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50 menores reciben la denuncia de sus padres por agredirles entre 2015 y 2016

La violencia filioparental aparece como parte del conflicto social en la adolescencia
En niños con 13 años o menos, sin responsabilidad penal, se notificaron 11 casos

Leticia de las Heras - Dani Olóriz/Patxi Cascante - Lunes, 20 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:07h

El conflicto social en la adolescencia también puede manifestarse con absentismo escolar, consumo de drogas o fugas del domicilio, entre otros.

El conflicto social en la adolescencia también puede manifestarse con absentismo escolar, consumo de drogas o fugas del domicilio, entre otros.

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El conflicto social en la adolescencia también puede manifestarse con absentismo escolar, consumo de drogas o fugas del domicilio, entre otros.

“Queremos ir hacia un modelo basado en la detección temprana y en la intervención en el ámbito comunitario”

Pamplona- El sistema de reforma atendió a 50 menores de edad tras haber sido denunciados por violencia filioparental durante los años 2015 y 2016. Se trata de una realidad que, según el subdirector de Familia y Menores del Gobierno de Navarra, Mikel Gurbindo, no se puede tratar sin contextualizarla dentro del conflicto social en la adolescencia.

En lo referente a las sentencias, en 2016 se fallaron 16, un 30% menos que el en 2015. Este descenso en el número de resoluciones es un dato puntual y no hace referencia a una tendencia, ya que en años anteriores los datos son muy similares. Así, en 2014 se dictaron 28 sentencias y un año antes, 27.

A parte de la violencia de los hijos hacia los padres, el conflicto social tiene muchas otras manifestaciones como pueden ser la comisión de actos delictivos, fugas del domicilio, situaciones de absentismo escolar continuado o consumo de drogas. Según Gurbindo, “todas estas manifestaciones agresivas de violencia física, psicológica o emocional contra los padres forman parte de una casuística mucho más amplia y en la mayoría de los casos la violencia no es el aspecto más relevante”.

La vía penal, que se lleva a cabo a través del sistema de reforma, plantea una atención educativa para todas aquellas situaciones constitutivas de delito, mencionó Gurbindo aludiendo a que la Ley 5/2000 es “profundamente progresista y renovadora” no solo por este carácter didáctico, sino también porque todas las medidas se llevan a cabo desde el sistema de protección. A parte de la reforma, existe otra vía, la de protección, que atiende todas las situaciones de conflicto social en las que no hay una denuncia pero sí una situación de alarma y riesgo que, como mínimo, hace que la convivencia familiar sea complicada.

El subdirector de Familia y Menores aludió a que, ante un caso de violencia filioparental, una de las preguntas que con más crudeza le plantean los padres es si deben interponer una denuncia. “Cuando la situación es lo suficientemente grave siempre suelo plantear la denuncia no solo como una responsabilidad, sino también como un acto de amor a los hijos”, declaró constatando que es la única manera que tienen de ayudar a sus hijos. La vivencia de los padres, explicó, es muy diferente, ya que ellos sienten una gran culpabilidad y lo experimentan como un fracaso personal porque no entienden cómo ha podido suceder eso.

CasosLos 50 menores de edad sobre los que se interpuso una denuncia suponen menos del 18% de los 280 intervenidos desde el sistema de reforma. Según apuntaron desde la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo, el detonante de esta intervención es la denuncia establecida ante la policía o la fiscalía de menores por episodios reiterados de violencia en el ámbito de la convivencia familiar, ya sean de carácter físico o emocional. En el caso de las medidas dictaminadas por ellos, indicaron, el detonante de la intervención se produce habitualmente a partir de la alarma social generada en el ámbito familiar o escolar tras reiteradas y prolongadas fugas del domicilio familiar.

Estas fugas, indicaron, en la mayor parte de los casos tienen lugar en un contexto de clandestinidad, lo que según la Agencia hace aumentar de forma exponencial la exposición al riesgo de violencia sexual o el establecimiento de relaciones sexuales altamente inadecuadas en el caso de las chicas. Los chicos, por su parte, se ven más expuestos a altos niveles de consumo de tóxicos y al inicio de itinerarios de predelincuencia.

En España la mayoría de edad penal está en los 18 años, aunque la legislación establece que a partir de los 14 se pueden exigir responsabilidades. A este respecto, la Ley establece que cuando las infracciones son cometidas por niños que no alcanzan esa edad se debe buscar la solución en el ámbito educativo y familiar. Entre 2015 y 2016 cometieron una falta o delito inimputable penalmente 230 niños, 11 de ellos (el 4,8%) por situaciones asociadas a violencia filioparental.

En total, entre los años 2015 y 2016 se estableció alguna medida de protección o reforma asociada a una situación de conflicto a 641 menores de edad. De ellos, 175 fueron considerados en una situación de conflicto social severo y prolongado, con gestión de la guarda en algunos de los casos, y todos ellos intervenidos desde el sistema de protección. Este mismo organismo actuó con los 186 declarados en conflicto social moderado, con quienes también se actuó en el ámbito comunitario.

Conflicto socialLas situaciones propias de este conflicto social no llegan de un día para otro, subrayó Gurbindo, se trata de un conglomerado de situaciones que, poco a poco, van creando un malestar interno en el menor y que eclosiona en la adolescencia con un patrón de conducta inadaptada. Según explicó, se trata de una etapa especialmente conflictiva en la que confluyen multitud de transiciones vitales y decisiones de gran importancia para las que los jóvenes no siempre están preparados. Esto coincide con un momento de continuas interacciones sociales con el entorno (familia, pareja, grupo de iguales, sistema educativo, sistema judicial, etc.) que generan gran número de fricciones y daño emocional.

A estas situaciones habituales, apuntó Gurbindo, se le añaden otras circunstancias que los menores no deberían haber vivido y que les suponen una carga extra de estrés. Las situación de desprotección como el abandono, el maltrato o los abusos sexuales son las más obvias, pero existen otras que no aparentan un riesgo pero son igual de perjudiciales.

Entre estas situaciones más desapercibidas, Gurbindo destacó las migraciones. Las personas de origen extranjero, ejemplificó, se encuentran con multitud de casos en los que por el proceso migratorio establecido por los padres han tenido que vivir muchos años separados de ellos y cuidados por algún familiar. Se trata de una situación de separación que en algunos casos se alarga hasta 10 años. Cuando estos menores vuelven con sus padres, relató, se encuentran con situaciones que no tienen nada que ver con las expectativas que se habían creado. “Se encuentran con una madre prácticamente desconocida con la que tienen que renovar todo el vínculo, a la que apenas ven porque trabaja 16 horas y viviendo muchas veces en una habitación por donde transitan adultos que no conocen y donde se encuentran a veces con compañeros de su madre de los que desconocían su existencia”, enumeró.

La presencia de esta población extranjera es una realidad que lleva ya muchos años en Navarra, pero Gurbindo reconoció con los datos en la mano que “no se les ha prestado suficiente atención”. En la actualidad, el 50% de los menores atendidos por el sistema de protección son de origen extranjero, un dato que choca directamente con el peso poblacional de este colectivo, que representan solo el 10% del total de los habitantes de Navarra. Esta sobrerrepresentación en las atenciones no se debe a sus características culturales, explicó el experto, sino a las políticas migratorias y a las dificultades patentes de llevar a cabo modelos de integración social más adecuados.

IntervenciónPara Gurbindo, la clave para evitar la violencia filioparental está en abordar el conjunto de las situaciones que abarca el conflicto social, ya que cuando se establece una intervención en este sentido más amplio el menor “va estabilizándose y decaen todas la manifestaciones, incluida la violencia”, afirmó. Por ello, consideró, es importante hacer una relectura del actual sistema y volver a conceptualizar el fenómeno para que solo se presente atención a la conducta del menor, sino a todo su entorno.

Este es un trabajo que desde el actual Gobierno ya se está haciendo con el diseño del segundo Plan de Atención a la Familia y la Infancia. “Queremos trabajar desde un nuevo paradigma que vaya más allá de la actuación tradicional de los sistemas de protección, basados en la reparación del daño, a un modelo más de prevención basado en la detección temprana y en la intervención en el ámbito comunitario”, explicó Gurbindo.

La atención a estos menores se hace desde la protección, ya que según explicó Gurbindo, “ese menor que se puede entender como agresor es también una víctima de la desprotección”. Por ello, siempre que es posible se establecen programas educativos en el contexto familiar, ya que se entiende que los menores no son los únicos responsables de esta situación de violencia. Hay situaciones en las que el menor no puede permanecer en el domicilio debido a que la situación de agresión o abandono es demasiado grave. En estos casos se actúa con recursos de carácter residencial, alejando al menor de su hogar pero siempre con el objetivo de que regrese a su casa. En estos casos se trabaja de forma paralela con el agresor y con su familia para propiciar así que la reunificación familiar sea lo más rápida y eficaz posible. Existen casos en los que esta vuelta con la familia deja de ser una opción posible y los esfuerzos comienzan a dirigirse a potenciar su autonomía.

Recursos de protección

Acogimiento familiar. Es un recurso destinado a niños y niñas que han tenido que ser separados de su familia de origen. Se integran en otra familia (que puede tener o no parentesco con el menor) para evitar su estancia en una institución. Puede ser un acogimiento de urgencia (por un periodo de seis meses), temporal (está previsto un máximo de dos años) o permanente cuando no existe previsión de retorno al núcleo familiar.

Acogimiento residencial. Es el recurso de mayor impacto e implicación institucional, a la par que el de mayor coste económico. Permite una intervención integral con el menor y se efectúa un programa paralelo con su medio familiar.

Adopción. Está dirigida a facilitar al menor un hogar definitivo y alternativo al de su familia natural. Tiene carácter definitivo, confiriendo al niño todos los derechos de filiación por parte de la familia adoptante y desapareciendo los vínculos jurídicos con su familia anterior.

Intervención familiar. Se desarrolla con menores de 0 a 18 años cuya problemática sociofamiliar puede ser tratada en su entorno, evitando el desarraigo que generaría un internamiento. El programa incide mediante asesoramiento y orientación en la familia y el menor sin necesidad de que este abandone su hogar.

Centro de Día. Es un recurso destinado a la atención diurna de menores en horario extraescolar y vacacional. En él, un equipo especializado integrado por educadores, trabajadores sociales, psicólogos y pedagogos intervienen en los ámbitos personal, social y familiar del menor.

Educación de adolescentes. Es un recurso dirigido a menores en situación de riesgo de conflicto social moderado. Está destinado a familias en crisis con hijos adolescentes que manifiestan dificultad para la gestión de su conducta, trabajándose con ambas partes.

Medidas judiciales en medio abierto. Dirigidas a menores de entre 14 y 18 años que han cometido alguna falta tipificada como tal en el código penal. Incluye el internamiento en régimen cerrado, semiabierto o abierto, el internamiento terapéutico, el tratamiento ambulatorio por consumo de drogas y problemas de salud mental, la permanencia de fines de semana en el centro o domicilio, la libertad vigilada, la prestación de servicios en beneficio de la comunidad y la realización de tareas socioeducativas.

Medidas judiciales de internamiento. El Centro Educativo Aranguren constituye el centro de referencia para el cumplimiento de medidas de internamiento exclusivamente judiciales. Tiene su propio equipo técnico, proyecto educativo y metodología.