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pleno del parlamento

El Parlamento pide cambiar el código penal para que hechos como los de Alsasua no sean considerados terrorismo

Los partidos del Gobierno consideran que es necesario “alzar la voz” por “las garantías procesales y la seguridad jurídica”
Finalmente, el PSN se une a UPN y PPN para votar en contra

Andoni Irisarri | Unai Beroiz - Viernes, 17 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:07h

Familiares de los encausados de Alsasua visitaron ayer el Parlamento de Navarra durante el debate sobre la catalogación penal de terrorismo.

Familiares de los encausados de Alsasua visitaron ayer el Parlamento de Navarra durante el debate sobre la catalogación penal de terrorismo.

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Familiares de los encausados de Alsasua visitaron ayer el Parlamento de Navarra durante el debate sobre la catalogación penal de terrorismo.

pamplona- El Parlamento foral acordó pedir ayer al Congreso de los Diputados y al Senado que modifiquen la acepción de terrorismo que figura en el Código Penal tras la reforma exprés a la que accedieron el Partido Popular y el PSOE hace dos años. Así lo demandó la Cámara navarra a través de una moción, suscrita por los cuatro partidos que sustentan al Gobierno (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E) y en la que piden a las Cortes Generales “emprender de manera urgente” la modificación del apartado 573 del Código Penal, que establece el concepto de terrorismo “en unos límites difusos”, lo que, en el caso de Alsasua, está provocando situaciones de vulneración de garantías procesales y ruptura de la seguridad jurídica. Para entender la petición del Parlamento foral hay que remontarse a febrero de 2015. Entonces, acuciados por los terribles atentados contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez acordaron apresuradamente la reforma del capítulo séptimo del Código Penal, correspondiente al tratamiento legal del terrorismo y que se sustanciaron en la Ley Orgánica 2/2015. El objetivo era acotar jurídicamente el auge del yihadismo. Pero los cambios se realizaron muy deprisa y sin concretar el alcance de la nueva medida, algo que ya fue criticado por plataformas jurídicas y por la propia ONU, que advirtió de que los nuevos términos de la reforma podrían penalizar bajo penas de terrorismo (sensiblemente mayores a las normales) conductas ordinarias que no pasarían de multas. Por desgracia, los vaticinios de los comisionados internacionales se cumplieron, y la reforma del artículo 573 sirvió a la Audiencia Nacional para encausar bajo ese delito a los once jóvenes involucrados en un altercado nocturno la madrugada del 26 de octubre de 2016 en un bar de Alsasua, y que se saldó con dos guardias civiles heridos leves. Sin embargo, algunos de los encausados, de los que tres están ya en la cárcel, podrían enfrentarse a penas de prisión de entre 10 y 15 años, algo que el cuatripartito achaca a “las interpretaciones judiciales de excepción”.

“caso desproporcionado”Fue Unai Hualde (Geroa Bai), exalcalde de Alsasua y vicepresidente primero del Parlamento, el encargado de defender una iniciativa en la que UPN, PSN y PPN votaron en contra, compartiendo argumentario en sus diferentes turnos de palabra.

Bajo la mirada de cuatro familiares de los encausados presentes en la tribuna de invitados, Hualde se hizo eco de todas aquellas voces que, a lo largo de todo el Estado, han negado que el caso pueda constituir delito de terrorismo. No lo vio nada más producirse el suceso el exministro del Interior, Fernández Díaz. Tampoco el catedrático emérito del Tribunal Supremo, Martín Pallín, quien calificó de “desorbitado” el procesamiento de los encausados, tesis que compartieron las cátedras de Derecho Penal de las Universidades de Barcelona, Carlos III de Madrid o Málaga, además de los abogados penalistas de la CAV y Navarra que han suscrito manifiestos al respecto. “Por eso tenemos que alzar la voz cuando se producen casos absolutamente desproporcionados por unas conductas que en cualquier otro punto del Estado se saldarían con una condena menor por lesiones”, como las recientemente resueltas en Plasencia o Seseña. Por eso, dirigiéndose a la oposición, Hualde concluyó su intervención rindiéndose a la evidencia de que “aquí no se trata de blanquear nada, sino de constatar que no hay terrorismo por ningún lado”.

Bakartxo Ruiz (EH Bildu) lamentó que “se esté cometiendo una injusticia” y consideró que detrás del caso está el objetivo de “criminalizar unas ideas”. Velasco (Podemos), por su parte, consideró que casos como el de Alsasua “erosionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales” y José Miguel Nuin (I-E) enmarcó el proceso en “un disparate jurídico entendible en los márgenes de la excepción del sistema penal español”.