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iniciativa de la Mesa estatal pro referéndum

El Parlamento foral apoya la iniciativa para que no se privaticen las pensiones

Todos los partidos dan su respaldo a la plataforma que pide blindar estas prestaciones en la Constitución

Andoni Irisarri / Javier Bergasa - Miércoles, 22 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:09h

De i a d: Santiago Casal, Antón Gil (al fondo), Jesús Suescun, la presidenta de la sesión de trabajo Bakartxo Ruiz (EH Bildu) y Joaquín Almoguera.

De i a d: Santiago Casal, Antón Gil (al fondo), Jesús Suescun, la presidenta de la sesión de trabajo Bakartxo Ruiz (EH Bildu) y Joaquín Almoguera. (Javier Bergasa)

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pamplona - El Parlamento de Navarra mostró ayer su apoyo unánime a la iniciativa de la Mesa estatal pro referéndum de las Pensiones (Merp), que pide reforzar en la Constitución la garantía de las prestaciones públicas de jubilación. La adhesión no se materializó en ninguna iniciativa concreta, sino que quedó patente en las intervenciones de los distintos portavoces de los grupos durante el desarrollo de una sesión de trabajo con la delegación navarra de la plataforma, que nació en el año 2013 con el único objetivo de garantizar en la Carta Magna el pago, “sin mermas, ni recortes ni privatizaciones”, de las pensiones públicas. Ahora, los partidos tendrán que explorar la forma en la que el apoyo mostrado ayer a la representación de la Merp Navarra se refleje en un pronunciamiento institucional, que podría tomar la forma de una proposición de ley o una declaración.

La representación de la Merp Navarra que ayer visitó el Parlamento estuvo compuesta por Joaquín Almoguera, Antón Gil, Ramón Marín, Santiago Casal y Jesús Suescun. Éste último fue el encargado de presentar una iniciativa apoyada por más de 170 organizaciones en todo el Estado, más de un centenar de personalidades del mundo de la cultura, 61 ayuntamientos (cuyas poblaciones representarían casi 16 millones de personas en toda España), diez defensores del Pueblo y dos parlamentos autonómicos (antes de la visita de ayer al de Navarra). Además, la iniciativa ha reunido 700.000 firmas en tres años y aspira a llegar al millón en la próxima recogida.

Suescun explicó que la plataforma no pretende utilizar las firmas para poner en marcha una iniciativa legislativa popular, sino que lo que se quiere así es evidenciar “el respaldo” de la sociedad a una petición muy sencilla: la de blindar el artículo 50 de la Constitución, correspondiente a las pensiones. Actualmente, dicho epígrafe especifica que “los poderes públicos garantizarán unas pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas”. Pero, para la plataforma, el hecho de que las pensiones ya estén recogidas en la Carta Magna no es, por sí misma, garantía de nada. No si, en agosto de 2011, la aplastante mayoría de PSOE y PP (a la que se sumó UPN) sirvió para la modificación exprés de la Constitución para garantizar la prioridad del pago de la deuda sobre el resto de disposiciones. Con ese precedente, Suescun justificó que la iniciativa de la Merp tenga que ir más allá y pedir directamente un blindaje de las pensiones que “convierta en obligación inexcusable” su pago, actualización y garantía dentro del modelo público. La plataforma, como tal, no propone ninguna fórmula para garantizarlas, tal y como precisó otro de los portavoces, Santiago Casal. “Tampoco queremos ajustar las cuentas de nadie”. Simplemente, “la Merp quiere ser anfitriona para que se debata un tema que genera gran alarma social y que no puede estar sujeto a un calendario electoral”.

apoyo unánime Todo el arco parlamentario foral apoyó la iniciativa y se comprometió a evaluar con detenimiento las posibilidades para sumarse de manera oficial a la petición. Isabel García Malo (UPN) celebró que la plataforma pretenda “trascender las distintas ideologías por algo que nos afectará a todos” y aseguró que su sigla analizará “con mucho detalle” toda la propuesta, que “a priori” vieron “con buenos ojos”.

Isabel Aramburu (Geroa Bai) adelantó que su sigla apoyará “todas las iniciativas que se impulsen desde la Merp”, y puso el foco de la responsabilidad sobre quien realmente tiene las competencias: el Estado. “Las pensiones son un derecho, y la garantía de ese derecho corresponde al Gobierno central, por tener las competencias. Y lo que vemos es que las políticas neoliberales del PP han vaciado la hucha de las pensiones”. Puso como ejemplo al Gobierno de Navarra, que recientemente ha equiparado las pensiones más bajas al SMI, y exigió al PP que “cumpla con su obligación”.

Por parte de EH Bildu, Asun Fernández de Garaialde lamentó que los pensionistas, y especialmente las mujeres y las personas con diversidad funcional, estén viendo reducida su capacidad adquisitiva y no tengan garantía de recuperarla. Por eso, a pesar de que trasladó el apoyo de su sigla a la Merp, volvió a plantear la necesidad de reformar el Amejoramiento para “tener las herramientas para regular las pensiones en nuestras manos”.

Mikel Buil, de Podemos, consideró que desde 2013 se ha producido “una deriva hacia la privatización”, ya que “la pérdida de capacidad adquisitiva ha abocado a los pensionistas a complementar sus ingresos con fondos privados”. Por esta razón vio lógico que la Merp pretenda “blindar” las jubilaciones en la Carta Magna. Para Nuria Medina (PSN) el debate y la reforma tendría que ser “muy grande”, ya que las pensiones se ven afectadas por “unos salarios de los jóvenes que tienen que ser revalorizados”. Por último, José Miguel Nuin (I-E) trasladó su apoyo a la delegación, pero sugirió que a la hora de garantizar las pensiones se unan “todas las luchas”, también la de la precariedad de los jóvenes, “para hacer una gran reforma constitucional”. El PP no asistió.

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