El Gobierno ratifica por la vía excepcional y en víspera electoral 21.435 viviendas en Egüés

pamplona. El Gobierno de Navarra ha aprobado por la vía excepcional y en víspera de las elecciones el controvertido plan urbanístico de Egüés que califica suelo para la construcción de 21.435 viviendas, el mayor crecimiento previsto en Navarra por encima de Guenduláin. Una orden foral firmada por la consejera de Vivienda Amelia Salanueva (UPN) el pasado 16 de mayo resuelve de un plumazo el desarrollo urbanístico de uno de los municipios comarcanos con mayor potencial residencial. Han transcurrido más de cinco años desde que el Ayuntamiento de Egüés aprobó inicialmente (22 de febrero del 2006) el modelo de ocupación del territorio (EMOT), la estrategia que obliga la ley para apoyar el plan, tiempo en el que le han crecido escándalos urbanísticos, multitud de recursos y al menos dos plataformas vecinales. Por no hablar de la crisis económica que ha paralizado el mercado inmobiliario.

El proyecto urbanístico queda ahora condicionado a la presentación, en un plazo de tres meses, de un texto refundido por parte del Ayuntamiento que tenga en cuenta las trece correcciones que establece el Ejecutivo. No obstante, algunas de estas modificaciones son de tal calado (sustanciales) en su contenido que hubieran requerido sacar de nuevo a exposición pública el texto, tal y como indican diferentes expertos consultados. Hasta que no se incorporen estos cambios no se publicará la orden foral en el BON. De hecho, la resolución suprime uno de los elementos vertebradores del plan, uno de sus "sistemas generales": el espacio libre de la zona de esparcimiento de Uztarroz que tenía aprovechamiento (adscrito a áreas de reparto) y que ahora queda clasificado como suelo no urbanizable.

El informe de Declaración de Impacto Ambiental que previamente evacuó el departamento de Medio Ambiente ya anulaba la reserva de agua prevista "dadas las afecciones ambientales derivadas de la construcción del embalse de Uztarroz en la cuenca del río Urbi". Para la creación de esta balsa aprovechando el cauce del río Urbi mediante una presa faltaba caudal suficiente, según los alegantes (concejos, asociaciones de vecinos y Nabai), y había alternativas más viables en cotas como la balsa de Zolina. El plan habilitaba un total de 461.776 metros cuadrados para el riego de nuevas zonas verdes que irían a cargo de los propietarios de cada uno de los sectores del plan si bien el Ayuntamiento anticiparía su coste, previsto en unos once millones, según un estudio de viabilidad. A cambio, participaban en la edificabilidad de dos sectores residenciales de Badostáin y del sector industrial de Sanquín.

El plan también debe incorpora las determinaciones señaladas en el informe de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para dar cabida hasta 21.435 viviendas y 302 hectáreas destinadas a actividades económicas y productivas, ya que altera los servicios de abastecimiento y saneamiento.

Asimismo, la orden excluye determinados suelos como urbanizables por la "incompatibilidad con los criterios del modelo de desarrollo establecidos". Exige garantizar los espacios libres públicos como sistema general con una ocupación mínima de 574.893 metros cuadrados. El plan tiene que reflejar las conexiones entre Sarriguren y Gorraiz, y de ellos con la Ronda Este, tener en cuenta la Supereste y la NA-150. Igualmente, tanto en el suelo urbano no consolidado como en el suelo urbanizable sectorizado el "aprovechamiento máximo debe figurar como determinación estructurante", al igual que el régimen de protección del suelo no urbanizable. Se deben corregir también las "contradicciones existentes en relación a los "grados de prioridad" del suelo urbanizable.

La resolución todavía no ha tenido entrada en el registro del Ayuntamiento aunque su alcalde Josetxo Andía (UPN) la filtró esta semana de manera extraoficial. Los oponentes que no sean administraciones públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno en un plazo de un mes a partir de la publicación en el BON. Y contra la normativa urbanística aprobada cabe recurso contencioso-administrativo ante el TSJN en el plazo de dos meses desde la publicación en el BON "a instancias del Ayuntamiento correspondiente", indica la orden foral.