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El cuatripartito pide cambiar la acepción de terrorismo pactada por PP y PSOE en 2015

Tramitada una moción para evitar que sucesos como el de Alsasua se juzguen bajo ese delito
Juristas y la ONU ya reprocharon al Estado un cambio “en la línea de la excepcionalidad”

Andoni Irisarri - Miércoles, 8 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:06h

Cerca de 10.000 personas se manifestaron el pasado 26 de noviembre en Alsasua para pedir la libertad de los encausados.

Cerca de 10.000 personas se manifestaron el pasado 26 de noviembre en Alsasua para pedir la libertad de los encausados. (Foto: Javier Bergasa)

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Cerca de 10.000 personas se manifestaron el pasado 26 de noviembre en Alsasua para pedir la libertad de los encausados.

pamplona- Las fuerzas parlamentarias que sustentan al Gobierno de Navarra han registrado una moción en la que se solicita a las Cortes Generales que modifique la calificación penal de terrorismo que en la actualidad figura en el Código Penal, y cuyos “limites difusos”, tras la reforma exprés de PP y PSOE en 2015, pueden llevar a criminalizar conductas que “no constituirían terrorismo”.

Concretamente, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E tramitaron ayer una petición en la Cámara foral que insta al Congreso y al Senado a “emprender de manera urgente” la modificación del capítulo séptimo del Código Penal, y sobre todo del apartado 573, que quedó redefinido tras un acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE en febrero de 2015. Entonces, y apremiados por la amenaza yihadista (el atentado a la revista satírica Charlie Hebdo sacudió París un mes antes), Rajoy y Pedro Sánchez se apresuraron a firmar un pacto para cambiar sustancialmente los apartados afectos a la calificación de terrorismo que ya figuraban Código Penal.

Pero los cambios en la acepción, tramitados con celeridad, poco precisos en su alcance e incluso cuestionados por organizaciones internacionales -como la propia ONU- y juristas por su “vulneración de derechos civiles y libertades democráticas”, han servido también a la Audiencia Nacional para enmarcar el altercado producido entre nueve jóvenes y dos guardias civiles en Alsasua dentro de un delito de terrorismo, algo “especialmente llamativo” para el cuatripartito, habida cuenta de la diferente situación que se vive tras el anuncio del cese definitivo de la actividad de ETA en 2011.

Por eso, apenas unos días después de conocer el cierre del sumario de la juez Lamela, los partidos que sustentan al Gobierno de Navarra han tramitado la moción por la que piden a las Cortes la remodificación de dichos apartados. La razón principal que alega el cuatripartito son los “límites difusos” que se aplican al concepto de terrorismo, y que de facto contribuyen a crear un escenario en el que “aunque ETA no mate ni cometa atentados desde hace más de cinco años, puede haber un delito de terrorismo sin una organización activa detrás”, lo que llevaría, en el caso de Alsasua, a someter a los encausados a “unas penas absolutamente desproporcionadas” por unas conductas que, en circunstancias normales, “no pasarían de ser hechos constitutivos de una sanción penal común”, apunta el cuatripartito en una nota adjunta a la exposición de motivos de la moción, que tendrá que ser aprobada en Mesa y Junta de Portavoces antes de ser debatida en el pleno del Parlamento.

Incluso la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, quien ayer estuvo reunida en Bruselas con el comisario europeo Miguel Arias-Cañete, lamentó en una comparecencia posterior que “fórmulas pensadas para luchar contra el terrorismo yihadista han derivado en una norma que lleva a casos como este”.

prácticas “de excepción”La nueva tipificación, además, cuenta con otros problemas añadidos. Por una parte, por haber sido modificada tan recientemente, no cuenta con jurisprudencia constitucional ni del Tribunal Supremo al respecto, por lo que no han sido fijados sus límites de aplicación, hoy por hoy recogidos en los someros apartados 2 y 4 del artículo 573. En ellos, se concede al juzgador la potestad de calificar de terrorismo las conductas dirigidas a “atemorizar a una parte de la población o producir una grave alteración de la paz pública”, con toda la vaguedad que el concepto lleva implícito.

Esto podría llevar a una práctica interpretativa en materia de terrorismo que en algunas ocasiones ya se ha reprochado al Estado, y que algunas personalidades del mundo jurídico y del derecho penal y penitenciario enmarcan en “el ámbito de la excepcionalidad”. De hecho, cinco relatores de Naciones Unidas ya alertaron, en el momento de materializarse el pacto entre el PP y el PSOE, que la “calificación del delito tras la reforma” podría criminalizar conductas que “no constituirían terrorismo”.

Por último, los cuatro grupos consideran que “es momento de recomponer el estado de normalidad penal, retomando garantías y mínimos que en esta materia constituyen estándares básicos de un sistema de derechos y libertades”.

la reforma 2/2015

Cambios “de excepción”. Impactados por los recientes atentados contra el semanario francés Charlie Hebdo, el Gobierno de Rajoy, junto con el por aquel entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez (PSOE), alcanzó un pacto para reformar el Código Penal en su apartado de terrorismo. Ya el preámbulo de la Ley Orgánica 2/2015 está prácticamente centrado en el terrorismo yihadista, pero la nueva tipificación, poco concreta, sin jurisprudencia constitucional ni del Tribunal Supremo y ampliamente cuestionada por juristas y relatores de la ONU por su “vulneración de derecho civiles y libertades democráticas”, ha servido para encausar a los nueve jóvenes de Alsasua involucrados en un altercado con dos guardias civiles en un bar de la localidad. Precisamente, las “prácticas interpretativas” y de “ámbito excepcional” que venían denunciando estamentos judiciales y organizaciones internacionales.

sanz (pp) “la labor de los socios del gobierno no es valorar decisiones judiciales”

Cristina Sanz, senadora del PP por Navarra, consideró al conocer la iniciativa del cuatripartito que “los socios del Gobierno foral no tienen que valorar e inmiscuirse en las decisiones judiciales que no son de su competencia”. “Lo único que quieren es cambiar las leyes que no les gustan, que se legisle como ellos desean y que las decisiones judiciales sean acordes con su criterio”, concluyó.