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juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona

La juez cifra en 13 millones de euros la estafa piramidal que cometió el exasesor fiscal preso

Acredita medio centenar de perjudicados en 25 años por la actuación de Miguel Olagüe, en prisión desde finales de 2015

Viernes, 10 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:06h

Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona.

Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. (OSKAR MONTERO)

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Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona.

pamplona- La titular del juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona ha dictado el auto de procedimiento abreviado con el que concluye la investigación de la estafa piramidal presuntamente cometida por el que fuera asesor fiscal Miguel José Olagüe Roncal, pamplonés de 75 años y en prisión preventiva por estos hechos desde noviembre de 2015. En el relato de hechos que se le imputan a Olagüe, la juez relata las cantidades que debe a los inversores -en total medio centenar y la mayoría navarros, aunque también hay de comunidades limítrofes-, y la suma total alcanza casi los 13 millones de euros según ha podido acreditar la investigación realizada por la Policía Foral. La juez imputa también la conducta delictiva a las dos hijas de Olagüe, “que colaboraban en la actuación llevada a cabo por su padre y explicaban a los interesados el objeto de la inversión”.

intereses por encima del mercado La magistrada señala en su resolución que “desde aproximadamente el año 1992 el señor Olagüe fue recibiendo en su asesoría fiscal, en el barrio de Ermitagaña de la capital navarra, a personas de su entorno, en algunos casos personas que de forma prolongada en el tiempo le habían tenido como asesor fiscal o habían trabado relación de amistad con él”. Una vez establecido el contacto, le hacían entrega de “importantes cantidades de dinero (la mayor parte en efectivo e incluso llevado físicamente a la asesoría en bolsas de basura) con la promesa de llevar a cabo la inversión de las mismas, recibiendo a cambio intereses muy superiores a los de mercado”. Si bien en algunos de estos casos abonó en un primer momento los intereses o la parte que le era solicitada y no se reinvertía, la situación se truncó de tal manera con la pérdida de nuevos inversores que llegaron las deudas y la falta de liquidez y, como expone la juez, “acabó la situación con el cese de abonos de intereses y sin devolución de la cantidad principal entregada”. El auto añade que el hecho de que existieran devoluciones parciales a algunos de los inversores, “reforzaba la credibilidad en la fiabilidad de las inversiones”.

una familia perdió dos millonesEntre los perjudicados, hay inversores a los que debe un mínimo de 10.000 euros pero la mayoría tienen cantidades más importantes, y a algunos se les adeudan cifras millonarias. Así, una misma familia procedente del norte de Navarra reclama casi dos millones de euros después de que llevaran a cabo inversiones desde el año 2013 por la relación laboral que habían tenido con el asesor a raíz de un negocio familiar. Las primeras inversiones de esta familia no dieron buen resultado y el acusado les propuso que “le fueran entregando el dinero para la inversión por el que darían entre un 11,75% y un 12,75% de interés y la primera entrega económica la habían realizado ya en el año 1994”. Estos afectados solían reinvertir las cantidades anteriormente invertidas y los intereses obtenidos, salvo en alguna ocasión que pudieron llevarse alguna cantidad sin problema, relata la juez. Al pedir informacióin sobre las supuestas inversiones que realizaba el procesado, este alegaba que invertía en inmuebles para grandes compañías que recibían importantes alquileres y así hizo entrega en una ocasión de un balance”.

aires de consejeroEn la operativa que usaba, destaca la juez, ofertaba la entrega de los intereses trimestralmente y el hecho de que, en un inicio, llevara a cabo ese abono, hacía que se ganara la confianza de los inversores. Pero finalmente dejó de pagar aunque manifestaba tener “una póliza de seguro con relación a sus inversiones, decía tener bienes inmuebles, daba copias de balances sin especificar la sociedad a la que pertenecía en los que figuraba un activo de millones de euros y partidas de importantes cuantías, y se presentaba como una persona preparada con tres titulaciones universitarias y con la condición de pertenecer al Consejo de Administración de Banco Santander y Banco Popular”. El acusado incluso hizo invertir en marzo de 2013 unos 11.500 euros a su propia empleada del hogar que ahora le reclama. Además, falsificó la firma de su esposa en gran número de documentos que constituían recibos del dinero que le era entregado para invertir. - E. Conde