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El presidente de Murcia será investigado por cuatro delitos

Está implicado en un caso de corrupción urbanística de su época como alcalde de Puerto Lumbreras

Viernes, 3 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:07h

murcia- El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del Partido Popular, será investigado por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), que asumió ayer el caso dado que es aforado.

Este caso tiene su origen en la querella presentada por la fiscalía superior de esa comunidad hace dos años, en la que se indicaba que en el concurso y adjudicación de las obras del auditorio de Puerto Lumbreras, realizadas cuando Sánchez era alcalde de esa localidad, se habrían cometido presuntamente los delitos.

El auto del juzgado lorquino computa entre 2006 y 2010 1,8 millones de euros que no se destinaron al pago de las obras, dice que hay gastos e IVA duplicados en la certificada, que se autorizó una certificación de 2,2 millones sin justificar y que fueron recepcionadas sin estar acabadas con el visto bueno Sánchez, que las declaró “en buen estado y conforme a las prescripciones previstas”.

“concreta participación”El auto dictado ayer por la Sala de lo Civil y Penal del TSJRM respalda esa exposición motivada del juzgado instructor y señala que contiene “una concreta e individualizada participación” de Sánchez en ellos cuando fue alcalde.

En contra de lo sostenido por la defensa del hoy presidente murciano, que argumentó que la causa debía ser devuelta al juzgado de Lorca por considerarla inconclusa, el TSJRM dice que no existe obstáculo alguno para asumir la competencia dada la condición de aforado de Sánchez.

En cuanto a lo alegado por su abogado en el sentido de que el juzgado lorquino tiene incoada una pieza separada sobre el recorrido de los seis millones de subvención del Gobierno de Murcia al ayuntamiento para las obras del auditorio, el TSJRM dice que tampoco ello constituye un obstáculo para adoptar la decisión.

Por otra parte, el auto recoge que asume la competencia para instruir y, en su caso, enjuiciar, a la veintena de personas ya investigadas en el caso, entre ellas, los concejales que aprobaron el concurso para la construcción del auditorio, funcionarios municipales y el arquitecto redactor del proyecto. - Efe