Presupuesto inadmisible: retroceso en los derechos

Las 17 asociaciones y 1 federación que integramos el Cormin (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra) consideramos que los presupuestos aprobados el día 22 de diciembre pasado por el Parlamento de Navarra para 2012 es inaceptable, ya que supone un grave retroceso en los avances logrados en materia de discapacidad en la Comunidad Foral durante los últimos años. Pero además, pone de manifiesto una profunda incoherencia entre el discurso de los partidos gobernantes y sus actuaciones, ya que el compromiso reflejado en su acuerdo de gobierno en favor de "mejorar y potenciar las políticas sociales y el desarrollo del estado de bienestar" y "asegurar la financiación de las entidades sin ánimo de lucro que intervienen en la prestación de servicios a la dependencia" queda ahora desmentido con un recorte, respecto a 2011, en torno a los 3 millones de euros en las partidas relacionadas con la discapacidad.

Este Gobierno, que por voz de su consejera de Política Social, Dª Elena Torres Miranda, en carta dirigida a todas las entidades del sector de la discapacidad, aseguraba recientemente que "se mantienen las políticas sociales porque nuestra prioridad son las personas", a la vez que anunciaba un recorte presupuestario del 3,3% (cuando en la práctica casi se ha multiplicado por 10), es el Gobierno que ha decidido, por ejemplo, la eliminación total de algunas partidas presupuestarias básicas. Es el caso de las ayudas técnicas a personas dependientes, la renovación de la flota de transporte adaptado y asistido, y el programa de vacaciones para personas con discapacidad, partidas que desaparecen por completo merced a un recorte que ronda el medio millón de euros.

Comparándolos con el 2011, los presupuestos para 2012 contempla en el Departamento de Política Social una reducción del 23% en las subvenciones a las asociaciones, recortándolas nada menos que en 853.444 euros. Esta drástica rebaja tiene un efecto demoledor: compromete la prestación de servicios de responsabilidad pública por parte de nuestras entidades sin ánimo de lucro, echando por tierra una implicación que históricamente ha supuesto un notable ahorro para las arcas públicas.

Además, se reducen, en porcentajes que van del 20% al 75% y superan en conjunto los 564.000 euros, las líneas de ayuda mediante convenios para la realización de actividades en beneficio de las personas con discapacidad, y se establece una merma significativa en programas ya afectados por recortes en los últimos años, como son el de asociacionismo, el de voluntariado -que cuenta con un 67% menos- o los centros ocupacionales.

Empleo, salud y educación

Pero la discapacidad es pagana también de los recortes en otros departamentos. Precisamente en una época en la que todos aseguran coincidir en la necesidad de activar el mercado laboral, la propuesta de presupuestos planea,

por ejemplo, quitar un millón de euros a la reserva para los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o rebajar hasta en un 33% las cuantías destinadas a ayudas al empleo con apoyo y a la integración en empresas ordinarias. Estas decisiones agravarán una situación ya de por sí escandalosa a causa del escaso cumplimiento de la actual legislación sobre discapacidad y empleo por parte de numerosas empresas y la mayoría de las administraciones públicas.

De la misma forma, en el Departamento de Salud las subvenciones para los programas de salud de las asociaciones se han reducido en 14.000 euros, y en el de Educación se ha recortado en un 10% (casi 4.000 euros) la ayuda a los centros privados concertados de educación especial.

Proceso de devaluación

Los recortes presupuestarios son una vuelta de tuerca más en un proceso de devaluación de derechos. La Cartera de Servicios Sociales de Navarra, calificada en su propia introducción como "el avance social más importante de la pasada legislatura", ya sufrió recientemente mermas con la aprobación del decreto sobre medidas para el cumplimiento del objetivo de déficit y la nueva normativa de incompatibilidad entre diversas prestaciones y servicios en el área de atención a la dependencia.

Esta modificación conlleva, por ejemplo, que quien perciba la prestación para acudir a un centro de día no pueda ser beneficiario de una ayuda económica por permanencia en domicilio. Olvida, pues, que se trata de prestaciones de naturaleza absolutamente complementaria y oculta que tras un supuesto ahorro -mínimo y basado, dicho sea de paso, en la merma de la calidad de la atención- podría desencadenarse un encarecimiento incontrolable al provocar el ingreso masivo en residencia de quienes no puedan ser atendidos con una sola prestación.

La devaluación de derechos y el descenso en la calidad de la atención se reflejan también en la identificación unívoca que hace la Administración de los conceptos "discapacidad" y "dependencia". La dependencia es discapacidad, pero no es toda la discapacidad, y por tanto no aceptamos que para dotar de sus obligados recursos a la dependencia se supriman las también necesarias partidas dirigidas a la discapacidad no dependiente.

El incumplimiento de muchos de los compromisos establecidos en el Plan Integral de la Discapacidad aprobado en 2010 es un ejemplo más. Considerado entonces un hito en la historia de los servicios sociales de Navarra y avalado en su elaboración por la participación activa del Cormin, es hoy un rosario de comisiones y órganos sin constituir, medidas sin aplicar, estudios e investigaciones comprometidas sin realizar… Y ahora llega el recorte presupuestario.

Compromiso con la discapacidad

Ante esta situación, apelamos al Gobierno y a los partidos que lo conforman a comprometerse públicamente con la discapacidad, compromiso que tenga su correspondiente dotación presupuestaria que vele por la igualdad de oportunidades, mantenga los servicios destinados a nuestro colectivo, no destruya empleo y garantice que la vida de cada persona con discapacidad sea digna. A esto se comprometieron en la campaña electoral, no hace más de 8 meses. Somos conscientes del contexto actual de crisis, pero estamos firmemente convencidos de que en situaciones como la actual es cuando hay que establecer claramente las prioridades. Por todo ello, solicitamos un compromiso que garantizará la paz social con un colectivo que no tiene ningún interés en embarcarse en disputas con su gobierno, que anhela mantener la fluida, estrecha, constructiva y colaboradora relación que ha tenido hasta el momento con sus gobernantes, pero que no puede dejar de reivindicar sus necesidades y derechos.

Entendemos que el "ahorro" de aproximadamente 2 millones de euros -algo más de 3 millones si se incluye lo referente a empleo- no compensa el coste social que va a conllevar y que supondrá, entre otras, la pérdida de unos 50 puestos de trabajo directos en las asociaciones y de centenares de puestos en los servicios dirigidos al empleo de las personas con discapacidad, el colapso de la red de servicios públicos actuales, el incremento de gastos mayores, un paso atrás en la conquista de derechos y una sensación de indefensión en los miles de personas con discapacidad navarras y sus familias que les lleve a movilizarse.

Es con planteamientos como el que hacemos con los que de verdad, entre todos, vamos a seguir haciendo que el Estado de bienestar -o como sugiere denominarlo la filósofa Adela Cortina, el Estado de justicia- sea una realidad en Navarra. No destruyamos el consenso y los principios y valores que pueden hacer que nuestra Comunidad sea cada vez más justa, inclusiva y solidaria.