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La juez busca pruebas del 3% en las agendas de los ‘fontaneros’ de CDC

Deja libres con cargos a los detenidos, incluidos el tesorero y abogado del partido, tras negarse a declarar

Sábado, 4 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:07h

El responsable jurídico de la antigua CDC, Francesc Sánchez, tras quedar en libertad.

El responsable jurídico de la antigua CDC, Francesc Sánchez, tras quedar en libertad. (Foto: Efe)

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El responsable jurídico de la antigua CDC, Francesc Sánchez, tras quedar en libertad.

pamplona- La Guardia Civil analiza los correos electrónicos y documentos incautados en la operación del caso 3% en vísperas del juicio por el 9N, una coincidencia tras la que el expresidente catalán Artur Mas ve un “montaje escandaloso” de la Fiscalía Anticorrupción para “hacer daño”.

A lo largo de la pasada jornada, la Guardia Civil interrogó a los ocho de los 18 detenidos que habían pasado la noche en la comandancia de Tarragona, la mayoría de los cuales se negó a declarar, al tiempo que analizaba la numerosa documentación sobre adjudicaciones públicas intervenida el jueves, en 24 registros que se prolongaron hasta el anochecer.

La nueva fase del llamado caso 3% sobre supuesta financiación ilegal de CDC se centra ahora principalmente en la adjudicación de obra pública en el Ayuntamiento de Barcelona durante la etapa del convergente Xavier Trias en el gobierno de la ciudad, por lo que fueron detenidos su exconcejal Antoni Vives y el exgerente municipal Constantí Serrallonga, ahora presidente de Fira de Barcelona.

Los agentes también mantuvieron detenido al presidente del Puerto, Sixte Cambra, del entorno personal de Artur Mas, durante las cerca de 12 horas que duró el registro de su despacho, donde los agentes intervinieron expedientes sobre las dos principales obras portuarias bajo sospecha: el dique este y la ampliación del muelle sur.

Entre los correos electrónicos, agendas y documentación incautada en los registros la Guardia Civil busca el rastro de posibles amaños y acuerdos para convocar concursos de adjudicación a medida, a cambio de mordidas de empresarios en varios proyectos, entre ellos el túnel de la plaza de les Glòries de Barcelona.

Anticorrupción sostiene que dichos expedientes serían “impecables” y los amaños se forjaron en reuniones previas, de ahí la importancia de comprobar las agendas y los e-mails. La Fiscalía ya exponía el jueves cómo se habrían fraguado las irregularidades: “Por un lado, los concursos son amañados de manera que las irregularidades no consisten en saltarse los requisitos formales, sino en que vienen otorgadas previamente, dándoles los investigados una apariencia de regularidad.

Por ello, si se analizan dichos concursos sin el contexto de las reuniones previas y las donaciones, fundamentalmente a ‘CatDem’, no se atisba su carácter fraudulento. Por otro, los concursos estarían controlados”.

Tras intentar sin éxito interrogarlos, dado que ambos se acogieron a su derecho a no declarar, la Guardia Civil dejó en libertad al tesorero de CDC, Andreu Viloca -al que Anticorrupción sitúa en el epicentro de la trama por llevar el control de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos - y al responsable jurídico del partido, Francesc Sánchez, a la espera de que los cite como investigados el titular del Juzgado de instrucción numero 1 de El Vendrell (Tarragona), que dirige el caso.

Preguntado sobre si consideraba que la fecha de la operación tenía intencionalidad política al producirse los días próximos al juicio por el 9-N, Sanchez, lanzó una respuesta irónica: “Esto ya sabemos que pasa siempre, pero no quiero decir nada más de lo que ya todos sabemos”.

También quedaron en libertad, tras pasar la noche en la comandancia de la Guardia Civil, el directivo de la constructora Oproler Josep Maria Bassols y el empresario Fèlix Pasquina, quienes se acogieron igualmente a su derecho a no prestar declaración. - D.N.

los datos

Respaldo de la juez. Frente a la acusación de operación politizada, la juez se alineado con el cuerpo policial y el Ministerio Público y da validez a todas las actuaciones. La magistrada ve “conforme a derecho” todos los pasos que dieron los 150 agentes de la Guardia Civil y las pruebas aportadas por la Fiscalía para justificar los arrestos.

Habeas corpus. El documento corresponde a la denegación del habeas corpus reclamado por uno de los arrestados. El habeas corpus es un procedimiento por el que un detenido puede alegar que su detención se produjo en condiciones no justificadas de forma legal.