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Auditar unas cuentas reales muy opacas

La Casa Real desglosa el gasto de parte de los 8,4 millones que recibe cada año y que son sólo un fragmento del coste público de mantener la Monarquía, un elemento político anacrónico en una democracia avanzada del siglo XXI

Jueves, 29 de Diciembre de 2011 - Actualizado a las 05:09h

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lA denominada Casa Real publicó ayer por primera vez en los últimos 35 años una parte del desglose de gasto de los casi 8,4 millones de euros que recibe anualmente la familia de Juan Carlos de Borbón. Un paso forzado en buena parte por el creciente malestar social que está originando el presunto caso de corrupción que implica a Iñaki Urdangarin y a Cristina de Borbón. Y no es la primera vez que la familia Borbón aparece en los medios de comunicación vinculada a negocios de más que dudosa legalidad impulsados desde su condición de poder. Sin embargo, la información suministrada ayer, pese a la expectativa levantada en los últimos días, apenas desveló el supuesto salario de Juan Carlos de Borbón -al parecer, inferior al de Barcina en 2010-, y de su hijo Felipe y de una forma aún poco clara el gasto en personal y en la partida destinada a servicios. En todo caso, los 8,4 millones de euros que recibe cada año la familia Borbón de los Presupuestos del Estado son un parte mínima del montante total con que se financia la institución monárquica en España, desde las partidas públicas destinadas a la conservación del Patrimonio que utiliza la familia real a los millones que prevé el Ministerio de Administraciones Públicas como apoyo a la gestión de la Jefatura del Estado o a los que destina Exteriores para viajes y demás. Durante años, miles de millones de euros de dinero público que se han gastado libremente, sin someterlos a control y sin dar cuentas a nadie. Más que esta operación de maquillaje limitada, si lo que se pretende es poner fin a décadas de oscurantismo y falta de transparencia democrática, como mínimo, sería exigible una auditoría independiente que tasase tanto el conjunto de las propiedades y bienes de la familia Borbón, como el alcance de sus negocios privados y el uso real que se hace de los millones de euros que cada año le concede el Estado en diversas partidas presupuestarias. La justicia debe hacer su trabajo en la investigación de los negocios de Urdangarin y Cristina de Borbón si se quiere preservar los mínimos básicos de una democracia avanzada del siglo XXI. Pero ello no evitará que la Monarquía sea un elemento político anacrónico, extemporáneo e inasumible en un sistema de valores democráticos -más aún si consolida un sistema de negocios y prebendas pseudofeudal-, y que esa percepción alcance cada vez un mayor peso en la opinión pública, como refleja la encuesta del CIS, sobre todo en Navarra o la CAV.

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