Interrogados por hallar pruebas de la corrupción de UPN en Egüés

Seis cargos de Geroa Bai, EH Bildu, PSN e I-E declaran por recuperar los datos del ordenador de una empresa pública que había sido borrado
La juez cita también a un exconcejal del PP

Kepa García Unai Beroiz - Miércoles, 8 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:06h

El alcalde de Egüés acude a declarar ante una concentrración de apoyo.

El alcalde de Egüés acude a declarar ante una concentrración de apoyo.

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El alcalde de Egüés acude a declarar ante una concentrración de apoyo.

aoiz- La decisión unánime adoptada por los concejales del valle de Egüés en la pasada legislatura para poner fin a los casos de corrupción de los gobiernos de UPN en el municipio, donde sus últimos dos alcaldes tuvieron que dejar sus cargos por este motivo, ha terminado por pasarles factura a varios de ellos.

Seis cargos pertenecientes a Geroa Bai, EH Bildu, PSN e I-E tuvieron que acudir ayer al juzgado de Aoiz para declarar en calidad de investigados después de que la juez decidiera reabrir un sumario, que fue archivado en primera instancia, a raíz de la denuncia tramitada por la exedil regionalista Carolina Potau por haber abierto su ordenador de trabajo.

El aparato pertenecía a una empresa pública, Andacelay, investigada por corrupción y contenía una información que resultó decisiva en la investigación que se abrió inmediatamente después -hay un sumario que sigue abierto con nueve personas investigadas- y en la dimisión del anterior alcalde de UPN Josetxo Andía. También tuvo que dejar su cargo Carolina Potau, aunque en su caso al ser expulsada del partido.

Los hechos se remontan a febrero de 2013 y el problema legal al que se enfrentan los seis cargos públicos que declararon ayer es que para encontrar esas pruebas hubo que hacerse previamente con las claves de acceso al ordenador, que no habían sido entregadas;y recurrir a un experto en informática para recuperar los archivos que habían sido borrados del ordenador de la citada empresa pública. Al entender de la denunciante, este hecho supuso una violación de su intimidad.

Para dar cuenta de su actuación, los seis investigados, que siguen siendo cargos públicos en la actual legislatura, fueron citados a declarar a primera hora de la mañana con un intervalo de una hora y media larga entre uno y otro. Hay una séptima persona en su misma situación, la parlamentaria Miren Aranoa, que de momento no ha sido citada a declarar a la espera de que el juzgado acredita su condición de representante autonómico.

por la rueda de prensaLos seis fueron citados a declarar por ser los que comparecieron entonces en una rueda de prensa para dar a conocer el contenido de la información recuperada, donde aparecieron indicios sobre irregularidades en las adjudicaciones del Plan de Movilidad, de diversas obras, de tres promociones de VPO, del Centro de Atención a la Familia y la gestión de los dos polideportivos. En total, 40 millones de euros en adjudicaciones públicas.

Esta información, junto a los antecedentes que había en el Ayuntamiento desde el mandato de Ignacio Galipienzo, que también tuvo que dejar su cargo tras ser condenado por prevaricación, generó un proceso en cadena que terminó con la hegemonía de UPN en el valle y llevó a la alcaldía a Alfonso Etxeberria, que se mantiene en el cargo.

Fue el primero en declarar ayer. A continuación lo hicieron Mikel Bezunartea (PSN), Álvaro Carasa (I-E), Mikel Etxarte (Geroa Bai), Joseba Orduña (Geroa Bai) y Amaia Etxarte (EH Bildu). También declaró el contable de Andacelay, Fermín Elizalde. Las declaraciones se prolongaron desde las 10 de la mañana hasta las 17.30 horas y no hubo valoraciones de los protagonistas a la conclusión.

Los comparecientes fueron preguntados por el relato de los hechos recogidos en el sumario y por las razones que les llevaron a intentar recuperar los datos que habían sido borrados del ordenador usado por Potau. Recordaron que tras recuperar la información desaparecida y comprobar que había datos muy relevantes sobre las adjudicaciones, pusieron todo a disposición del consejo de administración de Andacelay.

En el seno de este organismo, del que formaba parte la actual senadora del PSN María Chivite y el popular Alfonso Úcar, y con el consenso de todos los grupos municipales se acordó la convocatoria de la rueda de prensa que dieron los siete y el contenido de la misma. También se decidió remitir la información a la fiscalía y al juzgado, así como la convocatoria de un Pleno donde se debía aprobar lo que habían acordado.

buscar datosA excepción del concejal socialista, que mantuvo una versión algo diferente, los declarantes mantuvieron una misma línea argumental. Así, recordaron que la única razón para acceder al ordenador de Potau fue que formaba parte del equipamiento de la empresa y que en ningún momento tuvieron intención de acceder a informaciones de índole privado o personal que pudiera contener.

Con respecto a la responsabilidad del borrado, el alcalde Alfonso Etxeberria reconoció que fue iniciativa suya y que trasladó el ordenador a un experto en la materia.

Los declarantes reconocieron que la rueda de prensa para comunicar el contenido del material hallado en el ordenador se hizo con el consentimiento de todos los grupos municipales, incluido Bezunartea, aunque trató de quitarse responsabilidad en lo sucedido porque según dijo luego no recibió toda la información.

Tras terminar las declaraciones, la titular del juzgado de Instrucción número 1 decretó cuatro nuevas citaciones para el 22 de febrero, entre ellas la del representante del PP en el consejo de administración de Andacelay, Alfonso Úcar. que lo hará en calidad de investigado como los de ayer. También tendrá que prestar declaración el técnico informático que recuperó los datos del ordenador y dos gestores de la empresa Andacelay.