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El PPN pide suspender el acto de reparación a las víctimas de la violencia ultra y policial

El PSN sorprende al amenazar con irse si el homenaje del Gobierno se convierte “en otra cosa”

Javier Encinas - Jueves, 16 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:06h

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“El acto va a servir probablemente para vejar y humillar a las víctimas del terrorismo” “No vamos a permitir que se convierta en un acto de homenaje a los presos de la banda”

PAMPLONa- El Partido Popular de Navarra prosiguió ayer su particular cruzada contra el acto que el Gobierno foral ha organizado para este sábado en recuerdo a las víctimas de la violencia ultra y policial, y pidió su suspensión.

En su solicitud, su portavoz parlamentaria, Ana Beltrán, desprecia que esta convocatoria llegue en estricto cumplimiento de la ley foral de reconocimiento y reparación de estas víctimas, que fue aprobada en 2015 por todo el Parlamento, excepto UPN y PPN. Y tampoco tiene en consideración que con este acto el Ejecutivo atiende al mandato mayoritario de la Cámara, que el pasado 14 de septiembre dio luz verde a una moción -apoyada también por UPN- que instaba a celebrarlo en un plazo de tres meses.

“La celeridad con la que el Gobierno de Navarra quiere organizar este acto provoca que sea un homenaje a no se sabe quién, víctimas de no se sabe quién, y motivado por una ley que está casi en su totalidad suspendida por el Tribunal Constitucional”, se atrevió a decir Beltrán en un comunicado, dando a entender que no se ha leído la moción aprobada en relación con este acto. En ella, se dice que la reparación debe hacerse en tres meses, de ahí que llame la atención que hable de “celeridad”. La resolución también recuerda que están “pendientes de reconocimiento oficial” los casos de José Luis Cano, Germán Rodríguez, Mikel Arregi, Gladys del Estal y Mikel Zabalza, “entre otros”, y a estos está dedicado principalmente el acto, que si no tiene un directorio oficial es porque precisamente el PP lo impidió con su recurso ante el Tribunal Constitucional.

El PPN, que se suma a las demandas de suspensión solicitadas por la asociación Dignidad y Justicia y el Sindicato Profesional de Policía, reiteró que este acto “para lo único que va a servir es probablemente para vejar y humillar a las víctimas del terrorismo de ETA y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

Beltrán señaló también que “este Gobierno considera a las víctimas de ETA como de segunda”, pese a que ni justifique su valoración, ni haya hechos que sostengan tal aseveración. A su juicio, se trata de “una nueva cesión del Gobierno de Navara a Bildu”, pese a que fue Izquierda-Ezkerra quien impulsó la ley y la moción aprobadas.

ANA BELTRÁN

Portavoz parlamentaria del PPN

maría chivite

Secretaria general del PSN-PSOE

Remata el comunicado poco menos que llamando al Ejecutivo foral a ser insumiso ante la legalidad. “Aunque el acto sea legal, no es ético, ni procedente, ni oportuno”, considera Beltrán, que espera que el Gobierno “rectifique y lo suspenda”.

apoyo con reservasTambién se pronunció sobre este acto la secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, con unas declaraciones un tanto sorprendentes. Confirmó la asistencia de su partido, pero amenazó con que se irán si se convierte en “otra cosa”.

“El acto se debe atener a lo que pone en la ley y no a otra cosa”, manifestó Chivite, como si el organizador de este homenaje fuera un colectivo sospechoso de connivencia con el terrorismo o como si no conociera de primera mano el contenido del acto, que se lo ha explicado personalmente la consejera Ana Ollo.

“No vamos a permitir que se convierta en un acto homenaje a los presos de la banda ni un acto en contra de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, añadió la líder del PSN. “Si el acto se desarrolla en ese sentido, el partido socialista se levantará y se irá”, advirtió.

“perfectamente legal”Sobre este acto, también fue preguntada la portavoz del Gobierno foral, María Solana, quien explicó que el Ejecutivo “no tiene ninguna notificación de manera oficial” sobre la denuncia de la Asociación Dignidad y Justicia y el Sindicato Profesional de Policía a la Audiencia Nacional para que sea prohibido.

“No sé si la Audiencia Nacional ha recibido la solicitud, qué trámite le dará y qué consideraciones hará”, comentó Solana desde el convencimiento de que se trata de un acto “perfectamente legal, y que “el hecho de celebrarlo es desarrollar lo que la ley prevé”.

Recordó que la ley “está suspendida en parte” por el Tribunal Constitucional, y que precisamente avaló el artículo que hace referencia a “la celebración de un acto de estas características”, que será de “reconocimiento y reparación”.