Los cambios en euskera en un tramo educativo no obligatorio no necesitan ‘autorización’ Gobierno

Dos informes jurídicos avalan la autonomía municipal en el recurso ante el fallo judicial

Martes, 28 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:06h

pamplona- El plazo para presentar el recurso finaliza el 16 de marzo y la comisión de Asuntos Ciudadanos conoció ayer los dos informes de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Pamplona en defensa de los cambios lingüísticos en las escuelas infantiles. El Consistorio recurrirá la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo al considerar que el Consistorio no estaba obligado a solicitar la autorización del Gobierno de Navarra para los cambios realizados, tampoco en lo relativo a la lengua. Esta posición se enfrenta con lo recogido en la sentencia en el sentido de que el ciclo 0-3 es competencia exclusiva del Gobierno.

El Decreto 28/2007 no prevé la nulidad de las decisiones municipales, sino la modificación de los términos del convenio firmado por el Gobierno de Navarra y la entidad local a la que financia el servicio, reiteran. Se recogen los argumentos avanzados la semana pasada en el sentido de que la sentencia no se ajusta a derecho ya que para los cambios realizados por el Consistorio no es exigible la autorización del Gobierno de Navarra, puesto que la prestación voluntaria de ese tramo de enseñanza no obligatoria se enmarca en el principio de autonomía municipal, salvo para algunos requisitos estructurales, contenidos de las enseñanzas, instalaciones o ratios. “Si el Ayuntamiento de Pamplona no cumpliera con alguna de [estas) condiciones estructurales (...) el servicio no tendría la consideración de primer ciclo, no se podría denominar escuela infantil, pero sí podría tener la denominación de ludoteca y el Ayuntamiento podría prestarlo”.

Por otra parte, recuerda que “esta no es la primera vez que el Ayuntamiento de Pamplona ha hecho cambios de todo tipo, lingüísticos también y no consta (...) que el Ayuntamiento de Pamplona haya solicitado esta autorización” en esos cambios, ni que el Gobierno foral haya exigido la autorización y si esta era preceptiva, el Gobierno de Navarra tendría que haber denegado las subvenciones”.

“La misma premisa errónea de la sentencia (competencia exclusiva) ha llevado a la sentencia a la errada conclusión de considerar que los cambios introducidos por el Ayuntamiento de Pamplona requerían la autorización del Gobierno de Navarra por la Ley Foral del Vascuence”, abunda.

segundo informeEn un segundo informe de un letrado municipal también se aborda la titularidad de la competencia para planificar la enseñanza del vascuence en las EEII. La prestación de ese tramo de enseñanza no obligatoria, alegan, es voluntaria y afecta a un “ámbito educativo específico y diferenciado de las etapas de enseñanza que se inician con el segundo ciclo de Educación Infantil (...) [y) no todas las cuestiones referidas a la enseñanza con carácter general, en este caso las de carácter lingüístico, hayan de tener el mismo alcance y trascendencia que en los demás niveles educativos (...) pues son diferentes las normas de acceso y los aspectos organizativos y pedagógicos”.

Sobre la vulneración del derecho a continuar en el modelo lingüístico elegido y el derecho a la libre elección de centro docente, el informe establece que la sentencia no valora el decreto Foral 159/1988 que no tiene dentro de su ámbito de aplicación el ciclo educativo 0-3, al no ser obligatoria. “Si no se recurre habría que ejecutar la sentencia (...) y implicaría una indemnización de daños y perjuicios de las personas recurrentes que estas acreditaran”. Si se recurre, no habría que ejecutar la sentencia hasta que resuelva el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), a no ser que el juez imponga la suspensión como medida cautelar a instancia de parte, algo que el informe considera “bastante improbable”. Si instan a la ejecución provisional de la sentencia como medida cautelar habría que volver a ponderar los intereses en juego “con fundamento análogo al previsto para las medidas cautelares (...) que ya fue realizado con detalle en la correspondiente pieza y que determinó el alzamiento de la suspensión”. La oferta de plazas 2016-2017 ya esta en marcha y “podría alegarse razonadamente causa de imposibilidad material de ejecutarla, al menos para los niños y niñas representado por los recurrentes”, salvo en lo relativo a indemnizaciones. Así, “carecería de sentido promover la ejecución provisional de una sentencia que, de ser firme, seguramente no iba a poder ejecutarse de manera plena por causa de imposibilidad material”.- D.N.