Editorial de DIARIO DE NOTICIAS

Con todas las víctimas, desde la ética y la política

El reconocimiento institucional a quienes padecieron la violencia de grupos ultra o excesos policiales supone un paso adelante hacia un futuro de convivencia, sin olvidar el pasado desde la base común de los derechos humanos

Domingo, 19 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:06h

Las instituciones representativas y la propia sociedad navarra celebraron ayer un necesario acto de reconocimiento a las víctimas del terrorismo de ultraderecha, de la violencia parapolicial y de la guerra sucia. Al acto -encabezado por la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, junto a la presidenta del Parlamento y el presidente de la FNMC- acudieron cargos de todos los partidos a excepción de UPN y PPN, así como numerosos representantes de la sociedad navarra. Transcurrió en un ambiente de normalidad, corrección y emoción, aunque había estado precedido de una polémica demagógica, quizá dirigida a desgastar al Ejecutivo del cambio, aun a costa de complicar las bases para construir un futuro en convivencia y de cuestionar el legítimo anhelo de verdad, justicia y reparación de las personas que han padecido una violencia ilegal e injusta, agravada por el silencio, la complicidad o el olvido oficial. El acto cumplía con la ley foral de 2015 y da cobertura institucional a la moción aprobada el pasado 14 de septiembre por el Parlamento con el único voto contrario del PPN. Es decir, esa resolución contó también con el apoyo de UPN, pese a que ahora se ha desmarcado de aquella posición en un discurso seguidista de la discriminación entre víctimas de primeray de segunda que abandera, al igual que en la CAV, el PP. Pero, como explicó Uxue Barkos, más allá del mandato legal, el Gobierno tiene un compromiso ético y político con la defensa de todos los derechos humanos de todas las personas. Es evidente que el terrorismo de ETA acumula la mayor parte de las víctimas, pero no reconocer también el terrorismo ultra y la guerra sucia impulsada desde los aparatos del Estado, las desapariciones o los casos de tortura y malos tratos condenados en los tribunales supone un intento de discriminación y de obviar parte del sufrimiento generado por la violencia. En los últimos años, las víctimas de ETA han alcanzado el necesario y legítimo reconocimiento social, político y económico. Y aunque quienes hayan vivido de forma directa las consecuencias de la violencia política jamás podrán ser resarcidos, el derecho a la verdad, la justicia y la memoria alcanza a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos. Por eso es clave la asunción institucional de esta realidad y la deslegitimación social de la violencia. Pamplona vivió ayer un paso importante en un difícil pero necesario camino hacia la reconciliación y la paz en el que no sobra nadie.

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