300 familias manifiestan su indignación por el recorte en ayudas a la dependencia

pamplona. Unas 300 familias navarras que atienden a personas dependientes, mayores o discapacitadas, se han visto afectadas por la medida adoptada por el departamento de Política Social, que se traduce en un recorte a partir del próximo año de prestaciones sociales que la Comunidad Foral venía asumiendo para mejorar el cuidado de las personas más vulnerables en el entorno del hogar. Familias que disponían hasta ahora de diferentes recursos para responsabilizarse del cuidado de estas personas dependientes y evitar o retrasar así su posible ingreso en un centro hospitalario. Con el modelo actual podía recurrir a un centro de día, desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde (pagaban por copago 150 euros al mes, el resto estaba cubierto), y a su vez percibían una ayuda de unos 390 euros en apoyo a estos cuidados. Ahora, ambas son incompatibles y hay que elegir cuál se quiere, lo que ha provocado la indignación de muchas familias que se ven obligadas a decidir entre una merma de sus recursos económicos o dejar sin una atención muy especializada, irreemplazable en los discapacitados, a sus seres queridos.

viuda con hija dependiente Mª Teresa Nicuesa Matute, de 73 años, cuida de mil amores a su hija de 33 con un tumor cerebral desde los 14 años que no se le puede operar, lo que le dejó en silla de ruedas, con el lado derecho del cuerpo paralizado y ceguera, entre otros problemas. Desde 2003 acude todos los días de lunes a viernes a Adacen (Asociación de Daño Cerebral de Navarra). "Le costó ir al centro pero ahora es feliz, ya no se queda en casa todos los días, se relaciona con más gente, conversa, hace rehabilitación, logopedia, talleres, manualidades, salidas, fiestas... Y consiguen que camine a ratos...", destaca quien cobra una pensión de viudedad además de los 390 euros de la dependencia. A las seis de la tarde llega su hija a casa, momento en que necesita a otra persona para asearla, cambiarla y acostarla para lo que tiene contratada una chica a la que le paga 400 euros. Por la mañana le ayuda el SAD que ahora va a perder al apostar por el centro de día como recurso "imprescindible" para la calidad de vida de su hija y que, además, le permite disponer de tiempo libre para relajarse y hacer otras cosas. "No sé cómo me las voy a arreglar, tendré que echar mano de la familia y coger a alguien por las mañanas. Me gustaría que los políticos que toman estas decisiones tuvieran que atender a estas personas para darse cuenta de lo que supone en el día a día... o que supieran cómo se queda la espalda cuando no tienes la ayuda de alguien para levantar a estas personas de la cama o la silla", afirma.

dificultades económicas Yolanda Camacho y Walter Carrier son de origen ecuatoriano pero llevan diez años en Navarra. Su hijo, de 36 años, sufrió un accidente de tráfico hace once años que le provocó un traumatismo craneoencefálico. "Nos sentimos defraudados con esta medida porque mi hijo es muy fornido pero no puede caminar, ni asearse, ni hacer nada, y en el centro de día ha tenido la oportunidad de desarrollarse a muchos niveles. Antes no salía y en Adacen encontró una familia. Se distrae, hace terapia, le gusta la piscina y las actividades que se organizan", señala Yolanda. Sin embargo, la familia va a tener que renunciar a este recurso por el que, además, abonan al mes 139 euros (copago) a favor de la ayuda económica en el domicilio. Sólo así podrán afrontar una hipoteca de 1.100 euros porque el sueldo del marido no da para tres y ella no puede trabajar al estar muy atada en casa. "Lo lógico es que mirasen cada caso en lugar de suprimir la ayuda a todos", destaca.

disponer de un respiro También Ana Mª Cárdenas García se define a sí misma, más que nunca, como "cuidadora dependiente: dependiente de mis hermanos, cuñados, de mis hijos, de las ayudas...". Cuida a su marido, que sufrió un ictus cerebral hace trece años y con un nivel de dependencia muy alto. Tienen tres hijos, dos de los cuales estudian en casa y les mantiene. Al marido, que era autónomo, le ha quedado una pensión mínima, de 800 euros que le complementan con otros 400 por gran invalidez. Es por ello que la ayuda económica que recibe por la vía de la dependencia se reduce hasta 220 euros al mes. Trabajaba a jornada completa pero desde que enfermó su marido fue imposible seguir. Gracias al centro de día, "necesario e indispensable porque, además, la rehabilitación le permite mantenerse y no retroceder en su discapacidad", ha podido respirar un poco, y aún y todo no resulta fácil esta lucha diaria. "Son vulnerables, si un día tienen fiebre o están mal no les puedes llevar a ningún lado, tampoco al centro, o tienen consulta en el médico. Y con ese horario, de once a cinco, no puedes buscar un trabajo a la medida de tus necesidades. Además, en estos centros les enseñan a vivir con las facultades que tienen, potenciándolas. Estos centros deberían ser públicos", relata. Ahora trabaja los viernes por la noche gracias al apoyo de una de las hijas. "Es inexplicable que se apliquen recortes en estas personas...", abunda.

discapacidad intelectual Cándido Erro Martinicorena y su mujer cuidan a su hija de 35 años que sufre discapacidad intelectual. A su juicio, lo más graves es que se "lesione un derecho creado para los discapacitados, para que se integren en la vida social, no para las familias". Y ellos tienen claro que lo que más conviene a su hija es seguir con la familia. "La dependencia, sobre todo en el tema de la discapacidad, no puede estar al albur de la situación económica, debería ser un derecho universal como lo es la educación o la salud", remarca quien no entiende por otro lado que sean mandatarios socialistas los que impulsen estas medidas. "Con lo que se gasta el Ejecutivo foral en cesantías y en obras superfluas se podrían solucionar otras necesidades más perentorias". Su hija Nerea, con una parálisis cerebral, lleva treinta años acudiendo a Aspace de nueve de la mañana a cinco de la tarde, su segunda casa. Un centro al que no van a renunciar. "En su momento pudimos optar entre contratar a alguien de fuera o el cuidado familiar con un centro de día, y vimos que lo mejor para ella era estar con nosotros, lo que no significa que luego no se busque apoyo a otras personas. No vamos a llevarla a una residencia aunque parece que es lo que quieren...", señalan. Se necesitan dos personas para atenderla. "Cuando Nerea se ve sola se siente insegura y le dan ataques epilépticos y crisis". "Esto es un insulto a la persona discapacitada, que tenga que pagar la crisis el más débil. Si hace cuatro años se consideró una decisión justa, ahora también lo es".

"Se ha producido un agravio comparativo, la crisis la están pagando los discapacitados, jubilados y parados mientras los gobernantes engordan sus sueldos", denuncia José Luis Elduayen. También su esposa Resu es la cuidadora principal del hermano de ésta, Patxi, el segundo dependiente que le tocó cuidar al morir sus padres. Es un Down profundo y está "muy contento" en el centro de día Monjardín, donde seguirá, aunque temen por otro lado que al final las tarifas que pagan los usuarios aumenten en este tipo de centros. Tienen dos hijas ya independizadas aunque también recurren a ellas. "Una persona sóla no puede atenderle y, gracias a esta ayuda económica, que ahora vamos a perder mi mujer está cotizando a la Seguridad Social para su próxima jubilación, ya que trabajó años atrás", añade.