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En la Champiñonera pueden surgir más hundimientos "a medio y largo plazo"

así lo dicen peritos en la sentencia que 0bliga a Tudela a pagar 450.800 euros a obenasa

El TSJN llama la atención varias veces sobre el hecho de que el proyecto no contara con un estudio geotécnico

fermín pérez-nievas - Viernes, 28 de Diciembre de 2012 - Actualizado a las 05:10h

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Vista de la pérgola del parque de la Champiñonera. (F.PÉREZ-NIEVAS)

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tudela. El proyecto del parque en la Champiñonera tenía que haber contado con un informe geotécnico antes de que se iniciaran las obras porque, según afirman los testigos-peritos expertos en geología, "existe una problemática viva que aún no ha terminado y pueden surgir hundimientos en zonas ajardinadas y en pavimentos a medio y largo plazo; incluso se habla de posibles hundimientos que pudieran afectar a los niños que usen el parque infantil allí construido". Éstas son dos de las conclusiones del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ha condenado al Ayuntamiento de Tudela a pagar 450.804 euros a la empresa constructora, Obenasa, más de 388.404 euros por trabajos no abonados y otros 62.400 por la devolución que se le impuso por demora en la entrega del parque, algo que el tribunal no reconoce. Además, el Ayuntamiento deberá abonar los costes del litigio.

empeño de UPN La sentencia no acepta ninguna de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Tudela y estima que la responsabilidad es del Consistorio tanto en la demora como en los problemas que ha dado la construcción del parque de la Champiñonera.

Este parque fue un empeño del grupo municipal de UPN, y de la entonces edil de Urbanismo, Mariví Castillo, con el que no estaban de acuerdo ninguno de los partidos de la oposición. La propuesta inicial estimaba un coste de 1,6 millones de euros pero terminaría suponiendo un gasto de más de 2,3 millones de euros.

El TSJN llama la atención, haciendo caso a lo que señalan la mayoría de los peritos, sobre el hecho de que el proyecto ganador y admitido por el Ayuntamiento de Tudela no contuviera estudio geotécnico. "Si no constaba un estudio geotécnico, como se ha acreditado, la pregunta es ¿no tendría la Administración municipal como promotora de las obras y como promotora del contrato de asistencia para la redacción del proyecto, que haber supervisado la no existencia de este estudio? ¿Dónde estaban los servicios municipales?". Por estas razones el perito judicial señala que "la mayor parte del retraso no es imputable a la contratista", por lo que no condenan a la cantidad total que solicitaba Obenasa (621.000 euros) y mantiene la sentencia que ya dictara el TAN en diciembre de 2011.

El perito judicial argumentó que "el hundimiento de los túneles de la Champiñonera es claro que no es un problema de ejecución de la obra. Cabe esperar la progresión de los daños existentes o nuevos daños", y añadía que "es comprensible que no se considerase necesario la realización de este informe dado que las cargas peatonales son muy pequeñas y no había estructuras importantes. Sin embargo, los hechos demuestran que la seguridad de las bóvedas y la estabilidad de los pavimentos no estaban garantizados". Por todo ello concluye que se debe a "deficiencias graves del proyecto".

456 días de retraso Los trabajos tendrían que haber durado seis meses, pero después de firmarse el contrato en septiembre de 2006, se recibió el parque en mayo de 2009. El Ayuntamiento le imputó a Obenasa una multa de 150 euros de penalización por cada uno de los 456 días de retraso. El TSJN no justifica esta multa y obliga a devolver también los 62.400 euros.

Desde I-E recordaron ayer que desde un principio se opusieron al proyecto por su emplazamiento y por su coste. Ayer, en un comunicado apuntaban la necesidad de "estudiar las posibles responsabilidades del proyectista y dirección de obra", y recordaban que ya avisaron de que ese terreno podría dar problemas. "No somos profetas, solo usamos el sentido común del que parece carecer el equipo de gobierno". Con respecto a los 480.000 euros que I-E calcula habrá que pagar añaden que "la sentencia llega en un momento en el que el Ayuntamiento prepara nuevos recortes de personal y servicio. Mientras, seguimos pagando inversiones mal realizadas, y ésta ha costado 2.343.000 euros. Los sopapos judiciales son más duros si cabe, cuando las inversiones son tan injustificables".

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