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Períodico de Diario de Noticias de Navarra

130 personalidades sociales y culturales rechazan la calificación de terrorismo

Solicitan que “imperen los principios de proporcionaliad, justicia y equidad”, y que la causa regrese a Navarra

Viernes, 3 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:07h

PAMPLONA- Como ya hicieron esta semana más de 200 juristas y profesores universitarios del ámbito del Derecho, un total de 130 personalidades del ámbito cultural y social de Navarra, la CAV e Iparralde han firmado un manifiesto en el que demandan “la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo” en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua y han pedido que “imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad”.

El manifiesto ha sido apoyado, entre otros, por el forense Francisco Etxeberria, el presidente de honor de Aralar y abogado Patxi Zabaleta;el filósofo y miembro de Geroa Bai Daniel Innerarity;el exdiputado de Amaiur Sabino Cuadra;el expresidente del PNV en Navarra José Antonio Urbiola;o la parlamentaria de Podemos Tere Sáez, además de diversos periodistas. También se han adherido al texto, desde el mundo de la cultura, los músicos Benito Lertxundi, Olatz Zugasti, Fermín Muguruza, Aurora Beltran, Enrique Villarreal El Drogas, Fermín Valencia y Enrique Zelaia;los cineastas Nacho Vigalondo, Helena Taberna, Telmo Esnal y Borja Cobeaga;así como el pintor Xabier Morras. Además, han suscrito el manifiesto distintos escritores y bertsolaris como Zoila Berastegui, Tere Irastortza, Pako Aristi, José María Espartza o Aingeru Epaltza, además de los deportistas Aitor Zubieta, Joseba Ezkurdia, Oinatz Bengoetxea y Abel Barriola.

El manifiesto fue dado a conocer en una rueda de prensa celebrada en Pamplona, donde el periodista Juan Kruz Lakasta y la escritora Zoila Berastegui expresaron la “preocupación” de los 130 firmantes por “el desarrollo de los acontecimientos en torno a este caso, desde un compromiso por la convivencia, la libertad, la justicia y el respeto por los derechos humanos y los principios del Estado de Derecho”.

En el manifiesto, leido en castellano y euskera, expresan su “preocupación” por “la publicación de las identidades de los jóvenes, dos de ellos menores de edad”, y por “la forma en que se han producido las detenciones, sin citación judicial, en lugares y horarios públicos a pesar de haberse personado anteriormente y de forma voluntaria a declarar”. “Se les ha negado el derecho al juez natural y las garantías procesales han quedado en entredicho”, sostienen.

Por otra parte, los firmantes del texto trasladan su “preocupación” por “la calificación judicial de los hechos como delito de terrorismo” y afirman que “la falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger”.

En su opinión, “si nos atenemos a las consecuencias penales derivables de la calificación como acto de terrorismo, la privación de libertad entre 10 y 15 años, equivalente a la de un delito de homicidio, no resulta ajustada al grado de gravedad de las lesiones recogidas en los partes médicos” y advierten del “perjuicio irreparable que ocasionaría el cumplimiento de penas desproporcionadas en el futuro de estos jóvenes”.

Por todo esto, piden que “imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad”, así como “la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo, la devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona y la consiguiente puesta en libertad de los jóvenes”. A la vez, solicitan a las autoridades competentes, Fiscalía General, Audiencia Nacional y Audiencia Provincial de Navarra, que “reconsideren sus actuaciones en el sentido mencionado”. Los impulsores del texto seguirán recabando apoyos al texto.

“les aterra que eta desaparezca”Al término de la lectura del manifiesto, el acordeonista Enrike Zelaia, uno de sus firmantes, tomó la palabra a título personal y consideró que lo ocurrido en torno a la agresión en Alsasua responde a “una nefasta gestión política del Estado español para que no desaparezca ETA”. “Al Gobierno español y a muchos españolistas les aterra que ETA desaparezca. Quieren crear un sucedáneo etarra que les proporcione la rentabilidad política que lograban cuando ETA estaba en acción”, señaló.

Por su parte, dos de las madres de los jóvenes procesados presentes en la rueda de prensa, Edurne Goikoetxea e Isabel Pozueta, expresaron su “sincera gratitud por todas las muestras de apoyo y solidaridad” que han recibido. Tras lamentar que sus hijos llevan “81 días en la cárcel de Soto del Real a más de 400 kilómetros” de Alsasua, pidieron que “vuelvan a casa cuantos antes” y demandaron que “la instrucción” del caso “se devuelva al juzgado natural”, en Navarra.

Después de conocer en el curso de la misma rueda de prensa la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de elevar el caso a la Sala de lo Penal tras concluir el sumario en el que atribuye a los vecinos de Alsasua un presunto delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio, las madres de los dos jóvenes señalaron que estudiarán esta decisión. En cualquier caso, aseguraron que seguirán con su “planteamiento” y destacaron que “esperan demostrar” que “no” existe un delito de terrorismo en lo sucedido durante la madrugada del pasado 15 de octubre. - J.M./E.P.