"El Estado no atiende a los informes de la ONU; las denuncias de torturas siguen ahí"

pamplona. ¿Qué balance hace el colectivo contra la tortura (Torturaren Aurkako Taldea) de 2009?

En Hego Euskal Herria, en 2009 hubo 88 personas detenidas bajo el régimen de incomunicación. 45 de ellas denunciaron torturas y malos tratos en las comisarías de la Ertzaintza, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Una de las novedades ha sido que la Ertzaintza ha vuelto a practicar detenciones incomunicadas, algo que llevaba sin hacer desde 2006. Consecuencia de ello, ha recibido ya la primera denuncia de torturas en 2009, y en 2010 ya van nueve.

¿Cuál es la evolución en el número de denuncias?

Se notó un gran cambio desde 2005 a 2007. En 2006 hubo menos detenciones, se estaba dando el proceso de negociación (Loiola). Eso influyó en el tipo de detenciones, en 2006 sólo hubo tres denuncias de torturas. Tras romperse la negociación, en 2007 hubo 84 denuncias de malos tratos. En estos últimos años, la tónica se ha mantenido en torno a 40 ó 50 denuncias anuales.

¿Cuál es el papel de los protocolos contra la tortura?

El Departamento de Interior de la CAV aceptó un protocolo que obliga a tomar dos medidas en las detenciones incomunicadas. La primera de ellas es poner a disposición de los familiares de los detenidos un teléfono para que se les informe del estado del arrestado. Pero hemos constatado que esto no funciona, porque siempre que han llamado se les ha negado la información. La segunda medida es la grabación de todo el periodo de incomunicación. Esto, a día de hoy, no sabemos si se está haciendo. En caso de la Ertzaintza, sabemos que las cámaras están operativas, pero aún no hemos visto una sola grabación. Se anunciaron estos protocolos a bombo y platillo como medida contra la tortura, pero nos estamos encontrando con que son un lavado de cara y que, pese a la aplicación de los protocolos, las denuncias de torturas siguen ahí.

¿Por qué cree que no se hacen públicas las grabaciones?

Nuestra conclusión es que no se quieren hacer públicas porque lo que los detenidos cuentan es cierto: está habiendo malos tratos y torturas. La única vía para que eso desaparezca es acabar con el régimen de incomunicación. Y si está habiendo grabaciones, que las pongan inmediatamente a disposición de la defensa y se enseñen públicamente para que se vea quién está mintiendo.

Uno de los casos con mayor eco ha sido el de los navarros Portu y Sarasola. Las torturas se confirmaron, se imputó a 15 guardias civiles y, hace escasas dos semanas, la Fiscalía ha acusado a cuatro de ellos de torturas; ha solicitado tres años de prisión para dos de ellos (un sargento y un cabo) y dos años para los otros dos (un cabo y un guardia).

La Fiscalía ha decidido solicitar condenas para cinco de los guardia civiles imputados, pero la acusación ha pedido condena para los quince imputados y hace una calificación mucho más grave. A nuestro entender, el caso exige unas penas más acordes con el delito, porque es tortura y son funcionarios del Estado quienes la llevan a cabo. La valoración que hacemos de la petición de la Fiscalía es una de cal y otra de arena. Por un lado, es positiva porque es la primera vez desde 2001 que se solicitan condenas de cárcel por un delito de torturas. Pero, por otro lado, es negativa porque las penas no son acordes con el tipo de delito. Hay que recordar que la vida de Portu corrió peligro. También nos parece un tanto ridícula la petición que hace para seis de los guardias civiles, a los que pide diez días de localización permanente. Las penas deberían ser más elevadas.

¿Qué pasos propone para evitar este tipo de casos?

Proponemos diferentes medidas. Por un lado, estarían las garantías que se deben tomar ante cualquier tipo de detención para minimizar y prevenir torturas; por otro lado están los pasos para erradicar el sistema que se emplea. Solicitamos a las autoridades que reconozcan la existencia de la tortura, porque eso implicaría un cambio en las decisiones políticas. Además, nos parece imprescindible derogar el régimen de incomunicación, porque mientras se mantengan personas incomunicadas, existirá un ámbito de impunidad para poder torturarlas. También pedimos medidas para rehabilitar a las personas torturadas, ayuda física y psicológica, y que se llegue hasta el final en las investigaciones.

¿Qué efecto tiene, por ejemplo, que la ONU y organismos como Amnistía Internacional exijan el fin del régimen de incomunicación?

La presión internacional está siendo muy fuerte. Pero, pese a ello, el Estado sigue negando las torturas y diciendo que es una invención de unos detenidos que siguen una consigna de una organización armada. El Estado hace caso omiso de todos los informes internacionales. Ante ello, es necesario que toda la sociedad exija que se derogue el régimen de incomunicación.