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Los discapacitados impugnan "la vulneración" de derechos ante los recortes en la dependencia

alegan que la orden foral que regula las nuevas ayudas en domicilio es "inaceptable"

Cormin y Feaps destacan la "inseguridad jurídica" de esta prestación y el "ahorro" que supone el cuidado en casa

ana ibarra - Jueves, 2 de Febrero de 2012 - Actualizado a las 05:08h

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pamplona. Sin olvidar que se trata de "un nuevo ataque a los colectivos más débiles" -tras sucesivos recortes sociales- el comité ejecutivo del Cormin acordó ayer impugnar la orden foral del 31 de enero que regula las nuevas ayudas económicas para atender a personas dependientes en el domicilio familiar. Prestaciones que sufren este año una merma entre el 11% y el 39%, dependiendo del nivel de dependencia y de renta per cápita, una medida que afecta a la totalidad de las 5.427 familias beneficiarias quienes, por otro lado, conocieron este mismo lunes la rebaja de sus cuantías al poner al día su libreta bancaria. La plataforma que aúna los intereses de 32 entidades del sector de la discapacidad consideran "inaceptable" la medida que afecta, señalan, a perceptores y sus familias, por lo que la recurrirán ante el TSJN. En primer lugar, porque "restringe derechos subjetivos de las personas dependientes", tiene efectos retroactivos y, aducen, que algunos contenidos son contrarios a lo regulado en la ley foral 15/2006 de Servicios Sociales, y al decreto del 2008 que aprueba la Cartera de Servicios. Además, insiste en regular "incompatibilidades en las prestaciones", como ya se hizo en la orden foral 103/2011 también impugnada. Y porque vulnera, añaden, los derechos de algunos ciudadanos para "ser cuidadores principales de personas dependientes por razones de edad, discapacidad o condición". En este sentido, la orden foral destaca que "una persona valorada en situación de dependencia o de edad avanzada no debe ser la cuidadora principal de otra persona en situación de dependencia salvo que existan apoyos complementarios".

También cuestionan desde el Cormin la discriminación de perceptores por las "características constructivas que presente su vivienda", en relación a las nuevas condiciones de accesibilidad. Y, finalmente, alegan que los requisitos económicos difieren de lo que regula la legislación básica estatal en la materia.

inseguridad jurídica Indignación y confusión son las principales reacciones que ha suscitado la nueva "redistribución" de los recursos de la dependencia, como la define el departamento de Política Social. Según Javier Miranda, responsable del Cormin, se produce una "inseguridad jurídica permanente" ante una prestación garantizada y por razones "meramente económicas".

Eugenia Oroz, gerente de Feaps Navarra, critica que el recorte se ha aplicado con "nocturnidad y alevosía, y con serias dificultades para entender una orden foral en la que ni siquiera aparecen las cantidades económicas". La normativa tiene en cuenta además el cobro de otras prestaciones sociales como las que se perciben de la Seguridad Social por tener hijos a cargo (por ejemplo, mayores de 18 años y con discapacidad mayor del 65% cobran 347,60 euros al mes, y si es mayor con discapacidad de más del 75% de 521,40 euros). "Se olvida, por ejemplo, que existe un vacío para aquellas personas mayores de 18 años con una discapacidad de entre el 33 y el 65%", remarca. Según un estudio realizado por la Confederación Nacional de Feaps, en 2009 en la Comunidad foral había unas 3.900 personas con discapacidad intelectual de las que el 87% vivían con sus familias y sólo un 13% en centros residenciales. En dicho estudio se valoró que las familias realizan un alto "sobresfuerzo económico" que oscilaba entre los 575 euros (casos leves) y los 31.244 euros (casos severos en casa). Resulta "paradójico" que el Gobierno prefiera pagar, indica, el coste de una plaza residencial que supera los 4.000 euros "cuando la permanencia en el hogar supone un ahorro muy claro, por no hablar que en el tema residencial estás potenciando por otro lado al sector privado porque la mayoría de plazas son concertadas". Destaca además, en relación a la incompatibilidad entre la ayuda para la atención en domicilio y el acceso a centros de día que resultaba "un binomio que funcionaba muy bien" y, en especial, "el trinomio que incorpora el SAD". La discapacidad intelectual es un colectivo, además, donde hay personas de todas las edades, desde las más tempranas y, hasta que no son mayores, se procura su permanencia en el hogar, subraya.

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