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obvian el art. 40 de la Ley General Audiovisual

UPN y PP vuelven a arremeter contra la captación de ‘ETB’ y ponen trabas a la solución legal

Los grupos de la derecha se escudan ahora en ver una ilegalidad en la regularización amparada por convenio

Ambos partidos obvian en su embate el art. 40 de la Ley General Audiovisual

A. Irisarri - Viernes, 9 de Septiembre de 2016 - Actualizado a las 06:08h

Las consejeras de la CAV y Navarra, Cristina Uriarte y Ana Ollo, firmaron el convenio el 15 de julio.

Las consejeras de la CAV y Navarra, Cristina Uriarte y Ana Ollo, firmaron el convenio el 15 de julio. (Bergasa)

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pamplona - Con una fijación tan obsesiva como previsible, la derecha navarra volvió ayer a hacer frente común contra ETB, cuya señal volverá a los hogares navarros a partir del día 22 de septiembre.

Un día después de que el Gobierno de Navarra anunciase la medida, tanto UPN como el PP se han apresurado a cargar las tintas contra la decisión amasando la tesis de que el Ejecutivo foral “se salta la ley para favorecer a ETB” al reservar el espacio libre que ha dejado Vaughan Radio SL al renunciar, el pasado 4 de agosto, a la licencia televisiva con la que operaba la cadena de aprendizaje en inglés en el múltiplex autonómico de Navarra. De hecho, la formación regionalista hizo público ayer un comunicado en el que critica que el Gobierno foral “se ha saltado la ley para favorecer a ETB” en un proceso que califican como “plagado de ilegalidades, falsedades y ocultaciones” y exige a la presidenta Uxue Barkos que convoque mediante el órgano procedente un concurso público para cubrir el ancho de banda que también ocupan los dos canales de Navarra Televisión y Nafar Telebista.

UPN, que en abril interpuso una denuncia ante el Ministerio de Industria denunciando que ETB podía verse en Navarra y que forzó el cese de las emisiones, critica que el Gobierno “vuelve a optar por tirar por las bravas” y “se apresure a ceder la licencia a la televisión pública vasca, impidiendo que otros operadores puedan optar a la adjudicación de la licencia”. Un punto en el que también se unió el PP, cuya portavoz parlamentaria, Ana Beltrán, aseguró ayer que su partido no está en contra de que ETB pueda verse en Navarra, pero “siempre y cuando sea de manera legal y no perjudique a los operadores navarros”, aspecto que una inspección técnica del Gobierno de Navarra descartó en su día.

amparo jurídico Sin embargo, tanto UPN como PP obvian en sus comunicados que la Ley General Audiovisual desarrolla en sus artículos 40.2 y 40.4 el marco legal que permite la reserva y difusión de ETB en Navarra. Por una parte, el punto 40.2 habilita a las comunidades autónomas a la reserva del espacio en el espectro radioeléctrico para servicios públicos de televisión digital, mientras que el apartado 40.4 detalla que “la emisión de un servicio público de comunicación audiovisual de una Comunidad limítrofe y con afinidades culturales y lingüísticas podrá ser efectuada siempre que así lo acuerden mediante convenio y exista reciprocidad”.

Dos puntos que aseguran la legalidad de la medida, sobro todo atendiendo a la cronología posterior al 3 de mayo, fecha en la que ETB anunció el cese de emisiones en Navarra tras la denuncia regionalista interpuesta en Madrid. Siete días después, Comunidad Foral y CAV suscribían un protocolo de colaboración en diversas materias, entre las que se incluía la captación del ente público vasco, cuyo marco legal quedó definitivamente sujeto cuando las consejeras del ramo de ambos territorios -Cristina Uriarte y Ana Ollo- rubricaron, el 15 de julio, el convenio de captación de ETB que faltaba para cumplir con todas las especificidades que marca la ley.

Por eso, y tal y como aseguran fuentes del Gobierno de Navarra, la decisión cumple con el marco jurídico vigente, al tratarse ETB de un ente público de una comunidad limítrofe con la que se comparten vínculos lingüísticos y culturales, y con la que hay firmado un convenio específico en vigor, tal y como especifica la ley.

La situación hubiese sido diferente -apuntan las mismas fuentes- si la operadora hubiese sido privada, ya que entonces la ley dictamina que se tiene que producir un concurso público.

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