Los efectos de la crisis y la gestión de UPN ahogan el gasto presupuestario en Navarra

PAMPLONA. Poco tiene que ver la Navarra de hoy con 2006. La crisis ha revuelto los cimientos sociales y económicos de la comunidad hasta niveles inesperados. Nada ni nadie se ha librado. Tampoco el presupuesto público, muy distinto hoy al de hace siete años. La cifra general de gasto, 3.597 millones en 2013 frente a los 3.380 de 2006, es el único paralelismo entre dos proyectos dispares preparados para dos contextos económicos muy diferentes.

Un dato al que se ha agarrado el Gobierno de Navarra para restar importancia a los recortes aprobados los últimos meses en un intento de buscar la complicidad del PSN, reacio a dar su apoyo a un programa de inversión que en la práctica le hace corresponsable de los ajustes que habrá que aplicar durante el próximo ejercicio. "El techo de gasto de 2013 es muy similar al ejecutado en 2006. Por ello, podemos hablar con total garantía de que se van a mantener los servicios públicos", defendía esta semana la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, en términos similares a los que en su defensa de los Presupuestos ha empleado también la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea.

No obstante, y aun siendo cierto que el gasto final previsto para 2013 en términos globales es muy similar al de 2006, el análisis detallado de las cuentas apunta en la dirección contraria. Lo que hace siete años era un proyecto expansivo en plena bonanza económica, sin perspectivas negativas que invitaran a la prudencia, es hoy un ajuste permanente de todas aquellas partidas que ofrecen margen de recorte, y que cada vez son menos. Toda una revolución en la política presupuestaria llevada a cabo sobre la marcha, y muchas veces impuestas desde Madrid. Cuya dimensión aumenta si se tiene en cuenta que en los últimos siete años la población entre la que hay que repartir el gasto público se ha incrementado en 42.000 personas, y que desde 2006 el IPC suma un acumulado del 16,4%.

Gasto estructural Más allá del acierto o no de las inversiones realizadas durante los años de bonanza, mucha de la obra pública de los últimos años ha dejado un gasto estructural que empieza a lastrar la capacidad de inversión en un momento en el que escasean los fondos públicos. Es el caso de los intereses generados por la deuda acumulada los últimos años, y que en el ejercicio de 2013 supone ya cerca de 92 millones. O del canon para pagar las infraestructuras financiadas con la fórmula de peaje en sombra, que ha aumentado un 877%, y que supone ya 56 millones al año. Ambas partidas, prácticamente inexistentes en 2006, significan ya el 4,6% del presupuesto.

De hecho, las partidas que más aumentan son precisamente las estructurales, aquellas que el Gobierno necesariamente tiene que atender y a la que resulta difícil meter la tijera. La apuesta por nuevas y grandes infraestructuras, por ejemplo, ha aumentado el gasto en mantenimiento (61%) y limpieza (106%). Durante estos años también ha crecido la aportación al Estado (15,3%) los servicios informáticos (74%), los fármacos (111%) e incluso en los conciertos con asistencia sanitaria privada (60%). Solo estos seis ejemplos suponen un aumento presupuestario de más de 150 millones.

La propia crisis económica ha exigido también el aumento de algunas inversiones sociales, como la renta básica, que el Ejecutivo foral llegó a reformar para reducir los perceptores, y que ha pasado de 5,4 millones en 2006 a 28 en 2013. También ha crecido la partida de dependencia (de 77 a 134 millones) y la parte que el Gobierno foral aporta a las pensiones (de 57 a 88 millones).

Los recortes Sin embargo, son muchas más las partidas recortadas. La apuesta por la austeridad y los límites de déficit fijados por el Estado han llevado al Ejecutivo autonómico a ajustar en todo lo posible. Nada se ha librado de los recortes. Ni siquiera las políticas de empleo, que se han visto reducidas en un 18% estos últimos años, la política industrial (-73%), o el I+D+i (-14%). Cuestiones que, en principio, podrían parecer prioritarias en un momento de recesión económica. Algo similar ocurre con la obra pública, medida principal durante los primeros años de la crisis, y ahora reducida prácticamente en exclusiva al TAV; la tradicional apuesta por la vivienda, que con el pinchazo de la burbuja se ha reducido en un 66%; así como las partidas de agricultura y ganadería (-26%), comercio, turismo y pymes (-56%) o la cooperación al desarrollo (-68%).

Dando incluso a modificaciones que cuando menos podrían definirse como curiosas, como el aumento de 11,3 millones del gasto en orden público (Policía Foral), la misma cantidad que se ha detraído de Protección Civil y extinción de incendios. De hecho, pocas partidas se salvan de un recorte que ha afectado de forma notable a las transferencias de capital a entidades locales, empresas y particulares, que han visto reducidas en 355 millones las ayudas recibidas por la Administración foral.