Diálogo social

Por Manu Ayerdi y Miguel Laparra - Sábado, 4 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:07h

el empleo es la prioridad del Gobierno y la negociación con los agentes sociales un buen instrumento. Sin perjuicio de mejores o peores datos coyunturales, el empleo es sin duda una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, y cómo no, también del Gobierno de Navarra. Esa preocupación lo es también de todas las fuerzas políticas. Todas ellas pidieron al Gobierno de Navarra que presentara un plan de empleo consensuado con los agentes económicos y sociales. El Gobierno, consciente de que los grandes consensos entre gobiernos y el conjunto de agentes económicos y sociales han permitido alcanzar algunos de los más relevantes avances sociales en las regiones más avanzadas de Europa durante décadas, ha compartido ese criterio en todo momento y lo ha hecho sobre la premisa de que queremos hablar y recibir aportaciones de todos los agentes sociales. El modelo de diálogo con los agentes económicos y sociales que tiene este gobierno parte del reconocimiento de su pluralidad, asume el compromiso de integrar en ese diálogo a los que estén dispuestos a hacerlo y separa muy claramente la participación en el diseño de las políticas de empleo por un lado, y la gestión de los recursos públicos, que debe ir por otro lado y responder a los principios de transparencia y de igualdad de oportunidades. Este nuevo modelo ya se ha concretado en múltiples medidas que conviene poner en valor. Dentro de un proceso profundo de reforma del SNE y de las políticas activas de empleo que gestiona, se han cambiado los Estatutos del organismo, su modelo de gobierno y de gestión incrementando la gestión pública directa de las políticas activas de empleo y apostando por una mayor pluralidad con la apertura de sus órganos de codecisión a otras organizaciones sindicales y empresariales, con la incorporación del sindicato LAB y los representantes de la economía social, CEPES, se ha desarrollado un sistema de gestión más abierto y transparente, en el que se eliminan los convenios nominativos y se apuesta por sistemas de libre concurrencia de carácter plurianual para aquellos programas que no existe capacidad de gestión pública directa de manera inmediata. De los más de 10 millones destinados a convenios en 2015, hoy se han eliminado la mayor parte (únicamente existen dos convenios con 0,8 millones en total), aumentando la gestión pública y la concurrencia abierta. Está prevista y acordada su desaparición definitiva en el año 2018. Se ha eliminado también la partida de 900.000 € destinada a la financiación del Consejo de Diálogo Social y los convenios nominativos en materia de salud laboral, prevención de riesgos laborales y medio ambiente que, en el Departamento de Desarrollo Económico, supusieron en 2015 en torno a dos millones de euros. En este proceso de transformación profunda, nos gustaría reconocer y poner en valor lo aportado por los diferentes agentes sociales. En el caso de la CEN, CCOO y UGT, su disposición a adaptarse a un nuevo modelo más inclusivo, más transparente y más plural que el anterior, junto a la aceptación, a propuesta del gobierno, de abrir el diálogo social a otros agentes como ELA y LAB. Por parte del sindicato LAB, su disposición a trabajar en el SNE y sus aportaciones especialmente en la defensa de un protagonismo público en la gestión de las políticas de empleo. En cuanto a CEPES, son de agradecer sus aportaciones para la mejora de las políticas de impulso a la economía social que se ha convertido en un elemento clave en el mantenimiento y generación de empleo en Navarra. Un gobierno democrático y pluralista tiene la obligación de establecer cauces de participación ciudadana en todos los ámbitos de la gestión pública. Que duda cabe que esta obligación es mayor, si cabe, en cuanto a la participación de los agentes económicos y sociales en las políticas para impulsar el desarrollo económico, social y del empleo, pues se trata de la principal demanda ciudadana. La forma en la que esto debe hacerse está en este momento sujeta a un profundo debate. Solo una actitud constructiva por todas las partes nos permitirá superar lo que de otra forma podría convertirse en un handicap para nuestro desarrollo económico y social. A la vista de la complejidad de la representación de todos estos agentes, el Gobierno ha buscado la mejor fórmula posible para negociar el Plan de Empleo, poniendo por encima de todo el objetivo final: buscar el máximo diálogo y consenso en una cuestión como el empleo que nos interesa a todos, y con la disposición de hablar con todos allí donde fuese necesario. El Gobierno ha acordado con CEN, UGT y CCOO, en el marco del Consejo de Diálogo Social, el campo de juego, las normas, la hoja de ruta para negociar el Plan de Empleo. En ella se señala varias cosas importantes. En primer lugar, se invita a participar a ELA y a LAB en todo el proceso de negociación del Plan. Somos conscientes de que a ELA y a LAB les incomoda profundamente que esa invitación al proceso sea en el marco del Consejo de Diálogo Social. Pero es necesario recordar que, tenga el nombre que tenga, es necesario un órgano donde organizaciones empresariales, sindicales y Gobierno hablan, negocian y llegan o no a acuerdos. Para este Plan de Empleo, el Gobierno ofrece todos los canales para recibir aportaciones y sugerencias. En un futuro próximo el gobierno está comprometido a promover una regulación más plural y más abierta de este organismo, negociada con todos los agentes sociales, y confía en que esa iniciativa contará con un apoyo amplio en el Parlamento. Mientras tanto, bien está aprovechar las potencialidades de un órgano de participación que ahora se abren. En segundo lugar, uno de los elementos más importantes de cualquier Plan de Empleo, como son las Políticas Activas de Empleo, se va a debatir, negociar y aprobar en el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare y el Consejo de Diálogo Social lo ratificará tal cual, sin tocar una coma. Se reconoce y se refuerza la potencia e importancia del Servicio Navarro de Empleo, un organismo basado en la codecisión y con una participación más plural que nunca. En tercer lugar, una materia tan sensible como la Prevención de Riesgos Laborales, las medidas específicas que en su caso se acuerden tendrán completa coherencia con el Plan de Salud Laboral vigente y sobre todo con los planes de acción operativos aprobados por el Consejo Navarro de Salud Laboral. El rol del Consejo del Diálogo Social en la negociación del Plan de Empleo de ninguna manera implica la gestión directa o indirecta de recursos públicos, ni mucho menos la negociación clientelar del reparto de los mismos entre los agentes implicados, tal como se ha interpretado por parte de alguna organización. Insistimos en el principio de que el diseño de las políticas públicas debe estar separado de la distribución y la gestión directa de los recursos como recomendó Comptos. Por otro lado, puede parecer obvio, pero conviene subrayar que, tras el proceso de negociación que ahora se abre puede haber acuerdo o desacuerdo. El Gobierno quiere alcanzar un acuerdo, y va a trabajar con esa actitud y ese empeño. Interpretamos que, en general, hay una buena actitud y disposición también por las otras partes. Por ello no contemplamos otro escenario. En cualquier caso, si no hubiera acuerdo, cada una de las partes seguiríamos actuando con responsabilidad en el marco de nuestras competencias y ámbitos de actuación, y desde luego en materia de empleo. Sorprende leer que se ha cedido capacidad de decisión a CEN, UGT y CCOO. En el mismo momento que el Gobierno de Navarra pudiese valorar que no hay opciones para el acuerdo, en uso de su responsabilidad y competencia, aprobaría el Plan de Empleo que considerase oportuno, teniendo en cuenta las aportaciones realizadas y pensando siempre en el interés general para Navarra… Y al día siguiente, seguiría hablando con todos los agentes sociales. Mientras tanto, el Gobierno no ha estado parado en esta materia. Se están desarrollando iniciativas desde el principio. Ahí están los datos de ejecución presupuestaria de 2015 y 2016, o las partidas incluidas en los presupuestos de 2017, los planes diseñados para promover la actividad económica (especialización inteligente, industrialización, economía social, autónomos, planes sectoriales…), las mejoras en las políticas activas de empleo, la profunda reforma del SNE, así como otras muchas iniciativas. Y el Gobierno va a seguir así. Poniendo en primer lugar el empleo y el desarrollo económico y social de Navarra.

Los autores son vicepresidente de Desarrollo Económico y vicepresidente de Derechos Sociales, respectivamente