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El acto se celebrará el día 18

Las víctimas de la violencia ultra y policial tendrán su reconocimiento tras décadas de olvido institucional

El acto se celebrará el día 18 sin relación de homenajeados porque lo impide el Tribunal Constitucional

UPN, muy crítico ahora con esta reparación, votó a favor en septiembre

Javier Encinas - Domingo, 12 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:07h

German Rodríguez Saiz.

German Rodríguez Saiz.

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German Rodríguez Saiz.

PAMPLONA- Un número indeterminado de víctimas de la violencia policial y de grupos ultras recibirá el próximo sábado 18 de febrero el primer reconocimiento público tras décadas de sistemático olvido institucional.

Se trata de un acto que en la mayoría de los casos llega con varias décadas de retraso, y que el Gobierno de Navarra ha organizado en cumplimiento de la Ley Foral de de Reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Dicha ley, impulsada por Izquierda-Ezkerra, fue aprobada a finales de la pasada legislatura con los votos de Bildu, Aralar, Geroa Bai y PSN, mientras que UPN y PPN se quedaron solos en el rechazo.

Además, el Parlamento foral aprobó el pasado 14 de septiembre una moción, con los votos a favor de UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, la abstención del PSN y el rechazo del PPN, que insta al Gobierno a organizar un homenaje a estas víctimas en el plazo de tres meses.

Al Ejecutivo del cambio le hubiera gustado que la reparación fuera completa, pero no puede hacerlo. La ley fue recurrida por el Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional en enero de 2016, por lo que quedó suspendida.

Los servicios jurídicos del Ejecutivo foral consiguieron en febrero del año pasado que el Constitucional levantara la suspensión de los artículos que permiten celebrar este acto y que esta temática se incluya en el marco del programa anual de Educación para la Paz y los Derechos Humanos a partir del presente curso escolar.

Sin embargo, dado que está recurrida la puesta en marcha de la comisión parlamentaria encargada de identificar las víctimas amparadas en esta ley, el Gobierno puede celebrar el acto, pero está inhabilitado para elaborar el directorio de homenajeados.

“ANOMALÍA DEMOCRÁTICA”Pese a ello, es fácil adivinar quiénes son los destinatarios de este reconocimiento. En la moción se precisaba que es una “anomalía democrática inhumana e injusta” que todavía estén sin reconocimiento oficial los casos de José Luis Cano, Germán Rodríguez, Mikel Arregi, Gladys del Estal y Mikel Zabalza, “entre otros”. Entre esos otros figuran al menos Ángel Berrueta y José Miguel Etxeberria, Naparra.

Ninguna de estas víctimas tuvo relación con ETA. Las cinco primeras tienen en común que fueron muertes cometidas por excesos policiales. Además, solo en el caso de Mikel Arregi fue condenado el autor de su muerte, pero a una insultante condena de dos meses.

En todos los casos mencionados, la represión policial para acallar las protestas que se sucedieron a estos excesos fue tan brutal que buena parte de la sociedad navarra, sobre todo la que supera los 50 años de edad, de alguna forma también se siente víctima de estos hechos. No en vano, se cuentan por varias decenas los que resultaron heridos y los que sufrieron el paso por la Comisaría tras ser detenidos.

Especialmente dolorosos fueron los hechos que rodearon la muerte de Rodríguez

Berrueta, la víctima más reciente, también falleció a manos de un policía con el agravante de que ni se encontraba de servicio, ni medió en protesta de ningún tipo.

VÍCTIMA DEL TERRORISMODiferente al resto es el caso de Naparra, cuyo asesinato fue reivindicado por el Batallón Vasco Español, un grupo terrorista reconocido como tal por la propia justicia española.

Sin delitos de sangre, Naparra fue hecho desaparecer cuando trataba de regularizar su situación en lo que es un episodio más de la conocida guerra sucia.

En 2014, su hermano Eneko expuso ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones de Ginebra este caso. La comisión concluyó que su forzosa desaparición es un delito de lesa humanidad.

Su muerte también está recogida en el libro Relatos de Plomo que editó el último Gobierno de UPN. En él se habla de que se trata de un crimen con versiones contradictorias.

En realidad, su fallecimiento sigue rodeado de múltiples incógnitas casi 37 años después. No obstante, su caso se ha reabierto después de que el periodista Iñaki Errazkin haya declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael que una persona “de nacionalidad española, residente en Latinoamérica y conocedora de la guerra sucia del Estado”, haya aportado datos sobre el lugar donde estaría enterrado Naparra. La fuente es un antiguo espía del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa, el actual CNI), ahora gravemente enfermo, que ha facilitado un croquis detallado del lugar donde reposarían los restos de este pamplonés. Se trata de una arboleda situada en Mont de Marsan a una hora en coche de Ziburu, donde desapareció Naparra en 1980.

Estos siete casos de navarros muertos por violencia ultra y policial estarán presentes en el acto del próximo sábado (12 horas, claustro isabelino del Departamento de Cultura), en el que intervendrán las presidentas del Gobierno, Uxue Barkos, y del Parlamento, Ainhoa Aznárez, así como el presidente de la Federación de Municipios y Concejos, Pablo Azcona.

Al acto, del que UPN se ha descolgado después de votar a favor de su celebración en septiembre, se prevé una concurrida asistencia.

El PP, que históricamente no ha mostrado sensibilidad alguna hacia estas víctimas, asegura que el Ejecutivo foral “humilla a las víctimas de ETA” con este reconocimiento que apoya la mayoría parlamentaria.