juzgado de lo Contencioso Administrativo

El Consistorio debe pagar los daños de las riadas en Aranzadi en 2014

Una sentencia da la razón a los proyectistas que diseñaron el parque con la responsabilidad de unas obras que costaron 93.758

Ana Ibarra / Iban Aguinaga - Viernes, 17 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:07h

Dos personas pasean por el parque de Aranzadi.

Dos personas pasean por el parque de Aranzadi. (Iban Aguinaga)

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Dos personas pasean por el parque de Aranzadi.

pamplona- Una sentencia del juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo ha dado la razón a los proyectistas del parque de Aranzadi en el litigio abierto con el Ayuntamiento de Pamplona que le hacía responsable de los daños originados por las riadas de 2014 en este espacio público. El recurso de Alday Jover Arquitectos SLP se interpuso contra el acuerdo que adoptó el Consistorio liderado por UPN el 12 de junio de 2014 que les hacía responsables de las obras para la “subsanación de las zonas encharcadas” en el bosque de crecida del Parque Meandro de Aranzadi. Los arquitectos recurrieron el acuerdo municipal (Gerencia) del 4 de junio de 2014 al entender que los compromisos “fueron adoptados sin seguir el procedimiento administrativo y sin la necesaria motivación”, causando “indefensión” al atribuir a los proyectistas unos daños y perjuicios que “no se concretan”.

En su recurso la empresa destaca que ganó el concurso internacional para la redacción del proyecto que convocó el Consistorio, que contó con las autorizaciones oportunas, y también le fue adjudicada la dirección de obra bajo la “inspección y vigilancia de los servicios técnicos del Ayuntamiento”. Así, advirtieron “que los tiempos de evacuación de la natural inundación de la zona pudieran ser excesivos, pidiendo que se realizara el pertinente estudio por la dirección técnica, como así se hizo, siendo preciso llevar a cabo una serie de obras complementarias, pese a lo cual el Ayuntamiento consideró llevar a cabo así la recepción de la obra con una reservas que en el acta se recogen”. Alegan por tanto que no hay incumplimiento, puesto que en la plasmación del proyecto a la realidad se aportaron las “oportunas soluciones sin que el coste de su ejecución pueda cargarse a la actora”.

El tribunal considera que la responsabilidad de la recurrente en este procedimiento viene determinada por su condición de director de la obra. “Del expediente, la documental que obra en las actuaciones y la pericial practicada a instancias del recurrente resulta que el contato y comunicación entre dirección de obra y propiedad fue constante, se llevaron a cabo las oportunas reuniones entre ambos... y por parte de la recurrente se buscaron y propusieron modificaciones al proyecto que solucionaran los problemas que veía la administración propietaria de la obra, sin que se observe incumplimiento alguno de sus obligaciones por lo que el recurso ha de estimarse”, abunda. Recuerda asimismo que en el acta de recepción de la primera fase se detalló que quedaban “pendientes de realizar los trabajos indicados en el Anexo y la reparación de zonas de encharcamiento coincidentes con zonas de estancia y cruces peatonales del bosque de crecida conforme al informe técnico de la dirección de obra”. En otro informe la dirección de obra propone “una serie de medidas de intervención para adaptar el proyecto, que se niega que sea defectuoso, a los requerimientos de la propiedad y hacen constar un informe de Geonavarra”. Sin embargo, con posterioridad, los técnicos municipales “entendieron la actuación de la dirección de obra imprudente al haber confiado el drenaje del terreno a la filtración natural de las aguas”.

El Ayuntamiento adjudicó finalmente las obras reclamadas (al parecer se adeudan) la U.T.E. Harinsa Navasfalt S.A. y H.N.V. Infraestructuras S. L.. por 93.758,91 euros. Consistieron en un drenaje para evacuar el agua superficial y subterránea, así como rellenos puntuales con tierra vegetal.