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Mil familias que reciben renta básica serán investigadas para verificar si rechazan empleos

asuntos sociales controlará además que se mantiene el domicilio fijado

El Gobierno intensificará la vigilancia sobre 400 dependientes en domicilio

ana ibarra - Sábado, 20 de Febrero de 2010 - Actualizado a las 09:29h

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Varias personas, esperando su turno en una oficina del Inem en Pamplona. (UNAI BEROIZ)

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pamplona. Asuntos Sociales va a reforzar este año las inspecciones a los beneficiarios de renta básica que en este momento suman alrededor de 3.000 unidades perceptoras (familias). El año pasado fueron un total de 9.000 los beneficiarios (5.600 unidades familiares) de una prestación que alcanza el SMI. El objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa para la concesión de la ayuda (633,3 euros), y en particular se incidirá en comprobar si los perceptores tienen su residencia efectiva en el domicilio o si existen "posibles rechazos injustificados de ofertas de trabajo". En total se van a inspeccionar a lo largo del año un total de mil expedientes de renta básica.

Según explicó ayer la consejera de Asuntos Sociales Maribel García Malo, en los controles de este año se han comprobado que al menos 20 expedientes no cumplía alguna de estas condiciones (no residir en el domicilio indicado o rechazo de empleos injustificadamente). Los controles se hicieron a 46 entidades locales que ofrecieron medidas de empleo comunitario para perceptores de renta.

"Queremos que la ayuda se destine a quien la necesite y garantizar que la persona que le recibe cumple los requisitos. La renta básica es una medida de acción activa, no pasiva. El perceptor tiene que colaborar con nuestros servicios de orientación laboral marcándose un itinerario de inserción para que al final encuentre un empleo", explicó. "Si les dan esas oportunidades de empleo se velará para que se acepten", añadió.

En relación a la medida de Hacienda de ofrecer contratos de trabajo para perceptores de renta básica, rechazó las críticas de los trabajadores sociales a la idea de contratar personal de refuerzo no profesional para tramitar renta básica. "El Colegio de Trabajadores Sociales me comunicó que está de acuerdo con la medida que hemos propuesto para reforzar los Servicios sociales y las unidades de barrio. No la habían comprendido porque el consejero de Hacienda enumeró las medidas y no entró a especificar que las personas tendrían formación en trabajo social o educador social, nunca se pensó en otros perfiles, y el Colegio está de acuerdo porque ayuda a agilizar las ayudas y crear empleo", aseguró.

La segunda novedad este año es que se intensifican los controles en las ayudas para personas dependientes cuando son atendidas por un cuidador. Así, de forma aleatoria se inspeccionarán 400 expedientes y se verificarán los requisitos exigidos en la normativa para la obtención de las ayudas, comprobando que se destinan los fondos a la finalidad exigida. Se harán comprobaciones in situ de la situación de las personas que han solicitado una valoración de dependencia y de su estado de su atención. Ambas actuaciones (renta básica y dependientes) se van a convertir en "ejes prioritarios de este plan de inspección".

El tercer Plan de Inspección de los Servicios Sociales para 2010, que contempla la inspección de todos los centros residenciales, incluyendo centros de día y estancias diurnas en todas las áreas de Servicios Sociales. Respecto al plan de inspección 2009 se ha cumplido el 100% de las actuaciones previstas, se han inspeccionado todos los servicios residenciales, centros de día y centros de estancias diurnas de todas las áreas (dependencia, atención al mayor, discapacidad, enfermedad mental, atención al menor, exclusión social y violencia de género). En total fueron 669 inspecciones las que se realizaron a lo largo del año.

Como consecuencia de esta vigilancia se han realizado 73 requerimientos fundamentalmente por falta de protocolos, barreras arquitectónicas; 22 advertencias vinculadas a falta de protocolo y personal, y a deficiencias en instalaciones, y se han abierto cuatro procesos sancionadores, dos por una sanción leve y dos por grave (falta de personal y deficiente atención a un usuario). En el 2010 también se va a trabajar en la elaboración de unos stándares para el "uso racional de los fármacos psicotrópicos en la tercera edad".

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