Orden y limpieza en las políticas activas de empleo

Por Carlos Couso Chamarro - Domingo, 5 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:08h

resulta preocupante ver cómo los partidos políticos de nuestra Comunidad Foral se ponen de perfil cuando se les pregunta sobre las informaciones que este medio escrito ha venido publicando en relación a la gestión de los convenios nominativos que el Gobierno de UPN otorgaba a UGT, CCOO y CEN, supuestamente para el desarrollo de los sucesivos planes de empleo que pactaban las cuatro mismas partes. Y resulta preocupante que entre los partidos que se ponen de perfil ante la presunta desviación de fondos públicos que se desprende de las informaciones publicadas, también esté algún partido que se autoproclama “de izquierdas”.

Uno de los argumentos utilizados por quienes tiran balones fuera para no dar la cara al asunto es que todo lo hecho por UGT, CCOO y CEN es legal. No lo dicen como los jueces que no son, sino como políticos que al parecer también se creen con la competencia de juzgar la legalidad. Si ha sido legal o no ya lo veremos, que es mucho lo que aún ha de investigarse y esclarecerse. En este sentido desde Podemos-Ahal Dugu ya hemos emplazado al Gobierno y a la Cámara de Comptos para que den los pasos que les corresponde dar ante las informaciones publicadas y la controversia y preocupación social que han provocado. El Parlamento también deberá hacer lo propio. Entretanto, habrá que decirles a quienes se refugian para no dar la cara en una supuesta legalidad que ellos mismos han prejuzgado, que en este país la legalidad vigente permite muchas cosas más de las que serían deseables. Por ejemplo, en este país es muy legal que la banca privada que se ha rescatado con incontables cantidades de dinero público que seguramente jamás devolverá, y cuyos responsables ejecutivos no solo no van a pagar por su irresponsable y desastrosa gestión, sino que encima salen del asunto forrados hasta lo inimaginable, se permita desahuciar de su vivienda a familias que por haber quedado en situaciones de precariedad laboral y desempleo no pueden pagar sus abusivas hipotecas. Es muy legal también en este país que empresas con incalculables beneficios económicos y cuentas ocultas en paraísos fiscales, deslocalicen sus producciones poniendo en la calle a toda su plantilla para irse a otra parte donde les permitan explotar aún más a las y los trabajadores, incluso después de que en el territorio que abandonan se hayan tirado años cobrando todo tipo de ayudas y subvenciones sin control. Es muy legal que las grandes compañías eléctricas nos roben a la cara o corten la luz a las personas más vulnerables cuando no pueden pagar todo ello con la bendición del Gobierno central. Es muy legal que se pueda presentar a las elecciones un partido que lleva más de 20 años financiándose ilegalmente, cuyos cargos públicos y orgánicos por cientos están implicados en todo tipo de casos de corrupción. Etcétera, etcétera. Así las cosas, en este país la legalidad está cada vez más alejada de la ética, de la lógica más razonable, y de la responsabilidad y la justicia social. Por tanto, en las acciones y valoraciones políticas, la legalidad no puede ser la única referencia, y menos cuando las cosas están por juzgarse por quien debe y tiene la competencia para hacerlo. No es tampoco bueno reclamar que se juzgue la presunta corrupción de todo el mundo excepto la de nuestros amigos.

Y cuando se habla de asuntos “sindicales” es conveniente conocer un poco la historia del movimiento obrero para distinguir el sindicalismo de clase que emana de las y los trabajadores que a partir de un momento histórico entienden que han de unirse y organizarse para la defensa colectiva de sus derechos e intereses comunes, de las burocracias reformistas que crea el capital como reacción contra el sindicalismo de clase, y que alimenta con prebendas empresariales y el dinero público que les otorgan los gobiernos afines para dividir a las y los trabajadores y conseguir una mayoría que cierre la boca.

El debate sobre estos dos modelos de representación tiene más de cien años en toda Europa, no es pues una cuestión territorial, y también tiene unos cuantos trabajadores y trabajadoras muertas. Así que menos frivolidades. Lo importante en este momento, y para el futuro, es limpiar la casa y ordenarla, para que las estructuras que se pagan con dinero público para desarrollar las políticas activas de empleo pensadas para ayudar e insertar en el trabajo a las personas desempleadas, sean eficaces, y no como hasta ahora. En eso estamos en Podemos-Ahal Dugu y en eso vamos a seguir caiga quien caiga.

Y para ordenar la casa, lo primero que hay que decir es que desde 1995 existe el Consejo Económico y Social de Navarra, como órgano consultivo de la Administración de la Comunidad Foral en materia socioeconómica y laboral, con presencia en el mismo de representantes de la administración, sindicatos y organizaciones empresariales, economía social, agricultores y ganaderos, organizaciones ecologistas y Universidad Pública. Es este el marco en el que se ha de negociar y acordar con los agentes sociales entre otras cuestiones el Plan de Empleo. El Consejo de Diálogo Social creado en 2014 por el Gobierno de UPN, UGT, CCOO y CEN con su única presencia, es un órgano excluyente, poco democrático pues, opaco, y con vocación de chiringuito. El actual Gobierno se ha equivocado convocándolo, y debe rectificar y cerrar el chiringuito para siempre, en favor del órgano en el que verdaderamente están representados con amplitud prácticamente todos los agentes sociales, que son muchos más que los empresarios y su contrasindicalismo organizado.

El autor es parlamentario de Podemos-Ahal Dugu