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Cuestiona el acceso a los servicios reconocidos

La Abogacía del Estado presenta un recurso contra el Decreto foral de Salud Sexual y Reproductiva

En concreto, cuestiona el acceso a los servicios reconocidos en la norma de colectivos de inmigrantes irregulares

Viernes, 3 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:07h

Vista general del hemiciclo del Parlamento.

Vista general del hemiciclo del Parlamento. (PATXI CASCANTE)

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Vista general del hemiciclo del Parlamento.

PAMPLONA. La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha manifestado que el Ejecutivo foral no comparte el recurso contencioso administrativo presentado por la Abogacía del Estado contra el Decreto foral de Salud Sexual y Reproductiva y ha esperado que el Tribunal Constitucional no lo suspenda.

En concreto, la Abogacía del Estado plantea suspender el artículo que hace referencia a las personas beneficiarias de la prestación de servicios en materia de salud sexual y reproductiva.

Barkos, a preguntas de los periodistas, ha manifestado que el Gobierno foral no comparte el recurso, afirmando que disiente de "la filosofía básica que nos ha traído hasta aquí".

Según ha dicho, "la clave ahora estará en el hecho de que pueda suspenderse o no" y ha esperado del Constitucional "la sensibilidad de que a la espera de la resolución de este recurso no sea suspendida su aplicación".

La Abogacía del Estado presentó ayer un recurso contencioso administrativo contra el Decreto foral de Salud Sexual y Reproductiva del Gobierno de Navarra. En concreto, se plantea suspender el artículo que hace referencia a las personas beneficiarias de la prestación de servicios en materia de salud sexual y reproductiva, según tuvo conocimiento DIARIO DE NOTICIAS. El artículo recoge que este servicio se va a prestar a todas aquellas personas residentes en Navarra que, de acuerdo con la Ley Foral 8/2013 de asistencia sanitaria universal, tengan reconocida en la comunidad la prestación de atención sanitaria integral por parte del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. “Es decir, se refiere a colectivos de inmigrantes irregulares y algún ciudadano navarro que, por la normativa del gobierno anterior del Partido Popular en el Estado, fueron excluidos del sistema”, explicaron fuentes del Ejecutivo foral a este periódico. Ahora, el Gobierno de Navarra cuenta con un plazo de 10 días para alegar que no se suspenda este artículo del decreto foral. “Tenemos motivos y muy fundamentados para que no se lleve a cabo esta suspensión”, agregaron.

Tanto la Ley Foral 8/2013 como la Ley de Asistencia Sanitaria Universal de otras comunidades fueron recurridas por el Gobierno central, y están pendientes de que el Tribunal Constitucional sentencie a quién compete este tipo de asistencia. En este sentido, las citadas fuentes señalaron que es “sorprendente que, sin haberse pronunciado todavía el Tribunal Constitucional sobre dichas leyes, la Abogacía del Estado recurra una norma que lo único que dice es que el Gobierno de Navarra otorgará servicio a todos aquellos que dicta su ley foral, que todavía está en vigor”. De hecho, el Constitucional indicó en un auto de 2014 que se levantara la suspensión a la ley sobre la prestación de asistencia sanitaria a todas las personas a estos colectivos exclusivos. “El Decreto foral únicamente cumple esta ley que el Tribunal Constitucional ha declarado que, hasta que no resuelva el recurso, hay que aplicar”, afirmaron estas fuentes del Gobierno de Navarra.

Asimismo, criticaron que el recurso no hace otra cosa más que “fomentar la desigualdad entre los colectivos navarros”. A modo de ejemplo, explicaron que una de las prestaciones que garantiza el decreto foral es la educación sexual en el ámbito educativo. “Si se suspende la norma, en el momento en el que se impartiese en un centro una sesión de educación sexual, ¿habría que sacar de la clase a aquellos menores hijos de inmigrantes ilegales?”, lamentaron. Ahora, las fuentes del Ejecutivo foral confían en que “este asunto se resuelva de la mejor forma para todos, que es que se continúe con la prestación de toda la asistencia sanitaria a todos los colectivos que tienen derecho a la misma de acuerdo con la normativa”. - A.R.O.

en corto

Atención sanitaria integral. El artículo del Decreto foral de Salud Sexual y Reproductiva por el que la Abogacía del Estado ha presentado un recurso garantiza que se presten los servicios reconocidos en la norma a todas aquellas personas residentes en Navarra que tengan reconocida en la comunidad la prestación de atención sanitaria integral por parte del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

la frase

“el recurso de la abogacía del estado es un ataque en toda regla a los colectivos más vulnerables”

Fuentes del Gobierno de Navarra lamentan que el recurso planteado por la Abogacía del Estado suponga que estos colectivos no reciban las mismas prestaciones que el resto de ciudadanos.