Editorial de DIARIO DE NOTICIAS

Justicia subordinada

La polémica de los relevos en la Fiscalía surge de la ausencia de autonomía del Ministerio Público;las dudas sobre los últimos dictámenes judiciales constatan la intervención de la voluntad política

Sábado, 25 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:07h

la polémica desatada por los relevos que el Consejo Fiscal presidido por el recién nombrado José Manuel Maza ha procedido a realizar en puestos de relevancia de la institución, así como por los que afectan a decenas de fiscales que habrían investigado causas de corrupción, y la denuncia de las asociaciones corporativas de un claro retroceso en la pretendida autonomía del Ministerio Fiscal vuelven a poner el dedo en la llaga de la evidente falta de independencia de la Justicia en el Estado español. Y no solo por su extraña coincidencia temporal con los discutidos y discutibles dictámenes judiciales sobre el caso Nóos o elde las tarjetas black. Más allá de lo nominal de los nombramientos estelares de Jesús Alonso para fiscal de la Audiencia Nacional y de Manuel Moix en Anticorrupción, el relevo en Murcia de quien acometía la investigación contra el presidente de la Comunidad -Pedro Antonio Sánchez (PP)- resulta la prueba indubitada de la concurrencia de una motivación ideológica o partidaria en la política de designaciones y ceses, además de entrañar la certeza de que en algunos de los cambios no existiría otra causa real que justifique la sustitución, toda vez que el Estatuto del Ministerio Fiscal contempla la posibilidad y no la obligación de renovación cada cuatro años y la labor de gran parte de los relevados ha sido reconocida. En todo caso, cambios de este cariz no sorprenden en un Ministerio Público cuyo representante en el caso más notorio de la década exonera públicamente antes del juicio a la acusada hermana del rey y explicita tras el mismo intenciones cambiantes que van rebajando las medidas cautelares a solicitar a los ya condenados;o cuando el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se permite opinar sobre esos y otros dictámenes judiciales antes de que estos sean efectivos, lo que se debe entender que los condiciona. Muy al contrario, todo es consecuencia previsible de un sistema de Justicia en el que la Fiscalía depende jerárquicamente del Ministerio de Interior y en el que la designación de los órganos de gobierno de los jueces (Consejo General del Poder Judicial) y los tribunales superiores (Supremo y Constitucional) depende y se realiza por voluntad y negociación política, lo que los subordina pervirtiendo el ejercicio arbitral que a la Justicia se le supone en democracia. El respeto a las decisiones judiciales que esgrime Mariano Rajoy para huir de las acusaciones de corrupción es mera falsedad si no se respeta y protege la independencia de quien las toma.

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