Sobre déficits y deudas

CORMIN, la plataforma unitaria de la discapacidad organizada en Navarra, cumple diez años de existencia. Actualmente la plataforma está compuesta por treinta y una entidades que desarrollan su trabajo en los diferentes ámbitos de la discapacidad. El Cormin, como agente social de referencia en Navarra para la acción representativa del movimiento social de la discapacidad y de sus familias ante la sociedad y sus instituciones, participa activamente en la elaboración y aplicación de las decisiones políticas que, en Navarra, afectan al sector de la discapacidad.

La cohesión y la unidad del sector, el respeto del pluralismo, la acción política representativa encauzando y asumiendo esa representatividad, el traslado de propuestas constructivas, articuladas y contrastadas técnicamente y, en definitiva, la promoción de la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la emancipación social, hacen del Cormin el referente para la mejora de las condiciones de vida de todas y todos los ciudadanos navarros con discapacidad y de sus familias. En la actualidad, el Cormin tiene acreditada su legitimidad para representar al sector, y eso es el resultado del compromiso de todas las entidades que forman parte de él.

Son los valores que sustentan la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, en concreto, los de unidad, cohesión interna, funcionamiento democrático, transparencia, independencia y neutralidad políticas o ideológicas, igualdad entre mujeres y hombres, respeto a la diversidad, comportamiento ético y solidaridad social, los que inspiran y orientan la actuación del Cormin.

El déficit y la deuda

Es esta época que nos ha tocado vivir, por todos los lados oímos estas dos palabras, déficit y deuda. Nosotros también queremos intervenir en este debate explicando nuestra postura en esta complicada situación de crisis social y económica. Efectivamente, no pueden aumentar ninguna de las dos cuestiones; no puede aumentar el déficit de la sociedad en cuanto al ejercicio de los derechos y tampoco puede crecer la deuda que la sociedad tiene, en general, con la discapacidad por haberla considerado como un fenómeno ligado a la beneficencia.

Navarra no es ajena a los recortes generalizados que vienen practicando la mayor parte de las comunidades autónomas en las partidas dedicadas a las políticas públicas de discapacidad. Estas reducciones, que en algunos casos llegan al 80 y el 90% respecto de otros ejercicios o, simplemente, suponen la eliminación de las partidas, ponen en peligro la continuidad de servicios, apoyos y prestaciones consolidadas, fundamentales para promover los derechos, la autonomía personal y la vida independiente de miles de personas con discapacidad y sus familias. Además, corren grave riesgo muchos puestos de trabajo de profesionales y personal de apoyo empleado en el sector, con el consiguiente efecto añadido de incrementar el paro, principal problema de nuestra sociedad.

A juicio del Cormin, los ajustes presupuestarios de las administraciones públicas no pueden hacerse a costa de los sectores más vulnerables, que apenas tienen garantizadas unas condiciones mínimas de inclusión y acceso al ejercicio de derechos fundamentales. El sector social de la discapacidad está expectante y se mostrará vigilante y beligerante contra toda tentación de disminuir el ya muy precario grado de protección social vigente para este grupo de población.

Es necesario un compromiso público en favor de políticas e iniciativas que garanticen la plena ciudadanía de las personas con discapacidad. Debemos ser conscientes de que las decisiones que se tomen, justificadas en parámetros económicos, ponen gravemente en riesgo el estado del bienestar, aunque la versión que desde las administraciones se traslada a los medios de comunicación asegure garantizar un escrupuloso mantenimiento.

Propuestas

Estos son los nueve puntos cuyo cumplimiento, a juicio del Cormin, nos permitirían decir que nuestra sociedad no retrocede. En cualquier caso, lo que aquí proponemos no son sino derechos reconocidos por la Convención de la ONU firmada y ratificada por el Estado español y, por ello, derecho interno íntegramente aplicable en nuestro ordenamiento:

1.- Garantizar la plena ciudadanía de las personas con discapacidad en cuanto a la igualdad en el ejercicio de sus derechos.

2.- Seguir dando pasos firmes hacia el objetivo de la democracia deliberativa para todo lo relacionado con el sector de la discapacidad.

3.- Reconocer de facto la transversalidad que afecta a las políticas dirigidas a las personas con discapacidad, lo que supone, entre otras cosas, el inexcusable cumplimiento de la Ley Foral 5/2010 de Accesibilidad Universal y Diseño para Todas las Personas.

4.- Establecer un compromiso claro por la autonomía personal, como fórmula eficaz de prevención de la dependencia. Es un grave error desviar a la dependencia todos los recursos que corresponden a la discapacidad (la dependencia es una parte de la discapacidad).

5.- Desarrollar un nuevo sistema de financiación para las entidades sin ánimo de lucro que operan en el ámbito de la discapacidad en Navarra, un sistema que contribuya eficazmente a superar la precariedad en la que hoy se ven sumidas. El sistema actual pone en riesgo el papel trascendental desempeñado por las entidades del sector de la discapacidad, como actores que son de este colectivo, en la consecución del objetivo de su verdadera inclusión social.

6.- Establecer un compromiso firme por aplicar todas las medidas contenidas en el vigente Plan Integral de Atención a las Personas con Discapacidad, con la inclusión de las iniciativas que por razones presupuestarias quedaron sobre la mesa. Dicho compromiso debe contemplar además la negociación y puesta en marcha de un nuevo Plan Integral para el periodo 2014-2017.

7.- Poner en marcha un sistema integral de medidas dirigidas al fomento del empleo de las personas con discapacidad, en el que se tenga en cuenta la realidad de los centros especiales de empleo, el empleo con apoyo y la integración laboral en el mercado ordinario, el autoempleo, las cláusulas sociales en los contratos, etcétera.

8.- Garantizar la atención médica especializada para las personas con discapacidad, así como su acceso a los servicios sociales, bajo criterios de universalidad y subjetividad.

9.- Ejecutar medidas urgentes en materia de educación inclusiva, tanto en lo referente a la educación reglada como a la educación permanente de adultos.

El Cormin confía en que la sociedad navarra hará suyas estas reivindicaciones y contribuirá así de modo efectivo a la consecución de una sociedad realmente avanzada, solidaria y justa.