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Carga contra la Generalitat por cuestionarlo

El fiscal del 9-N niega presiones del Gobierno de Rajoy

Carga contra la Generalitat por cuestionar el carácter democrático del juicio contra Mas, Rigau y Ortega

Sábado, 11 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:08h

El expresident de la Generalitat Artur Mas junto a su mujer, Helena Rakosinik, a su llegada al TSJCat donde prosigue el juicio del 9N con la declaración de algunos de los voluntarios que colaboraron en la organización del 9N.

El expresident de la Generalitat Artur Mas junto a su mujer, Helena Rakosinik, a su llegada al TSJCat donde prosigue el juicio del 9N con la declaración de algunos de los voluntarios que colaboraron en la organización del 9N. (efe)

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El expresident de la Generalitat Artur Mas junto a su mujer, Helena Rakosinik, a su llegada al TSJCat donde prosigue el juicio del 9N con la declaración de algunos de los voluntarios que colaboraron en la organización del 9N.

pamplona- Visto para sentencia. El juicio por la organización de la consulta del 9-N concluyó ayer después de que las partes expusieran sus informes finales y el expresident del Govern, Artur Mas, y dos de sus exconselleras, Joana Ortega e Irene Rigau, echaran mano de su último turno de palabra para negar que instalar las urnas constituya delito. La opinión del fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled, fue radicalmente contraria. Mantuvo que los acusados “rompieron” las reglas de la democracia y que el ministerio público no ha recibido “indicaciones” del Gobierno español.

Sánchez Ulled quiso dar “explicaciones” por la actuación de la Fiscalía ante las “referencias institucionales” que desde la Generalitat han venido cuestionando el juicio del 9-N. “Ya está bien de todo lo que se está organizando alrededor”, se refirió en alusión no solo a la multitudinaria marcha que antecedió a la apertura del juicio, sino también al impacto generado en el panorama político. “Este juicio también es democracia, porque la democracia es muchas más cosas de las que se han dicho aquí”, proclamó, tras asegurar que, cuando fue designado para investigar el caso, la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, le pidió un examen “riguroso y técnico” del caso, aunque eso significara su archivo.

El juicio por la consulta celebrada hace más de dos años “no es un ataque político-ideológico”, se reafirmó, para tratar de dejar claro que no han existido presiones por parte del Gobierno español para que la Fiscalía apretara las tuercas a Mas, Rigau y Ortega;si bien Sánchez Uled reconoció haber tenido la sensación “de que en ciertos momentos estaba presenciando una batalla entre demócratas y leguleyos”. Pero aseveró que “la Fiscalía no depende del Gobierno, no hemos recibido ninguna indicación que viniera de allí, me veo obligado a decir que no. A partir de ahí, que se lo crean o no, me da igual”, concluyó. Esa afirmación motivó que el presidente de la sala tuviera que pedir silencio ante los murmullos del público y los propios acusados.

delito “claro”Sánchez Ulled afirmó que el 9-N, lejos de ser un proceso judicial de corte político, únicamente dirime si el Govern catalán de Mas maniobró para realizar “una ruptura de las reglas de juego democráticas”. En concreto, se trata de ver si la ejecución de la consulta por parte de los voluntarios “enmascaraba una actuación continuada de los poderes públicos” para desobedecer al Tribunal Constitucional. Lo que se juzga es “si hubo un desacatado, una desobediencia de un mandato constitucional”. Y, según dijo, aprecia ese delito de forma “clara”. El Gobierno español, por boca de su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, se abonó a la tesis del fiscal. “Claro que los tribunales forman parte del Estado de derecho y son democracia”, si bien se les reserva un papel como garantes “del cumplimiento de las leyes”. De hecho, se reafirmó en que “la ley es democracia”.

La respuesta de los acusados, que se enfrentan a inhabilitaciones de diez años -Mas- y nueve años -Rigau y Ortega-, llegó por la tarde. “Si lo que se trata es de reforzar la democracia, no entiendo que el 9-N se pueda considerar un delito”, le inquirió el expresident, para por último protestar por haber sido “calumniado” y sufrir, “acusaciones graves contra mí y una guerra sucia”, si bien “ningún fiscal salió en mi defensa”. Asimismo, se mostró “muy preocupado” por que “la fiscal general tenga que coger a un fiscal e insistirle en que debe ser imparcial y justo”, tal y como anteriormente llegó a afirmar Sánchez a Ulled. - D.N./E. P.