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España de siempre...

Por Mikel Sorauren - Miércoles, 11 de Enero de 2017 - Actualizado a las 06:06h

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Que haya estallado el conflicto entre la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el Gobierno español no debería suponer sorpresa para quienes se consideran navarros consecuentes. Queda patente la falsedad de un sistema político -el instaurado tras la muerte de Franco en la denominada transición- que se revela como una fase más del amedrentamiento de esta insignificante autonomía y el desmantelamiento de las exiguas competencias que quedaron del sistema foral del extinguido Reino de Navarra, sistema jurídico que llevaba a afirmar a muchos observadores europeos que aquella entidad política era independiente de España en la práctica. En ningún caso estoy reclamando la recuperación de aquel estatus. A decir verdad, no veo razón, puesto que es evidente que no sirvió para garantizar lo que constituía, sin ninguna duda, la mayor aspiración de los navarros en toda época histórica, el ser dueños de sus destinos, sin ligazones con otros estados ni interferencias extrañas. La solución de Navarra no puede ser otra que la soberanía garante de la libertad nacional.

¿La Historia se repite…? ¡Qué otra cosa podía suceder con un interlocutor semejante como es España, que ha dejado un reguero de traiciones y venganzas a lo largo de su imperio! Únicamente doblegada por la fuerza, cuando calculó engañosamente la fuerza del adversario. Entonces pretendió refugiarse en la honra sin barcos de la batalla del Callao y la gloria de la heroica derrota de Santiago; aunque a la larga… aparece la verdad del ¡más se perdió en Cuba! En lo que toca a Navarra no voy a rememorar lo que está en nuestro imaginario. Sí recordare algunas actitudes de la Administración española con relación a la materia que nos ocupa en este momento, como es la exacción de los recursos de nuestra comunidad, particularmente los que se refieren a hacienda y finanzas. De la misma manera la Corona española, a partir de la conquista de Navarra, durante los periodos del autoritarismo y absolutismo, que, posteriormente, los gobiernos proclamados constitucionales, a partir de 1812 en Cádiz, no se limitaron a exigir con amenazas los caudales que consideraron suyos, sino que manipularon los balances a su gusto, imponiendo su criterio de lo que había entregado la Administración navarra, rechazando sin miramiento las cuentas que ésta presentaba. Todo hay que decirlo, en medio de la queja continua por la resistencia navarra a gastar en empresas españolas (Carlos III), o por el déficit de las rentas del Reino que la propia corona quiso administrar (Godoy), o la desvergüenza de Fernando VII, cuando se negaba a considerar pagos al Estado, los que había impuesto a Navarra la Administración del Gobierno constitucional a la que él mismo había dado el placet.

No pretendo presentar un cuadro exhaustivo porque, de alguna forma, la historia de Navarra con España es la relación de la exacción permanente. De hecho, el procedimiento de exacción se constituyó en sistema utilizado por el Gobierno español con la instauración de la Ley de 1841. Uno de sus impulsores, Pablo Ilarregui, descubre en su memoria los desencuentros por razones de contribución fiscal entre los gobiernos españoles y diputaciones de Navarra, sucesoras ellas del sistema institucional del Reino. Sobre el papel las competencias fiscales tradicionales quedaban en manos de la Diputación. Navarra pagaría al Estado un cupo en concepto de los gastos realizados por aquél en Navarra y de sostenimiento de sus funciones, y este capítulo se convirtió en el camino para las exigencias e imposiciones españolas. España, en tanto que Estado y Nación llevaban mal esta peculiaridad de los territorios navarros; de aquí la conflictividad que presidieron siempre las relaciones entre ambas partes por esta materia. Es sobradamente conocido el punto de tensión alcanzado en 1893, cuando el ministro Germán Gamazo pretendió prescindir de los acuerdos del Convenio e introducir en Navarra impuestos estatales. La Gamazada expresó la percepción de los navarros que reclamaban la recuperación del estatus foral suprimido por España en 1939 e incluso la independencia.

Nunca desapareció del panorama de las relaciones entre los navarros y España esta cuestión clave que afecta al control de los recursos fiscales. Desde luego, no con la dictadura de Franco, sin embargo de las pretensiones de los seudo-navarristas que miran de reojo el citado periodo. Tampoco la Transición ha resuelto el conflicto, no obstante la insistencia de sus mentores en proclamar respetos y amparos al régimen foral, valorado con su perspectiva ¡Desde luego! Y esta es la situación presente, de cuestionamiento generalizado por parte de sociedad y políticos españoles de los residuos competenciales navarros por romper la igualdad de los españoles; en tanto los diferentes gobiernos presionan, amenazan y agreden con los hechos consumados de lo que constituye expresión el momento presente en que el Gobierno de Rajoy desprecia a la Comunidad Foral de Navarra, ignorando a una Administración que considera contraria, si no enemiga.

Significativa la actitud de las organizaciones del PPN, UPN y PSN y su alineación con el Gobierno de España. Se agradece su posicionamiento cuando critican la decisión del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra. ¿No eran los antiforales ciudadanos?… En una situación en que el Estado descuida sus responsabilidades, marginando inversiones imprescindibles en comunicaciones y otras, con la mirada puesta únicamente en utilizar los recursos navarros para sus proyectos en otras áreas del Estado, quienes se consideran navarros, más allá de la sensiblería de afirmaciones de solidaridad y proyectos en común, que no tienen otro objetivo que priorizar los intereses oligárquicos y favorecer la acumulación de la riqueza entre los menos, mediante la utilización de la misma administración y la corrupción abierta, deberían tomar conciencia de que nuestra comunidad no tiene otra salida que la recuperación auténtica del control de sus recursos mediante la constitución de una entidad político-administrativa con un sistema jurídico propio, libre de interferencias y en connivencia con quien garantice nuestros intereses y libertad.

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