UPN, PSN y PPN vetan compatibilizar las ayudas en el hogar para dependientes

pamplona. La comisión de Política Social rechazó ayer -con los votos de UPN, PSN y PPN en contra, y a favor de I-E, NaBai y Bildu- una moción que tenía como objeto instar al Ejecutivo foral a mantener la compatibilidad de ayudas a la dependencia. La moción, presentada por I-E, instaba al Gobierno a mantener vigente la compatibilidad de ayudas a la dependencia anteriores al Decreto Foral de 6 de octubre de 2011, que niega la ayuda económica en domicilio de personas dependientes con el servicio de centro de día. La consejera de Política Social Elena Torres defendió ayer la medida adoptada que hace incompatibles prestaciones que, hasta el año pasado, unas 350 familias percibían de forma complementaria para el cuidado de personas dependientes dentro y fuera del hogar, aduciendo que "la obligación" del departamento es "repartir los recursos de la manera más equitativa, justa y solidaria posible". Señaló al respecto que había personas con dependencia que tenían hasta cinco prestaciones compatibles: teléfono de emergencia, ayuda económica para el cuidado en el entorno familiar, transporte adaptado, atención en centro de día y servicio de atención domiciliaria. Una de las incompatibilidades es la ayuda al domicilio y el centro de día, salvo para menores de 18 años, porque se entiende, dijo, que "la atención que iba a recibir en casa la recibe en ese centro". El Gobierno ha priorizado, en este tema, saldar la deuda con las 849 personas dependientes a las que se les debía, algunas desde el 2009, 3,5 millones en concepto de Prestaciones Vinculadas al Servicio, es decir, ayudas que paga el Gobierno para financiar el coste de plazas privadas al no poder garantizar una pública en la zona. "De modo que había personas que disponían de hasta cinco prestaciones y otras, aún teniendo derecho, no estaban cobrando nada de lo que les correspondía", indicó.

Recordó además que el Estado sólo financia por cada persona con dependencia el mínimo establecido, independientemente de cuántas prestaciones reciba. Madrid paga solo por una prestación y el mínimo. El resto corre a cargo de cada comunidad autónoma y del perceptor en función de su capacidad económica. "Por tanto, en Navarra estamos ofreciendo más prestaciones que las establecidas por ley, y seguimos pagando la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar de los grandes dependientes y los severos por un importe muy superior", indicó. Puso como ejemplo que un gran dependiente nivel I, en función de su capacidad económica, en el resto de comunidades podría cobrar como máximo 416 euros, mientras que en Navarra son 542 euros. Y el mínimo que establece el Estado es de 181 euros al mes y en Navarra de 280. En el caso de las personas con discapacidad, además de las prestaciones que por su grado y nivel de dependencia les corresponda, las familias reciben 1.000 euros al año en concepto de hijo a cargo. Y, cuando el hijo cumple 18 años, en función de sus recursos la persona con discapacidad pasa a tener una pensión no contributiva por ese concepto. El mínimo que recibe un adulto al año son 6.256 euros, sin perjuicio de que tenga derecho a una pensión.

"injusta" La moción fue defendida por Txema Mauleón, de I-E, rechazó la decisión del Gobierno por considerarla "injusta, insolidaria y antieconómica" y recordó que tener a estas personas en una residencia supondría un coste seis veces superior para la Administración. "No se puede detraer recursos de unos para otros que también lo necesitan", precisó. Apoyó la iniciativa Xabi Lasa (NaBai) que sostuvo que es "evidente que hay personas que necesitan atención 24 horas, el servicio de atención domiciliaria y la asistencia a un centro de día", por lo que se ha preguntado "si el servicio es compatible por qué la ayuda va a ser incompatible". Esta situación va a suponer una "sobrecarga del trabajo de las familias". También el portavoz de Bildu, Bikendi Barea, justificó su postura a favor aludiendo, entre otras cuestiones, las garantías del estado de bienestar. En el turno en contra, el portavoz de UPN, José Antonio Rapún, quien tras recordar que fue su partido el que puso en marcha la Ley de Dependencia en Navarra e hizo compatibles "un montón de prestaciones cuando en otras comunidades no lo son", aludió a la lealtad a un pacto de gobierno y a la coherencia política para justificar su voto. La portavoz del PSN, Mª Victoria Arraiza, dijo entender "el disgusto y la disconformidad" de los afectados, pero ha considerado que "los pilares del Estado de Bienestar no van a derrumbarse porque haya unas prestaciones que no son compatibles". Del PPN, Enrique Martín, resaltó que en todas la comunidades hay un régimen de incompatibilidades y en todas hay excepcionalidades. "Ahora Navarra dejará de ir muy por delante", dijo.