Navarra tendrá un censo público de demandantes de VPO y un baremo único de adjudicación

PAMPLONA. El Gobierno de Navarra ha aprobado en su consejo de hoy el proyecto de la nueva ley foral de acceso a la vivienda, en el que se establece un censo público de demandantes y un baremo único de adjudicación, al tiempo que modifica los requisitos económicos.

"Es una ley de interés social, de interés prioritario, que ha tenido una amplia participación y consenso", ha indicado en conferencia de prensa la consejera de Vivienda, Amelia Salanueva, quien ha agradecido el trabajo realizado por el anterior titular del departamento y también la labor de los técnicos.

Esta nueva ley, ha dicho, pretende atender "el cien por cien de la demanda de vivienda protegida" y responde no sólo a un compromiso del Gobierno por el pacto suscrito con el PSN en la materia sino también "a un convencimiento de que había que dar un salto más" en esa dirección.

En este sentido ha destacado que Navarra es la comunidad con mayor porcentaje de vivienda protegida, con uno de los más altos porcentajes de reserva de suelo y con uno de los más bajos porcentajes de demanda, y para poder atenderla toda ahora se eleva del 50 al 70% la vivienda protegida en los nuevos desarrollos urbanísticos en la comarca de Pamplona.

Además, las tipologías se reducen a Vivienda de Protección Oficial (VPO) y Vivienda de Precio Tasado (VPT) y se modifican las condiciones económicas para los solicitantes el elevarse los ingresos mínimos a 12.000 y 15.000 euros, respectivamente, y bajar los máximos a 4,5 y 6,5 veces el IPREM, en cada caso.

La razón de esta variación económica es que a la vista de la experiencia se ha podido dibujar el perfil de los solicitantes, ha comentado la consejera, y así se sabe que en 2007 el 90% tenían unos ingresos inferiores a 3,5 veces el IPREM y el 97,8% se situaba entre el mínimo y 4,5 veces el citado indicador.

El nuevo baremo

El proyecto precisa también que con todos los demandantes se elaborará un censo único y público, y establece la desaparición de las convocatorias de manera que el procedimiento de adjudicación, con un baremo también único, pasa a ser íntegramente público.

Este baremo además atenderá las sugerencias hechas por el Defensor del Pueblo y diversos colectivos, de manera que ya no será necesario un empadronamiento ininterrumpido, desaparecen conceptos puntuables como la edad o la condición de cabeza de familia monoparental y sí será puntuable la tributación en la Comunidad Foral.

Asimismo el texto determina que sólo se podrán adjudicar viviendas protegidas de más de 90 metros cuadrados a unidades familiares formadas por al menos tres personas, que las VPT tendrán vinculado un solo garaje, y que será posible la expropiación para eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad de los edificios de uso residencial (instalación de ascensores).

El proyecto, que prevé excepciones al cumplimiento de los requisitos para casos como las víctimas de la violencia de género, minusválidos o viviendas que se queden sin adjudicar, recoge por primera vez la regulación del alquiler de vivienda protegida, para cuya adjudicación existirá otro baremo igualmente único y tres tramos de renta además de una posible reserva para personas de integración social.

Amelia Salanueva ha comentado sobre el régimen de alquiler que se quiere potenciar el mismo y para ello se busca reducir los precios para aumentar el atractivo, al tiempo que el Gobierno ofrece su intermediación en una bolsa de pisos desocupados, que podrán contar con ayudas a la rehabilitación.

Se mantiene por último la posibilidad de permutar una vivienda protegida así como el plazo de 30 años para descalificarla como tal y se introduce un régimen de control "más duro" al incluir la posibilidad de expropiación si la vivienda está un año desocupada o si se incumple un requerimiento con sanción de ocuparla.