha absuelto a Miguel S.G. de los delitos de asesinato, aborto e incendio. Ninguno de los miembros del jurado consideró probado que el acusado rociara con gasolina a su novia, embarazada, y le prendiera fuego. La defensa alegó que las causas del incendio se desconocían y que él intentó salvarla mientras ardía. Tras tres años en prisión preventiva, ha quedado absuelto.

En Vigo, hace menos de un mes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anunció que anulaba otra sentencia absolutoria emitida por un jurado popular. En febrero nueve ciudadanos consideraron no culpable al asesino confeso de la muerte extremadamente violenta en 2006 de Isaac Pérez Triviño y Julio Anderson. Justificó que actuó asustado por sentir que podían violarlo o matarlo. Les apuñaló 35 y 22 veces. Ahora deberá enfrentarse a un nuevo juicio.

Éstos han sido casos sonados, pero los jurados populares también dictan veredictos de culpabilidad. Uno de ellos declaró culpable el año pasado en Bilbao al acusado de asesinato de un anciano discapacitado para robarle. En Pamplona fueron nueve ciudadanos los que decidieron que un policía español y su hijo eran culpables del asesinato del panadero iruindarra Ángel Berrueta tras el 11-M. Y también fue un jurado popular en Madrid quien declaró que Ricardo Guerra era culpable de la muerte de Aitor Zabaleta.