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Editorial

La involución judicial del PP

La reforma que anuncia Gallardón refleja unilateralidad y desprecio del consenso y la pretensión de readecuar esa esfera de poder a su ideología conservadora y a los intereses corporativos del sector más reaccionario de la judicatura

Viernes, 27 de Enero de 2012 - Actualizado a las 05:08h

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LA reforma anunciada por Gallardón, con afección a varias leyes, incluida la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, radiografía el talante y la pretensión con que una de las derechas más conservadora de Europa ha llegado al Gobierno español, un talante de unilateralidad que desprecia el consenso parlamentario a lomos de su mayoría absoluta y la pretensión de readecuar las estructuras del Estado a su ideología, de la que el triunfo electoral ha borrado cualquier atisbo de centralidad. Así, el pago de tasas a la hora de recurrir, la reforma de la ley del menor para juzgar a estos como adultos en caso de delitos graves, la instauración de una suerte de cadena perpetua a través del eufemismo de la "prisión permanente revisable" y la propia reforma del sistema de elección de los vocales miembros del Consejo General del Poder Judicial suponen una regresión evidente respecto a los principios de universalidad, independencia e igualdad de la justicia. También, y aunque el PP pretenda anunciarlo como un intento de despolitización de la Justicia, constituye el intento de los sectores más reaccionarios del PP por seguir controlando el Poder Judicial, que han venido utilizando, tanto en su anterior paso por el gobierno como desde la oposición, en virtud de sus propios intereses políticos. Gallardón no solo desprecia el consenso con que se establecieron los mecanismos de elección de miembros del CGPJ, sino que lo hace desde la consciencia de que otorgar la potestad de elección a los jueces -en realidad, a las asociaciones de jueces pese a que la mitad de los magistrados no están afiliados a ninguna- supone desvirtuar la soberanía popular y el control parlamentario para perpetuar el control de la Justicia por el ala más conservadora de la misma en virtud de la mayor penetración de la Asociación Profesional de la Magistratura (con el 60% de la afiliación) y como consecuencia de la escasa, por no decir nula, regeneración de las estructuras, vicios y servidumbres que el franquismo dejó y aún perviven en un corpus judicial en el que la transición sigue, y al parecer seguirá, pendiente. La reforma que plantea Gallardón, en definitiva, adolece de una absoluta parcialidad ideológica que le impide ser la reforma necesaria para adaptar la legislación y la aplicación de esta a las nuevas circunstancias políticas y exigencias sociales, incluida la gestión del fin de la violencia de ETA.

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