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CCOO, ELA, LAB y UGT

CCOO, ELA, LAB y UGT defienden el empleo protegido para un sector social con un 40% de paro

piden a la administración medidas para mantener puestos de trabajo en 25 centros

Los sindicatos quieren evitar la "quiebra" del "único sistema" que da trabajo a desfavorecidos y el más afectado por la crisis

ana ibarra - Jueves, 10 de Noviembre de 2011 - Actualizado a las 05:30h

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Más de 50 delegados de los diferentes centros acudieron a la concentración convocada frente al Parlamento de Navarra.

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pamplona. CCOO, ELA, LAB y UGT convocaron ayer una concentración frente al Parlamento foral en defensa del empleo protegido y a favor del mantenimiento de los puestos de trabajo para evitar la quiebra del "único sistema que garantiza el empleo a las personas más desfavorables". A la convocatoria acudieron más de 50 delegados y delegadas de Centros Especiales de Empleo, Centros Ocupacionales y Centros de Inserción Laboral. Estos centros, unos 25 en toda Navarra, han sido hasta ahora "la única garantía de empleo para las personas con discapacidad o con especial dificultad de inserción en el mercado laboral", pero ven a día de hoy seriamente amenazada su viabilidad, resaltan.

De este modo, exigen al Gobierno de Navarra que adopte medidas urgentes, que tenga en cuenta su delicada situación en los próximos presupuestos, y anuncian nuevas movilizaciones para las próximas semanas. En concreto, piden que no haya más expedientes de regulación de empleo ni despidos, que se agilice el pago de las ayudas y se cumplan "puntualmente los plazos de abono", ya que su retraso pone en riesgo la "viabilidad de las empresas".

Asimismo, reclaman la coordinación de las administraciones y las empresas ordinarias para que se cumpla la ley y se asegure a los centros de empleo protegido la subcontratación de productos y servicios. Así, destacan que la ley foral que obliga a que el 6% de la oferta pública de empleo sea para el empleo protegido. Otro compromiso asumido con los sindicatos fue que el 5% del personal de la administración tiene que tener una discapacidad a partir del 33%. En ninguno de ambos supuestos se llega ni al 1% de cumplimiento, denuncian. Por otro lado, la norma LISMI que todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen que dedicar un 2% de sus contratos a empleo protegido. Esta última norma se cumple externalizando trabajo a los centros especiales en lugar de asumir contratos directos. Para Luis Hernández de UGT, bastaría con cumplir la ley para que no fuera necesaria ninguna ayuda pública.

En estos momentos, el 40% del paro corresponde al colectivo de población discapacitada o de difícil empleabilidad, advierte José Elizalde de CCOO. Y se incluyen tanto personas con discapacidad como de difícil empleabilidad, mayores de 45 años en paro, personas con dificultades de integración social, etcétera. En el sector de formación, apoyo y empleo protegido trabajan alrededor de 1.500-1.700 personas. Se trata de un sector muy sensible, advierten, ya que el trabajo depende en la mayoría de los casos de contrataciones indirectas de empresas, que han caído en picado sus pedidos, o de servicios de la Administración. Josetxo Mandado, de ELA, asegura que el empleo protegido no debería depender de "mercados, producciones ni crisis porque es un colectivo que no tiene posibilidades de acudir a la empresa ordinaria, debería ser una política prioritaria para la administración".

convenio sectorial Piden a su vez que se promueva la negociación de un convenio sectorial que garantice a las personas más desfavorecidas un "empleo estable y un salario digno". Quieren también que se "controle" la utilización del dinero público, "intervención y control financiero de las cuentas de las empresas gestoras", y que se exija a todas las empresas receptoras de ayudas que se declaren sin ánimo de lucro y que se pongan "límites a los salarios de alta dirección". Definir con claridad las distintas modalidades de empleo protegido, que se separen los Centros Ocupacionales de los Centros Especiales de Empleo, y que se exijan resultados a los CIS suman demandas. Otro reto es una acción más coordinada de todos los departamentos (Agencia Navarra para la Dependencia, SNE, Educación).

Gerardo Hernández, trabajador de Tasubinsa, destacaba ayer que la crisis de muchas empresas ha repercutido en los pedidos que antes se encargaban a estos centros, lo que obliga a que haya "mucha gente de brazos cruzados". También Tina Fernández, con una discapacidad física y un salario bruto de 1.060 euros, trabaja desde hace siete años para Aspace a través de una empresa intermedia y habla de su incertidumbre sobre una posible subida laboral o el cobro de la paga extra. "Si la gente pierde este tipo de empleo no vuelve a colocarse en al vida. Son personas que, en muchos casos, no puedes sacar a la calle, no pueden asumir un trabajo de responsabilidad y que tienen problemas físicos y psíquicos".

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