Noticias de NavarraDiario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

Saltar al Contenido

Períodico de Diario de Noticias de Navarra

El fiscal recurre a los informáticos del 9-N para tumbar la estrategia de Mas

Altos cargos de Educación niegan haber coaccionado a los directores para que abrieran los colegios

Miércoles, 8 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:06h

pamplona- La Generalitat siguió adelante con los preparativos del 9-N los días posteriores a su suspensión por el Constitucional, según sostuvieron ayer ante el tribunal varios testigos vinculados a la organización informática de la consulta y a los institutos que acogieron la votación. Ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que juzga al ex-presidente de la Generalitat Artur Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9-N declararon una quincena de testigos, entre ellos cargos y técnicos encargados de la logística de la consulta, así como responsables de las empresas proveedoras de la Generalitat para la organización de la votación.

En la sesión se abordó la gestión de los colegios que acogieron las urnas el 9-N, con versiones contrapuestas, ya que un inspector de Enseñanza y una directora denunciaron presiones a los docentes para abrir sus puertas, mientras que la directora territorial del Departamento en Barcelona y el inspector jefe lo negaron y aseguraron que no se coaccionó a nadie. En este sentido, Josefa Bosch, que dirigía en 2014 el instituto Pompeu Fabra de Badalona, desmintió que se sintiera coaccionada: “Presión hubiera sido si nos hubieran obligado a nosotros a abrir los centros”, dijo.

La declaración de algunos de los testigos contribuyó a reforzar la tesis de la Fiscalía, que mantiene que, pese a que fueron los voluntarios quienes materialmente asumieron la ejecución de la votación -como el lunes mantuvieron los tres acusados-, las tareas de organización siguieron en marcha después del 4 de noviembre, cuando el TC suspendió la consulta, bajo el “control” de la Generalitat.

Así se desprende del testimonio del director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) durante el 9-N, Jordi Escalé, quien reconoció que los ordenadores que se utilizaron en los puntos de votación fueron repartidos entre los días 7 y 8 de noviembre. El testigo explicó que, antes del 4 de noviembre, ya se habían enviado ordenadores a unos 500 municipios de la geografía catalana, pero los terminales que iban destinados a institutos que acogían las urnas del 9-N se distribuyeron entre el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre, para evitar así interferir en la “actividad normal” de los centros educativos.

En ese sentido, Juan G., administrador de una empresa a la que Fujitsu contrató para distribuir los ordenadores del 9-N, ha situado entre el 7 y el 8 de noviembre el reparto de las terminales. Otro de los testigos que ha apuntado que la Generalitat mantuvo los preparativos para la logística de la consulta después del 4 de noviembre es Bernat Rigau, empleado de la empresa T-Systems, que en 2014 coordinaba los trabajos informáticos previstos en los contratos suscritos con el CTTI.

Según el testigo, ante las dudas expresadas por su empresa tras la suspensión de la consulta, el CTTI indicó por carta a T-Systems que siguiera adelante con los preparativos para la consulta. La carta, que T-Systems hizo llegar al TSJC a raíz de la investigación del 9-N, fue la que motivó que la Fiscalía pidiera la imputación del exconseller de Presidencia Francesc Homs por su papel en la consulta, ya que fue éste quien indicó por escrito al CTTI que los trabajos contratados no estaban afectados por la suspensión.

Respecto al uso de los centros educativos titularidad de la Generalitat que acogieron las urnas del 9-N, la sala escuchó el testimonio de Dolores Agenjo, directora de un instituto de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se negó a ceder su centro para la consulta. La testigo, que formó parte de la lista electoral de Ciudadanos en las últimas autonómicas, declaró que el día 7 de noviembre recibió varias llamadas de la exdirectora de Servicios Territoriales de Enseñanza, Montserrat Llobet, apremiándole a entregar las llaves del centro, pero ella se resistió a hacerlo mientras no se lo exigieran por escrito. Llobet, por su parte, rechazo haber presionado a nadie, al igual que Francesc Güell, inspector jefe de Enseñanza en 2014, que solo reconoció que “hubo un tira y afloja”. - D.N.

el rifirrafe

Referéndum. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recalcó en el Senado que “el referéndum de autodeterminación no se va a celebrar en España, como no se va a celebrar en Baviera ni en el Véneto”. El senador de Convergencia Josep Lluis Cléries, que le acusó de “precintar más que dialogar: sepan que lo que no consiguió la dictadura no lo van a conseguir ustedes”.