No son los barriles: es cómo se reparte el espacio público

Por Armando Cuenca - Lunes, 27 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:09h

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recientemente, hemos asistido a una de esas escaramuzas de los Gobiernos del Cambio: un ayuntamiento da un tímido paso para deshacer una injusticia, un lobby carraspea, se generan un par de titulares... y el consistorio da marcha atrás.

El caso de los barriles del Casco Viejo ha seguido, con matices, ese esquema. Los vecinos, a través del proceso participativo de Lo Viejo se mueve expresan su malestar sobre la ocupación del espacio por los barriles. Algunos agentes de la Policía Municipal toman la iniciativa e inician lo que parece ser una huelga de celo: la normativa ya existía -aunque no se aplicaba- y algunos agentes han decidido interpretarla literalmente. Sus motivaciones no son públicas pero, en este caso, es fácil estar de acuerdo. ¿Se extenderá alguna vez este criterio a los coches mal aparcados en Alde Zaharra?

El resto es historia: unos pocos bares lanzan una campaña con carteles de “Se vende”, donde indican el número de trabajadores del negocio, pero olvidando mencionar el beneficio neto de su empresa y el sueldo de los asalariados. El Gobierno del Cambio se pone manos a la obra a la velocidad del rayo... y, en menos de cinco días, se reinterpreta la norma. A los pocos días se plantea, incluso, la posibilidad de devolver las multas a los bares afectados.

La primera conclusión es la debilidad de este Gobierno del Cambio en particular. Ni en la Policía Municipal hay una dinámica de conflictos internos de envergadura, ni el lobby hostelero tiene tantas herramientas para presionar al Ayuntamiento. Es difícil de explicar la celeridad administrativa, y quizás por eso el vecindario está tan molesto.

La segunda conclusión es que el debate sobre los barriles es poco relevante, porque a esas horas no son intensos ni el tránsito de vecinos, ni la carga y descarga. Es como esas ordenanzas locales absurdas que hay en Estados Unidos que prohiben, por ejemplo, llevar un helado en el bolsillo trasero del pantalón... cosa que, por cierto, sucede en Alabama. O dicho de otro modo: puede que los hosteleros tuvieran razón en esta cuestión concreta, pero no es lo importante.

La tercera conclusión es que la Policía -cualquier policía- aplica la ley con cierta arbitrariedad. Si la norma lleva existiendo desde 2014, fecha de la última modificación de la ordenanza, ¿por qué no se aplicaba? Esa arbitrariedad en la aplicación de el Orden y la Ley es característica de democracias de baja calidad como la nuestra.

Por tanto, no es un problema de correlación de fuerzas, ni de alarma social, ni de aplicación de la ley. La clave es la explotación privada del espacio público. El vecindario tiene razón al detectar el síntoma de la enfermedad: la calle se reparte de manera injusta, especialmente en el Casco Viejo, donde la rentabilidad es mayor. Y acierta también al acusar al Gobierno del Cambio de no tener un plan. La actualización del PEPRI -la normativa urbanística especial que regula las licencias de Alde Zaharra- debería evitar que la situación empeore en los próximos años pero, pasan los meses, y se consolida el modelo de extracción de rentas de monopolio heredado de UPN.

En definitiva, terrazas y barriles son solo la punta del iceberg. Hay que incluir también a establecimientos turísticos -regulados y no regulados, como AirBnB-, eventos que explotan comercialmente el Casco Viejo como activo de la ciudad marca, y obras de “mejora del espacio público”, que tanto han contribuido a revalorizar la propiedad inmobiliaria de los vecinos. Por cierto, convertir Alde Zaharra en un espacio muy atractivo para las plusvalías del sector hotelero podría acabar expulsando a parte de su vecindario tradicional.

¿Cuánto vale el pro común en lo Viejo? Según la ordenanza de terrazas, el precio del m2 es de 65€/año y 63€ en Sanfermines. Es decir, una terraza de 5m2 cuesta 325€/año, incluidos Sanfermines. Dos barriles en una calle de actividad hostelera fuerte -Estafeta por ejemplo- pueden generar 25.000€/año. ¿Es razonable un gravamen del 1% sobre una actividad tan lucrativa como esta? Si lo comparamos con zonas aledañas pero de menor actividad, ¿es justo que el precio del barril sea prácticamente el mismo en Estafeta y en Jarauta, donde el rendimiento es menor? En Donostia, el m2 de terraza en la zona del centro se paga a cerca de 480€/año.

Hay realidades aún más sangrantes: un metro lineal en el mercado de Landaben cuesta 171€/año. Un agravio fuerte porque sólo se abre un día a la semana, no hay vecindario y la media de beneficio anual de los puestos es menor que la de los bares de, por ejemplo, Estafeta. ¿Hay injusticias más flagrantes? Sólo hace falta descender en la clase social y ver qué pasa con la venta ambulante: un mantero paga 60€ en Sanfermines por el uso del espacio público, y 188€ de fianza. La mitad de la tasa anual que paga Bankia por su cajero de Sarasate o la misma tasa que paga un bar de Estafeta por usar el mismo espacio durante todo un año.

En definitiva, el espacio físico del barrio se degrada colonizado por el afán de lucro privado... a precio de saldo. Por eso, una parte importante de la nueva hostelería en la zona obedece a dinámicas de inversión que, en un contexto de enfriamiento del sector inmobiliario y de la burbuja financiera, especulan sobre el territorio con otros resortes económicos.

Quizás el Gobierno del Cambio no esté aquí para poner límites a la libertad de movimientos del Capital, o al inalienable derecho a la propiedad privada. Quizás. Pero para lo que desde luego no debería estar es para impulsar o mantener paraísos fiscales de suelo público en Alde Zaharra.

El vecindario sabe distinguir perfectamente entre quienes hacen barrio y quienes simplemente hacen negocio... entre quienes mantienen a duras penas su bar abierto y quienes se lo están llevando crudo.

Dejemos de ensalzar a inversores sin escrúpulos y hagamos algo realmente útil: cobremos más impuestos a quien obtiene más beneficios. Aún estamos a tiempo de poner en marcha medidas para redistribuir la riqueza que produce la ciudad.

El autor es concejal de Aranzadi en Pamplona