Reflexiones de un funcionario estupefacto

SEGÚN Platón, los administradores del gobierno ideal habrían de ser los mejores ciudadanos, que por su formación actuarían siempre en busca del bien común. Sin duda, éste ha de ser el objetivo de cualquier administración, incluida la nuestra. Sin embargo, las últimas medidas anunciadas referentes al recorte salarial de los funcionarios no parecen perseguir esa meta. Esta decisión gubernamental, supuestamente democrática e igualitaria, es perniciosa porque no diferencia al funcionario diligente y trabajador del negligente y holgazán. Penaliza a todos por igual. Cuando se debatió el plan para la reducción del déficit público en el Congreso, el diputado de UPN declaró que se sentía como el enfermo mal atendido al que de repente le comunican que han de amputarle una pierna gangrenada para poder salvarle la vida. El símil es válido. Es posible que la amputación sea necesaria, ahora bien, asegurémonos de que el tajo no se le da a la pierna sana. No nos engañemos, el funcionario que lleva años desempeñando su tarea con pleno sentido del deber, y que ha observado incrédulo el bochornoso espectáculo de despilfarro de dinero que ha acaecido y aún acaece a su alrededor, está pasmado y alucinado aunque, sobre todo, está indignado. Y piensa para sí: ¿es éste el reconocimiento que se hace del esfuerzo y el esmero? Vale, tomo nota. ¿Nos extrañaríamos si estas medidas fomentaran el desánimo, la indolencia, la dejadez, las bajas y hasta el absentismo laboral? ¿No se está proponiendo indirectamente al mal funcionario como modelo a seguir?

La mayoría de los funcionarios conoce en qué se malgasta el dinero en su área y, seguramente, es capaz de hacer propuestas diversas que contribuyan a la disminución del gasto, sin menoscabo de la calidad en el servicio. Mi ámbito es la educación. Sé que lo que voy a decir va a levantar ampollas, pero, al fin y al cabo, es lo que pienso.

En primer lugar, y dado que hablamos de reducir el gasto de la Administración pública, parece lógico comenzar si no por suprimir, sí por limitar significativamente las subvenciones a los centros docentes que no sean de titularidad pública. Esto parece de perogrullo.

En segundo lugar, es obligado limitar el número de altos cargos del departamento hasta alcanzar el estrictamente necesario. Lo mismo ha de hacerse con el número de negociados (se ha llegado hasta el punto de crear negociados con un solo miembro: el jefe). Esto también parece caer por su propio peso.

Para continuar, echemos una ojeada debajo de las alfombras de nuestra propia casa: la educación pública. Hablemos de todos esos docentes liberados por diversos motivos (programas de mejora de la enseñanza, planes de trabajo, actividades sindicales, licencias de estudio, …). Hemos de suponer que llevan a cabo tareas imprescindibles, puesto que la Administración ha de pagar dos sueldos, el de ellos y el de la persona que les sustituye en su centro de enseñanza. Pero, ¿realmente son indispensables estas labores en tiempos de crisis aguda? Reflexionemos. Si un profesor en activo cae enfermo, debe contratarse a un sustituto para que los alumnos no queden desatendidos. No obstante, si uno de estos profesores liberados enferma y se da de baja, ¿creen ustedes que se contrata a otro profesional para que haga su trabajo? Les diré que entre nosotros circulan anécdotas acerca de algunos liberados que desconocían ellos mismos cuál era su cometido. El resto de los docentes ignoramos la labor de la mayoría de ellos, por más que algunos sumen lustros de secreta dedicación. Realmente estas personas disfrutan de una situación laboral privilegiada. Prueba de ello es que casi ninguno vuelve motu proprio a su quehacer específico: la docencia en las aulas. ¿Cuántos profesores de Secundaria, sobre todo tutores, no estarían dispuestos a cambiar su circunstancia por la de uno de estos agraciados, aceptando una rebaja salarial, no de un 6,7%, sino de un 10% o un 15%?

Otro tema relevante en época de restricciones es el referido a los planes y programas de mejora de la enseñanza, que no sólo cuestan lo que parece que hoy no tenemos, sino que también son de dudosa eficacia, puesto que mientras los planes van por un lado, la cruda realidad se empeña en ir machaconamente por otro. Voy a poner el ejemplo de un plan de formación del profesorado de inglés que conlleva estancias de entre dos y cuatro semanas en Inglaterra con casi todos los gastos cubiertos este verano. ¿Estamos para estos dispendios con la que está cayendo?

Considero que los funcionarios de los diversos ámbitos de la Administración deberían informarse acerca de los planes en marcha existentes en su departamento, de modo que se gastase únicamente en lo que fuera irrenunciable. Todo lo demás tendría que paralizarse hasta nueva coyuntura económica favorable.

Tratemos el tema de las bajas y, sobre todo, el de las bajas por depresión que se incrementan cada curso. Este hecho guarda una estrecha relación con las precarias condiciones en la que muchos docentes han de desarrollar su labor: carencia de infraestructuras adecuadas, masificación en las aulas, falta de estabilidad en la plantilla (los susodichos liberados agravan considerablemente este problema, pues condenan a sus centros a la interinidad indefinida), ausencia de respeto, autoridad y disciplina (que se traduce, cada vez con más frecuencia, en el insulto, la amenaza y la agresión). Como ya saben, una baja supone pagar dos sueldos, y si la situación que la genera persiste, pueden ser tres o cuatro. ¿Piensan que estas medidas van a propiciar una disminución de este tipo de bajas, y de las bajas en general, y por tanto un ahorro? ¿O todo lo contrario? Si las condiciones de trabajo de los docentes fueran las que la problemática actual requiere, disminuirían los agentes causantes del elevado número de bajas laborales y, por ende, el de los salarios que ha de pagar la Administración pública. A pesar de todo, iniciar la penalización económica de las bajas laborales me parecería más aceptable que la decisión salomónica que va a adoptar nuestro Gobierno en contra de todos los funcionarios.

Tal vez estas reflexiones no sean más que un brindis al sol. No obstante, teniendo en cuenta que la Administración somos todos y que los recursos que maneja provienen de nuestro bolsillo, las pongo sobre la mesa con la cándida intención de contribuir a mejorarla.