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Pagar la discapacidad con la dependencia, una trampa

las FAMILIAS se ven privadas de actividades de apoyo además de tener que ELEGIR ENTRE el ingreso EN CENTROS DE DÍA O ACOGERSE A ayudas

pamplona, patricia beorlegui - Viernes, 2 de Diciembre de 2011 - Actualizado a las 05:11h

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"la Administración no podría hacer frente a todo lo que los voluntarios hacen por las asociaciones: no tendría ni la posibilidad económica ni la de personal". Ésta es la idea general que se repite en diferentes colectivos de dependencia que se manifestaron ayer ante el Parlamento foral para expresar su rechazo al previsible recorte del 30% en ayudas a las asociaciones y a que se sacrifiquen partidas dirigidas a la discapacidad para financiar la Depedencia.

Los familiares de personas con gran dependencia que estén ahora en centros de día tendrán que elegir, antes del 15 de diciembre, entre el servicio de atención domiciliaria y la ayuda de 390 euros o los centros de día. "No se puede decidir entre meter a tu hijo en un centro de por vida o mantenerlo sin ayuda las 24 horas del día, con toda la atención que requieren. Son dos opciones complementarias: en horario, cuidados, afecto. Además, no hay centros para todos", explicó Teresa Sola, de Anfas. "Es mucha carga para las familias y, además, las vuelve más dependientes", añadió. Del mismo modo opinaba Isabel Urzainqui, de la Asociación de Síndrome de Down de Navarra: "Las familias no pueden costearlo todo".

Las personas discapacitadas precisan de atención constante para psicomotriciad, habilidades sociales, o atención temprana, entre otras demandas. Si se ven privados de los programas que hasta ahora se venían desarrollando, "supondrá un retroceso tremendo en su desarrollo, que a la larga será más caro para las instituciones públicas", indicó Sola.

Por su parte, José Luis Herrera, presidente de la Asociación de Daño Cerebral de Navarra (Adacen), añadió: "Hay muchas familias que se encuentran en una situación precaria y ahora tienen que elegir. No es fácil meter a tu hijo en una residencia y tampoco puedes cuidarle sin ayuda todo el día. La diferencia, de 390 euros, supone que la unidad de muchas familias subsista".

"Lo que nosotros hacemos es responsabilidad pública. Si nos recortan las ayudas, tendrá que hacerlo la Administración, y no podrá. La crisis no la podemos pagar siempre los colectivos más desfavorecidos", explicó Josean Villanueva, trabajador social de la Asociación de Esclerosis Multiple de Navarra (Ademna). "Es una enfermedad neurodegenerativa que es para toda la vida. Nosotros ofrecemos rehabilitación física: más de 3.000 sesiones de fisioterapia al año, logopedia, terapia ocupacional, atención psicológica y trabajo social. Además, tenemos un centro de día. Son prestaciones necesarias para mantener cierta calidad de vida", añadió. Pese a que aún desconocen hasta qué punto deberán reducir o incluso suspender sus servicios, aseguró que seguirán "peleando por mantener idéntico nivel de atención".

Ricardo López Domínguez, de la Asociación de Discapacitados Físicos de Tierra Estella (Amife), explicó que, aunque entiende que la crisis obliga a apretarse el cinturón, "no se puede recortar de cualquier sitio. No es que nos estén reduciendo un 30% en hacer cosas, sino el poder funcionar. Si nos vemos obligados a reducir o suspender servicios, sería dar un paso atrás en la discapacidad, en la no hay hecho ni un 10% de todo lo que podríamos hacer".

López explicó que, sin recursos, muchos de sus programas peligran: "Trabajamos por la eliminación de barreras y la accesibilidad de las personas afectadas a sus viviendas. Ofrecemos el servicio de un arquitecto, al que no podemos reducir el sueldo un 30. Las asociaciones trabajamos sin ánimo de lucro, de manera voluntaria, y abarcamos varios campos. Hay mil cosas que la Administración, por sí misma, no podría hacerlas".

La Asociación de Fibromialgia de Navarra, Afina, se sumó a las peticiones de sus compañeros: "Recortar supone recortar los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad. Al final, supone un deterioro de sus condiciones sociales", explicó Jokin Espinazo, presidente de Afina. "Estas políticas generales pueden, a corto plazo, ser un ahorro en la reducción de presupuestos pero, en la práctica, no será tan real, porque, ¿de dónde se sacará el dinero y los medios para esas miles de personas con derecho a atención?", añadió.

Los recortes asimismo tendrán consecuencias laborales: "Va a haber más de 60 personas, trabajadoras sociales que elaboran proyectos en las entidades para lograr recursos, que van a tener que ser despedidas", indicó el presidente. Afina también se enfrenta a problemas desconocidos: "Con el tema de la crisis y los retrasos en el pago de la renta básica, nos vienen casos que hasta ahora no recibíamos: personas que no tienen ningún recurso y sufren esta patología. Tenemos una demanda que no podemos cubrir, y estas mujeres van a quedarse excluidas".

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