Editorial de diario de noticias

Otro deber ético pendiente

Una nueva iniciativa legislativa busca dar cobertura institucional, legal y económica a las 200 familias navarras que buscan a sus ‘bebés robados’ durante el franquismo y reconocimiento a los niños y niñas víctimas de aquella trama

Miércoles, 22 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:08h

el llamado caso de los bebés robados durante la dictadura franquista -desde 1936 hasta el comienzo de los años 90- no es nuevo. Fue en el entorno de la investigación judicial de los crímenes del franquismo, paralizada y bloqueada en 2011 cuando el juez Garzón fue condenado por prevaricación por esta causa y apartado de la carrera judicial, cuando se cifró en alrededor de 300.000 los niños y niñas robados o víctimas de adopciones ilegales desde los años 40. Una cifra difícilmente contrastable, ya que las familias que se han puesto en marcha en la búsqueda de sus hijos o hermanos desaparecidos han encontrado desde el comienzo numerosas dificultades para acceder a la documentación oficial y poder así verificar sus sospechas. DIARIO DE NOTICIAS ha venido publicando periódicamente desde el comienzo sucesivas informaciones sobre la organización y pasos de familias navarras -ha habido denuncias similares en la CAV y otras comunidades del Estado a lo largo de estos años-, con exhumaciones y actuaciones judiciales de quienes tenían sospechas de que sus hijos fueron robados y vendidos en adopción o de los mismos hijos e hijas que sospechan o saben que fueron objeto de este tipo de maniobras y erradicados de sus familias originales. Y hoy informa, a partir del testimonio de varios casos en Navarra, de una nueva iniciativa legislativa, presentada por I-E, que pretende facilitar el acceso de esas familias a un archivo de ADN que posibilite conocer la verdad de lo que les ocurrió al nacer. En Navarra se calcula que al menos 200 familias siguen buscado a sus bebés robados en el franquismo. En pocos años y pese a las muchas dificultades políticas y jurídicas que ha puesto el Estado, el caso de los niños robados ha dado un giro espectacular, y ha adquirido por fin la dimensión pública que merecía y obligado a instituciones y partidos a pronunciarse y a implicarse en la búsqueda de la verdad. Sensibilizada la sociedad sobre la necesidad del esclarecimiento de estos hechos y, si como todos los indicios señalan, estamos ante una trama que practicaba de forma sistematizada el robos de niños, su esclarecimiento debe ser una prioridad y, como tal, requerirá de medios institucionales y económicos que están muy lejos del alcance de las asociaciones que defienden los derechos de estas familias. Se trata, antes que nada, de amparar el derecho a saber de unas familias que arrastran décadas de angustia por la incertidumbre generada por las dudas sobre cuál fue el destino de aquellos niños y niñas.

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