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la carta del día

Menos pagar y más auditar

Jueves, 16 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:07h

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Mañana viernes, día 17, se cumplen siete años de la emisión de deuda pública que el Gobierno de UPN realizó por un importe de 293 millones de euros.

Será este día 17 cuando este Gobierno del cambio amortizará esa millonada. No sin antes haber abonado, a lo largo de estos siete años, 80 millones de intereses a las entidades financieras: BBVA, Can-Caixa, Sabadell, Caja Rural y el banco italiano BIIS.

Se trata de los bancos que coparon esta emisión de deuda a un interés del 3,875%. Interés muy por encima de los índices de referencia de los intereses marcados durante estos últimos siete años. Lo que ha supuesto que estos bancos han recibido más de 47 millones de euros en intereses de los que tenían que haber recibido. Producto de un sistema económico-financiero usurero y depredador, que viene esquilmando el presupuesto público durante la última década.

Conviene recordar qué se cocía en esta comunidad durante ese año 2010 y la gestión que realizó el Gobierno de UPN además de emitir esta deuda por 293 millones de euros.

Fue el año en que se aprobó la funesta ley 12/2010 de medidas de reducción del déficit público. Y mientras el Gobierno de UPN reducía un 5% el sueldo a los funcionarios y empezaba a aplicar las medidas austericidas que han llevado a Navarra a una situación de desigualdad económica insoportable, al mismo tiempo continuaban con su política megalómana construyendo infraestructuras y desarrollando proyectos innecesarios.

En aquel 2010 la deuda pública en Navarra se situó en 1.500 millones de euros. Casi doblando la que hubo en el año 2008 que fue de 800 millones de euros. Luego Barcina durante su legislatura la volvió a duplicar, dejándola en los más de 3.000 millones actuales.

La empresa pública Sprin, encargada de la construcción del Circuito de Los Arcos, la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, el PSIS de Arosteguia o Refena arrastraba unas pérdidas superiores a los 100 millones de euros.

Se consolidaron los peajes en la sombra para las autovías del Pirineo y del Camino, así como del Canal de Navarra.

Se instauró el Plan Moderna y el PSIS de Guendulain y se financió con tres millones de euros a la universidad del Opus para su Campus Excelencia.

Ese año se gastaron 13,6 millones de euros en el Pabellón Reyno Arena y 5 millones en el proyecto y dirección de obra del TAV.

Se firmaron los contratos especiales denominados swaps con la Caja de Ahorros de Navarra que a la postre supusieron 4,9 millones de euros birlados del erario público y fue el año que la mencionada y centenaria Can se convirtió en el engendro denominado Banca Cívica trayendo consigo la pérdida de mil millones de euros de su patrimonio.

En cuanto a la política fiscal, ese año se suprimió el impuesto del patrimonio y respecto a la lucha contra el fraude fiscal el entonces Consejero de Hacienda, Álvaro Miranda, manifestaba que en Navarra “cada año que pasa el fraude es residual” (DN 22-09-2010). A lo que su presidente, Miguel Sanz, acompañaba con la famosa y funesta declaración de que a él con 400 euros no le llegaba para una cena.

En este contexto, el Parlamento Social, mañana, día 17, se va a acercar a las doce del mediodía por el Departamento de Hacienda a decirle este Gobierno del cambio que menos pagar y más auditar.

En el convencimiento de que parte de la deuda emitida por los Gobiernos de UPN, así como sus intereses abusivos, es susceptible de ser declarada ilegítima y por lo tanto debe ser descontada de la cantidad a abonar a los bancos en el momento de su amortización.

Para ello urge el compromiso de este Gobierno del cambio en el apoyo a la consecución de la auditoría ciudadana de la deuda pública y desde este Parlamento Social no cejaremos en el empeño de realizarla.

Firman este artículo: Javier Onieva, Akina de la Cruz, Juantxo Goien y Félix Zabalza Integrantes del Parlamento Social

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