Podría costar a las arcas municipales 9,7 millones

Geroa Bai acusa a UPN de ser el único responsable del ‘agujero’ de Oncineda

Le reprocha que hizo “inviable” el proyecto a la vez que seguía tramitándolo pero sin cumplir en 8 años con los propietarios

R. Usúa - Sábado, 4 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:07h

Pablo Ezkurra y Ricardo Gómez de Segura (Geroa Bai), mostrando ayer documentación.

Pablo Ezkurra y Ricardo Gómez de Segura (Geroa Bai), mostrando ayer documentación. (R. USÚA)

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Pablo Ezkurra y Ricardo Gómez de Segura (Geroa Bai), mostrando ayer documentación.

estella-lizarra- El grupo municipal de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra acusó ayer a UPN de ser el único responsable de la grave situación a la que se enfrenta el Consistorio por la adquisición de los terrenos de Oncineda para la ciudad deportiva, un varapalo que podría costar a las arcas municipales 9,7 millones en el peor de los casos poniendo en serio peligro su viabilidad (el presupuesto de 2017 es de 11,16 millones).

Sus concejales, Pablo Ezkurra y Ricardo Gómez de Segura, decidieron salir a la palestra, con toda la documentación en la mano, para dar su versión de lo ocurrido a la vista “de las inexactitudes” que se han ido vertiendo en distintos foros. Para ellos, UPN es el único responsable porque hizo “inviable” el proyecto pero paralelamente siguió tramitándolo al firmar la exalcaldesa Begoña Ganuza varios documentos con los propietarios durante meses, “algo que no entendemos, y menos que con todos se firmase a 43 euros el m2 y con unos propietarios en concreto a 108 euros”. Finalmente, le echaron en cara que tras firmar, no cumplió lo pactado en 8 años, lo que ha sido clave para llegar a la situación actual.

7,9 millones la primera faseGómez de Segura recordó que en la legislatura 2003-2007 seis de los siete grupos (todos salvo UPN), apostaron por la ciudad deportiva en Oncineda. Su coste era de 22,7 millones y se haría por fases. La primera, según un informe de Intervención (marzo de 2007) costaría 7,79 millones y era perfectamente viable (incluía infraestructuras, piscinas, campo de fútbol de hierba artificial y un edificio social). Para ello se venderían, entre otros, los 14.780 m2 del campo de Merkatondoa para viviendas. “Tenía una viabilidad económico-financiera contrastada” y, de haberse continuado, esa primera fase “ya estaría hoy a disposición de la ciudadanía. Unas piscinas municipales dignas y de calidad en un entorno envidiable”.

Al entrar UPN en la Alcaldía en junio de 2007 “esas perspectivas se vieron dinamitadas” en una actuación “llena de contradicciones”. “Por un lado “hacen inviable” el proyecto que no apoyaban invirtiendo 2,5 millones en el Agua Salada y en Merkatondoa (que por tanto ya no se podría vender), pero siguen tramitando Oncineda.

Además, añadieron, “mientras que en la legislatura 2003-2007 los convenios firmados por el Ayuntamiento con los propietarios, y que fueron anulados por los tribunales, daban 4 años para entregar las fincas de reemplazo en Ibarra (como compensación), los anexos firmados por UPN ampliaban el plazo a 8 años. Se da la paradoja de que UPN, estando en contra del proyecto, continúa con su tramitación como si estuviese a favor, teniendo otras alternativas, como denunciar los convenios anteriores y declararlos lesivos para los intereses del Ayuntamiento”. Y “aún es menos comprensible que aun firmando esos anexos” en 8 años no cumpliera lo firmado.

la “excusa” del planUPN ha usado como justificación para no entregar el suelo de Ibarra que no había Plan Urbanístico hasta 2015. Desde Geroa Bai recordaron que en mayo de 2007 ya estaba aprobado inicialmente con 16 de los 17 votos, pero UPN a los meses “planteó dos barbaridades urbanísticas en forma de modificación” que lo paralizó. Una, la ampliación del suelo industrial en Ordoiz, “inviable y que no respondía al interés general de la ciudad”, y otra, la de construir torres residenciales en San Jerónimo, con estación de autobuses y zona deportiva. “Su gestión para aprobar el Plan fue nefasta”. Aun así, dicen que la no aprobación no es excusa, porque se podría haber realizado una modificación puntual en Ibarra, como en otros casos, y se hubiese solucionado. “Y nosotros, de haber conocido el problema que ahora tenemos, la hubiéramos apoyado”.

En cuanto a las sentencias, creen que “no hace falta interpretación, solo leerlas para establecer que la responsabilidad es absoluta de UPN y de su destructiva e interesada gestión de los intereses municipales”. Aun así, esperan que no haya que pagar el máximo. “La sentencia obliga al Ayuntamiento exclusivamente a ir al jurado de expropiación con el objetivo de fijar un justiprecio de las fincas. Por eso, es conveniente un buen asesoramiento profesional e independiente capaz de minimizar en la medida de lo posible la repercusión de este justiprecio en las arcas municipales. Y nosotros vamos a estar ahí defendiendo los intereses de la ciudad”. Finalmente, dijeron que mientras que UPN “tomaba nefastas decisiones, nosotros desde la oposición conseguimos 6,85 millones de euros” de Madrid, a través de enmiendas del PNV, para desarrollar el CTEL, el vivero y el área industrial.