Editorial de diario de noticias

Banco de España, CNMV y más allá

Al tiempo que el conocimiento previo de la situación de Bankia y otras entidades da fundamento a la investigación judicial, cabe deducir que los supervisores bancarios no actuaron sin el plácet del gobierno

Miércoles, 15 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:06h

La apertura por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, de una investigación contra el exgobernador del Banco de España (BdE) Miguel Ángel Fernández Ordóñez, su segundo, Fernando Restoy, y parte de la cúpula directiva que aún seguía en la entidad supervisora bancaria y ha debido dimitir, y contra el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV) Julio Segura por incumplimientos en su labor de supervisión en la salida a Bolsa de Bankia lleva cuando menos implícito el cuestionamiento de la actitud de las instituciones del Estado en un presunto fraude cometido contra decenas de miles de pequeños inversores. En primer lugar, tanto el Banco de España como la CNMV habrían conocido la verdadera situación del sector bancario, no solo de Bankia, y su inaceptable exposición en la conocida como “burbuja inmobiliaria”, lo que ya de por sí abre serios interrogantes sobre su labor de supervisión, por ejemplo, en la emisión de participaciones preferentes. En el caso de Bankia, además, el BdE y la CNMV hicieron presuntamente caso omiso a los nítidos informes de los inspectores que desaconsejaban la salida a Bolsa y la definían como inasumible por una entidad que era la resultante de la fusión, con ayuda del FROB, de Caja Madrid (la entidad presidida por Blesa primero y Rato después), Bancaja y otras cinco cajas dentro del proceso de reestructuración del sistema bancario con que el gobierno español trataba de contener la quiebra financiera de cajas y bancos españoles en 2010. En segundo lugar, del mismo modo que el conocimiento previo de la verdadera situación de Bankia -como el de otras entidades- por parte de los organismos reguladores es el fundamento de la investigación abierta por el juez Andreu, cabe deducir que tanto el BdE, cuyo máximo responsable es nombrado a propuesta del presidente del Gobierno, como la CNMV, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y cuyo presidente es nombrado por el Ministerio, habrían puesto en conocimiento del Ejecutivo la realidad de la situación del caso de Bankia y otros. Y en consecuencia cabe preguntarse si los gobiernos del Estado -desde 2008 el de Zapatero y desde 2011 el de Rajoy- no han diseñado y ejecutado políticas tendentes a beneficiar la precaria viabilidad del sector bancario, tan relacionado con el poder en el Estado, de modo premeditado a costa de los ahorros de los ciudadanos.

Más sobre Editorial

ir a Editorial »