El Gobierno desvincula los precios públicos de la inflación y los asocia a sus costes

El Ejecutivo excluye de la Ley de Desindexación los productos energéticos y las inversiones y alquileres públicos

Sábado, 4 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:07h

madrid- El desarrollo de la Ley de Desindexación aprobada ayer por el Consejo de Ministros establece que los valores monetarios públicos -como rentas, precios o tasas- dejarán de estar vinculados al índice de precios de consumo (IPC) y solo se revisarán cuando varíen sus costes específicos.

Este real decreto desarrolla la ley en vigor desde 2015, por la que se prohibía con carácter general la indexación, es decir, las revisiones periódicas y predeterminadas de precios y rentas, pero que todavía “no había desplegado su plena eficacia”.

Con esta norma, el Gobierno pretende evitar la denominada segunda ronda de inflación, es decir, la que supone un alza automática en los precios aunque los costes específicos de ese servicio no se hayan visto alterados (un ejemplo sería revisar un alquiler porque el IPC se ha incrementado por el encarecimiento de la electricidad). La propia Ley de Desindexación dejaba fuera de su ámbito de aplicación la negociación colectiva, las pensiones y la deuda del Estado.

Ahora, el real decreto establece tres excepciones adicionales, que sí podrán indexarse, pero no al IPC.

Estas excepciones son los productos energéticos, como la electricidad, el gas o el precio del butano -cuyo precio está ligado a la materia prima-, determinados contratos del sector público que supongan una gran inversión y un periodo largo de recuperación de esta -como obras y concesiones- y los contratos de arrendamiento del sector público.

En estos casos, la indexación se realizará conforme a un índice específico establecido en el contrato para su estructura de costes y estará sujeto a algunas limitaciones: la revisión de costes se corresponderá a los de una empresa eficiente y bien gestionada y no se podrá repercutir un encarecimiento de la mano de obra superior a la subida salarial de los empleados públicos de ese año. - Efe