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Editorial

Prohibir derechos constitucionales

La prohibición del acto de Adierazi EH! afecta a valores democráticos y garantistas básicos de un Estado de Derecho y prioriza de nuevo a ETA en el debate político muy por encima de su influencia social real

Viernes, 10 de Septiembre de 2010 - Actualizado a las 04:11h.

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la decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de atender la demanda de la Fiscalía de prohibir la marcha convocada por la plataforma Adierazi Euskal Herria por considerar que su celebración podría constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo supone un ejemplo más de cómo determinados ámbitos especiales y excepcionales de la Justicia siguen anteponiendo intereses políticos a los valores democráticos y garantistas de un Estado de Derecho. La decisión se fundamenta, al parecer, en diversos informes policiales en los que se identifica a miembros de la izquierda abertzale oficial participando en Adierazi EH!, un argumento de escaso peso judicial, toda vez que esa presencia era pública y conocida -Gara publicaba ayer mismo una entrevista con Karmelo Landa como portavoz de la plataforma-, y que las personas a las que se cita en diversas informaciones no parece que tengan restringidos ninguno de sus derechos civiles y políticos. Además, se adopta en función de una hipótesis, la posibilidad de que en ese acto se exalte la violencia terrorista, obviando que la izquierda abertzale oficial lleva un año manifestándose casi cada fin de semana en Navarra y la CAV. Y obvia que el lema de la manifestación se centraba en la defensa de todos los derechos civiles y políticos y se incluía específicamente el derecho a la vida. Sin olvidar que en la plataforma Adierazi EH! participan personas y colectivos que nada tienen que ver con la trayectoria ideológica de la izquierda abertzale oficial y mucho menos con la violencia de ETA, y a los que el juez Moreno anula arbitrariamente sus derechos y sobre los extiende una injusta sospecha de connivencia con el terrorismo. Es evidente que la persistencia de ETA en el asesinato, el chantaje y la amenaza supone una antidemocrática excepcionalidad en Europa, pero lo es también en ese mismo contexto europeo el uso de medidas antidemocráticas para combatir el terrorismo, y con esta prohibición se están vulnerando derechos constitucionales y democráticos básicos como la libertad de expresión, de manifestación y de asociación. Además, esa vía tiene un efecto perverso para la propia democracia: sitúa a ETA permanentemente en el eje del debate político y mediático pese a que la sociedad hace tiempo que le derrotó social y políticamente, y, de hecho, la prohibición ha sido la mejor propaganda de un acto que ha sido convocado de nuevo también mañana en Bilbao.

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