Jaime Absalón León Coordinador de una comunidad claretiana de bogotá destinada a acoger campesinos desplazados

“Todo el mundo tiene que entrar en el debate político, pero con verdades, dando paso a la paz”

Continúan las coacciones, las amenazas y algunos asesinatos, pero los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC abren un nuevo escenario

Jurdan Arretxe Ruben Plaza - Domingo, 5 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:08h

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pamplona- En el marco de la campaña El mundo no necesita más comida;necesita más gente comprometidaque promueve Manos Unidas, Jaime Absalón recaló esta semana en San Sebastián, donde explicó su labor con los desplazados del conflicto colombiano y la recuperación de las tierras. No es problema de alimentos, sino de reparto. “Si las familias no tienen oportunidad de alimentarse bien, no pueden acceder al estudio, no pueden ir a trabajar con fuerza… se generan los conflictos”, reconoce pocas semanas después de que el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC cerraran los acuerdos de La Habana.

¿Cómo se encuentra Colombia?

-El acuerdo ha permitido un ambiente distinto en la sociedad, aunque como siempre hay sectores que se oponen a que la paz se dé como se está dando. Hay otros sectores, tanto sociales como del Gobierno del presidente Santos, que trabajan duro abogan por que se implementen esos acuerdos. Supone un debate público intenso e implica que la sociedad civil defienda el proceso de paz. En cuanto a la implementación, los grupos de la guerrilla de las FARC caminan hacia las denominadas zonas de concentración.

El general Javier Flórez proclamó el miércoles que “la paz es una realidad con las FARC”. ¿Lo comparte?

-Creo que es un hecho. La guerrilla viene cumpliendo, el Gobierno mínimamente también… Las FARC han dicho que ya no se va a levantar de la mesa. Es una fortuna para todos. El Gobierno de Santos está comprometido con eso y es muy importante con la sociedad.

Insiste en que el Gobierno cumple “mínimamente”. ¿Por qué?

-En caso de habilitar las zonas de concentración se ha demorado mucho y no tiene despliegue suficiente para habilitarlas. Hay denuncias de la sociedad civil, de organizaciones sociales e incluso funcionarios de que hay problemas de alimentos, porque cuando llegan estos hombres no hay suficientes alimentos, algunos están dañados… Esperamos que lo solucionen pronto para que se den las condiciones para que estas personas se reintegren en la sociedad civil.

¿Cuáles son los aspectos positivos de los acuerdos?

-El primero, el de la tierra, que es por lo que se originó el conflicto. La falta de una distribución equitativa es muy importante. Tendrá que haber una voluntad política del Gobierno para que la concentración de la tierra deje de ser un problema. El segundo, el de la participación política, porque es el segundo punto por el que se origina. Dos partidos han tenido la hegemonía, aunque al final es el mismo partido porque se ponen de acuerdo para todo. Que participen los grupos progresistas es importante para el debate de la democracia. De lo contrario, volveremos al conflicto. El otro punto es el de las víctimas y la justicia. Se suscita un debate especial: en los acuerdos que hay, pareciera que solo las FARC debieran decir la verdad. Por supuesto que tienen que reconocer los crímenes y pedir perdón, pero también está la otra parte, que ha generado igual o más víctimas: funcionarios del Estado, el Ejército, la policía… Tienen que reconocer sus crímenes para que haya una actitud de perdón y la sociedad en general logre perdonar y reconciliar.

¿Qué aspecto queda pendiente?

-Ese reconocimiento del Estado en sus faltas a los derechos humanos. Hay un debate en el Congreso porque se está legislando una ley de justicia transicional y el debate está en cómo los militares tienen que reconocer los crímenes, cómo la guerrilla tiene que reconocer y reparar los crímenes. No debería quedar pendiente y la sociedad civil está haciendo todos los esfuerzos para que se reconozcan y se reparen públicamente las faltas. Es una forma de salir del conflicto, porque si no, sería dejar como si no hubiera existido o con un solo culpable de lo ocurrido. Tiene que superarse de alguna manera y que el pueblo entienda que estamos en un verdadero proceso de paz.

¿El principal problema ahora reside en implementar los acuerdos?

-Sí, la voluntad del Estado tiene que verse reflejada en la realidad. Tiene que cumplir los acuerdos, a lo comprometido con la guerrilla para que esta esté en la vida política. El principal obstáculo es el asesinato de defensores de derechos humanos, de líderes sociales ambientalistas, de indígenas, de mujeres, reclamantes de tierras... En 2016 fueron asesinados más de 100. En 2015, fueron más de 70. Es una amenaza contra el proceso de paz, porque no hay garantías. Por otro lado, quienes se oponen al proceso de paz, que son los seguidores del expresidente Uribe, salen con difamaciones para que la gente se oponga al proceso con un sentido guerrerista. Nos preocupa. Todo el mundo tiene que entrar en el debate político, pero con verdades, dando paso a la paz.

¿Explica así que el ‘no’ ganara el referéndum?

-Ni quienes promovían el no se esperaban ganar. Se ha denunciado su campaña, fue un engaño constante al pueblo. Obviamente, un taxista votará por el no por el hecho de decirle “si gana el , le van a dar el taxi a un guerrillero”, o lo mismo con un pensionado y su pensión. Fueron una serie de engaños que posibilitaron ese equilibrio, porque ganaron por 60.000 votos.

¿Cuál es el papel de los agentes de paz?

-Las organizaciones sociales nos hemos volcado por la paz, hemos acompañado a pesar de que hay opositores al Gobierno por temas sociales o económicos. Estamos decididos a acompañar al Gobierno del presidente Santos y al que venga, siempre y cuando apoye el tema de la paz. Es inminente a pesar de las amenazas que recibimos. Todos los días hay un panfleto amenazante contra una asociación en cualquier parte del país, defensores de derechos humanos, de la paz o ambientalistas. Sufrimos una cadena de amenazas de grupos de extrema derecha paramilitar

Grupos que se oponen al proceso de paz.

-Sí, que tienen que ver con los grupos paramilitares creados durante 50 años y que tienen muchos intereses sobre tierras, sobre minas y que lamentablemente apoyan algunas empresas del país.

¿Habría que tener en cuenta a estos grupos en el proceso?

-Fueron tenidos en cuenta durante el Gobierno del presidente Uribe, pero están más fuertes que nunca. Uno no entiende: si hubo un proceso de desmovilización, ¿por qué hoy en día están fortalecidos en todo el país y atacando a las comunidades, a los líderes sociales y generando un micropoder en las regiones? Hay una incoherencia entre esos diálogos que hubo con el presidente Uribe y los grupos paramilitares, que nosotros presionamos porque no creíamos que eran reales. Se capturaron y entregaron algunos cabecillas, pero las estructuras seguían vigentes, pueden generar nuevos grupos, porque están quienes manejan los recursos y las políticas que mantienen estos grupos en las regiones.

¿En qué situación quedan las víctimas de las FARC tras los acuerdos?

-Permitirá a las víctimas tener unos niveles de justicia. La guerrilla tiene que reconocer y hacer un proceso de reparación a las víctimas. Ya hay reconocimientos de las FARC en algunos casos, en los que las víctimas están teniendo oportunidad de expresar su dolor, su rabia e incluso el perdón. Es lo más fundamental en este proceso con las FARC, que camina bien y no tenemos que bajar la guardia para que la guerrilla reconozca lo que ha hecho con algunos sectores y con la sociedad, para así pasar esta etapa. Muchos dicen que las FARC tienen que estar 50 o 100 años, hasta que mueran, en la cárcel. Sería muy difícil que entregara sus armas si esa es la pretensión de justicia. Un principio es reconocer y hacer penas que permitan enmendar en algo el crimen o el asesinato, y que la sociedad perdone.

¿Y las fuerzas militares y paramilitares?

-Está lo más difícil. No ven por dónde reconocer errores o acciones sistemáticas contra comunidades políticas de izquierdas. Fueron eliminadas más de 5.000 personas. Había generales y empresarios que hicieron toda una acción criminal contra la Unión Patriótica (UP) y grupos políticos menores exterminados. Ahí está el lío del asunto: no quieren reconocer que eso ha existido. Sería una talanquera para el proceso de paz.

Usted trabaja con las personas desplazadas, más de 7 millones. ¿Cuál es su futuro?

-En 2010, el Gobierno creó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la 1448. Se promovió el retorno de un millón de hectáreas de tierras en un máximo de seis años. Estamos en 2017 y han retornado cerca de 80.000 hectáreas. No hay cumplimiento de la ley que el gobierno creó. Los desplazados son aproximadamente ocho millones, y las tierras, unos diez millones de hectáreas despojadas a los campesinos. Tampoco hay inversión fiscal suficiente para sostener estas leyes. Las víctimas del conflicto, que deberían ser atendidas de forma general, están siendo atendidas de manera insuficiente. Ahí es donde uno le pide a la comunidad internacional, porque gracias al mundo se sostuvo el proceso de paz. Si no se hubiera pronunciado con el plebiscito, quizá estaríamos otra vez retornando a hace cinco años. Hay que seguir con el apoyo incondicional a la paz en Colombia, pero también una exigencia al Gobierno de que se cumplan las inversiones sociales a las víctimas y que no se generen más, es decir, que se negocie con grupos armados al margen de la ley.

¿Hasta qué punto se revictimizan los desplazados que tienen que arrancar en nuevos asentamientos?

-No podemos decir en este momento que en Colombia haya garantías para retornar a las regiones. Los grupos paramilitares están amenazando en las zonas donde estaba la guerrilla. Es como si saliera la guerrilla de una región y fuera copada por una estructura paramilitar. El Gobierno dice que va a garantizar con el Ejército que no pase, pero los hechos, las amenazas y los asesinatos, que en el último mes ya van 15, es que el Gobierno no está siendo capaz de proteger la seguridad de la sociedad y los líderes sociales colombianos. Hay una revictimización constante. El grupo civil Marcha Patriótica tiene víctimas casi cada mes. No hay garantías.

¿Cómo se protege y se integra a esos campesinos que, sin apenas medios, se ven desplazados a urbes para ellos hostiles como Bogotá?

-El Estado no tiene la capacidad para hacerlo, no porque no pueda, sino porque no quiere tal vez. Hay una Unidad de Protección que cada vez tiene menos recursos y atiende a menos líderes sociales. Las organizaciones sociales, la Pastoral Social… están protegiendo con recursos de la comunidad internacional a muchos líderes y comunidades. No hay un plan real. Como corporación claretiana tenemos un programa de atención y acogida de víctimas sociales. Así lo tienen diversas asociaciones civiles, de acompañarlos en la denuncia, de ayudarles a tejer el tejido social con el ánimo de que no pierdan su participación política, pero no sean otra vez vulnerados. Muchas familias tienen que salir. En 2016 tuvimos a 30 personas en nuestro espacio de acogida y cinco familias han tenido que salir. Esta semana salió una familia hacia Europa porque ya no podía vivir en ninguna parte del país, perseguida por todos los lados.

¿Cómo se vive esa realidad?

-Es un daño, una tristeza constante, un duelo que no se supera. Llegas a una ciudad y tienes que irte en dos meses, por lo que los niños no pueden estabilizar su vida, no puedes tener un proyecto de familia, económico… Cuando queda la esposa sola es mucho más difícil, porque las niñas tienen maridos jóvenes y siguen de alguna manera vulnerables, tienen hijos que van a quedar vulnerables… Es una situación dramática.

¿En qué situación quedan los menores desplazados?

-Más de 250.000 muertos en 25 años generan una cantidad de huérfanos y mujeres viudas increíble, es un problema social grandísimo. La situación de ellos es que muchas veces no pueden estudiar, trabajar… Muchos son víctimas o presos de grupos armados ilegales, de paramilitares, de la delincuencia común… Es lamentable esta situación. Muchos sufren hambre, necesidades complejas porque no hay oportunidades de estudio. El Gobierno las ha planteado en las leyes, pero luego no se aplican. Entrar en una universidad pública en Colombia es complicado. La población que más ha sufrido son los niños, los jóvenes, los grupos indígenas y étnicos, vulnerables que no pueden recuperar su vida productiva, que es lo que les ayuda acceder a la educación, a la salud o superar el hambre.

¿Se imaginaba que la paz sería lo que hoy vive Colombia?

-Cuando nosotros o nuestros padres nacieron y crecieron en la guerra, y nos contaban las historias de los años 50, corriendo en el campo para salvar sus vidas, o cómo mataban a sus amigos y familiares, no, no nos lo podíamos imaginar. La soñábamos, luchábamos por ella, pero lo que está pasando es muy bonito. Como defensores de los derechos humanos lo vemos con optimismo, porque ya bajan los hombres y las mujeres con sus armas a concentrarse en un campamento es una muestra de que este proceso está funcionando. Que en un año no haya combates entre las FARC y el Ejército, y que no haya muertos en confrontaciones militares es una maravilla que demuestra que podemos tener un país democrático, que podemos discutir sin que nos matemos. Falta el ELN, que inicia un proceso y que tiene otras pretensiones.

¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta Colombia?

-Una verdadera democracia, que seamos capaces de participar en política, de defender los derechos humanos, de defender el medioambiente, los recursos naturales, el agua… sin que nos maten. Si eso pasa, avanzaremos, pero si nos siguen matando por defender los derechos humanos, por denunciar la tremenda corrupción, por defender un trato más digno de las autoridades a los ciudadanos, no avanzaremos. Es el gran reto y toda la sociedad lo está entendiendo, no sin dificultades, porque hay sectores que siguen creyendo que hay que eliminar al otro para poder existir. No es necesario: hay que dialogar, discutir y debatir sin eliminar a nadie.

las claves

“El principal obstáculo es el asesinato de defensores de derechos humanos;en 2016 fueron asesinados más de 100”

“La campaña del ‘no’ en el plebiscito fue un engaño, a los taxistas se les llegó a decir que si ganaba el ‘sí’, le darían el taxi a un guerrillero”

“Uno no entiende: si hubo un proceso de desmovilización de grupos paramilitares con Uribe, ¿por qué hoy están fortalecidos en todo el país?”

“Muchos dicen que las FARC tienen que estar en la cárcel hasta que mueran. Sería muy difícil que entregaran sus armas si esa es la pretensión”

“No podemos decir en este momento que en Colombia haya garantías para retornar a las regiones;los paramilitares siguen amenazando”

“Que en un año no haya muertos en confrontaciones militares es una maravilla que demuestra que podemos discutir sin que nos matemos”