La juez archiva el caso de los cursos de formación y abronca al PP

Niega que existera una red de clientelismo político del PSOE como dijo Alaya, que acusó 24 ex altos cargos

Miércoles, 12 de Octubre de 2016 - Actualizado a las 06:07h

sevilla- La juez María Núñez Bolaños archivó ayer la pieza política de los cursos de formación, en la que hay acusados 24 ex altos cargos del PSOE, en un auto en el que critica la actuación del PP-A como parte personada y a la Unidad Central Operativa (UCO) por la instrucción del caso. La titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla coincide con la petición de la Fiscalía Anticorrupción de archivar la causa así como con la afirmación de que no existía la red de clientelismo político, como sostuvo la juez que abrió la causa en 2014, Mercedes Alaya.

En su resolución, la instructora considera que “no revisten el carácter de delito” de malversación ni de prevaricación los hechos investigados sobre las “presuntas irregularidades” en la concesión, gestión, justificación y liquidación de los fondos públicos destinados a acciones formativas para el empleo entre 2009 y 2012.

Respecto a la inexistencia de la red de clientelismo político, la juez señala que de las más de 18.000 subvenciones otorgadas, el PP-A encontró que 39 empresas tienen alguna vinculación con el PSOE. En este sentido, la instructora afirma que “no resulta significativo que el PP-A encuentre” esos vínculos con “ex miembros del Gobierno andaluz o del PSOE o familiares de éstos o amigos de éste o del familiar”. Además, añade que es “poco probable, por no decir inverosímil”, que participaran en esa presunta trama de red clientelar tanto la dirección general de Formación como los delegados provinciales así como los funcionarios de los servicios centrales y de las delegaciones.

crítica a la Guardia CivilLa instructora califica como “impertinentes e inútiles” las peticiones que ha hecho el PP en septiembre pasado de nuevas diligencias de investigación, y señala que no existe razón o causa para que dicte el auto de archivo a pesar de la recusación administrativa que han presentado contra ella.

La juez alude al “error del que se parte cuando se dice por la UCO que una subvención no está justificada. Partiendo de este error lo demás no es sino redundar en nuevos errores”. “No todas las subvenciones que dice la UCO no estar justificadas efectivamente no lo están, el fraude no es sinónimo de prevaricación o de malversación, el menoscabo de fondos públicos tampoco”, subraya. - Efe